Examinamos el decreto colombiano que legaliza el mercado del cannabis medicinal, las cosas que el decreto dice y las que no, que pasa con las mafias y el narcotráfico desde ahora en adelante.

EXAMINAMOS EL DECRETO COLOMBIANO QUE LEGALIZA EL MERCADO DEL CANNABIS MEDICINAL.

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El pasado diez de Abril el gobierno colombiano publicó el Decreto 613, texto que desarrolla el acto legislativo 02 del 2009 y da respuesta al proyecto de ley presentado en el 2014 por el senador liberal Juan Manuel Galán, aprobado a finales del 2016 y que convirtió a Colombia en el cuarto país de la región en tener una ley de cannabis medicinal. Pero a diferencia de Chile o Argentina en Colombia no fueron las asociaciones de enfermos o la presión popular la que movilizó el cambio, en Colombia todo es mucho más complejo.

El Decreto 613 ha sido redactado por el ministro de salud Alejandro Gaviria, un reconocido economista, es un texto minucioso y detallado, un proyecto totalmente paralelo a la ley del senador liberal que era una propuesta escueta y lacónica. Si Galán planteaba una posibilidad, Gaviria ha publicado una reglamentación con todos los niveles de regulación económica necesarios para empezar a funcionar ya. El objeto según el Decreto es “crear un marco regulador que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados” pero en realidad el decreto se dedica a regular la actividad económica del cannabis medicinal y con fines científicos. Aunque tenían dos años para publicar un marco regulador el gobierno se ha dado mucha prisa y ha sacado este decreto presidencial que irónicamente no menciona para nada a los pacientes o sus patologías, no habla de salud pública pero sí de licencias y regulación de cultivos.

Las prisas vienen porque que Colombia se prepara para la paz, es decir se prepara para generar toda una nueva estructura económica y social, así que hay muchos intereses en juego y la marihuana legal permite matar dos pájaros de un tiro, por un lado es una forma de reconvertir los territorios del postconflicto, sustituyendo miles de hectáreas de cultivos ilícitos por licencias para productos cannábicos legales, generando así empleo para excombatientes y campesinos y de paso quitando poder y mercado a las mafias narcotraficantes, buena jugada para Juan Manuel Santos que lleva años predicando que cree en la regularización. Además todo esto se traducirá en una importante inyección económica para las farmacéuticas, tanto nacionales como extranjeras, que empezaron a frotarse las manos cuando se aprobó la ley mientras se preparaban para las licencias.

¿QUÉ DICE EL DECRETO?

Lo primero que hay que aplaudir es la definición de autocultivo: “Pluralidad de plantas de cannabis en número no superior a veinte unidades, de las que pueden extraerse estupefacientes, exclusivamente para uso personal.” y para el cual no hace falta licencia pero sí una prescripción médica. También define dos tipos de derivados de cannabis los psicoactivos (con 1% de THC en peso seco) y los no psicoactivos (con menos de 1 % de THC en peso seco).

Luego establece que el principal organismo de control para el cannabis medicinal será el Ministerio de Salud, dejando claro que quieren que esto sea un tema de salud pública, algo muy positivo por lo menos para luchar contra el estigma social que reina en la opinión pública colombiana. Ahora bien, el Ministerio de Justicia será el encargado de otorgar las licencias de uso de semillas para siembra y cultivo de cannabis psicoactivo, las cuales son un rosario de requisitos desde planes de emergencia, a tener disposición de un área de tratamiento, tecnología de control muy avanzada, matrículas inmobiliarias, especificar la cantidad esperada de producción de cannabis entre otras, tantas que parece indicar que los pequeños cultivadores no serán los que realmente se beneficien del proyecto por más que el decreto luego intente arreglarlo.

Uno de los últimos apartados se titula precisamente Pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal. Dice que que tienen que presentar una declaración de buena fe bajo la gravedad del juramento, el Ministerio de Justicia diseñará protocolos de seguridad alternativos para estos cultivadores, diferentes organismos públicos prestarán asesoría técnica para ayudarles a conseguir las licencias, premiará a las asociaciones de pequeños y medianos cultivadores con dos años más de licencia y obliga a que todo gran productor de cannabis o derivados tenga que transformar un 10% de su cupo asignado anualmente a favor de un pequeño o mediano cultivador, además sus cupos serán asignados de manera prioritaria. Todo eso suena genial, pero luego añade que en el caso de sustitución de cultivos ilícitos no podrán legalizarse plantaciones preexistentes a la solicitud de una licencia, es decir que los campesinos tienen que exterminar sus plantas, solicitar la licencia y luego volver a cultivarlas, mientras las grandes farmacéuticas anunciaron en marzo que estaban listas para pedir sus licencias.

El decreto establece licencias para semillas, cultivo de cannabis psicoactivo, cultivo de cannabis no psicoactivo y fabricación de derivados, cada una con diferentes modalidades (uso nacional, investigación científica, exportaciones etc) además se simplifica el proceso de solicitud de las licencias las cuales serán vigentes durante cinco años. Se establecen protocolos para las inspecciones técnicas, el transporte, el almacenamiento y para deshacerse de residuos. Prohíbe hacer publicidad o promoción de sus productos excepto en contextos médicos y añade la obligación de informar a las autoridades acerca de operaciones inusuales o sospechosas. Otra parte clave es la asignación de cupos labor otorgada a una comisión presidida por un representante del Ministerio de de Salud, acompañado de un representante del Ministerio de Justicia, un miembro del Instituto Agropecuario, otro del de Vigilancia de Medicamentos y como secretario uno del Fondo Nacional de Estupefacientes, más todos los invitados que consideren necesarios. Este órgano decidirán cómo, cuándo y quíen entra en el mercado del cannabis.

El decreto también obliga al Ministerio de Justicia y de Salud a crear el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis, organismo ante el cual tendrán que registrarse todos los movimientos y transacciones que realicen todos los productores de cannabis medicinal y científico sea o no psicoactivo. Establece tasas, métodos de pago, visitas de seguimiento y procesos de incautación tras inclumplir las normas y todo lo necesario para empezar a funcionar ya con su último artículo Disposiciones transitorias.


LO QUE NO DICE.

El gran ausente es el enfoque terapéutico, nunca aborda la necesidad de muchos drogodependientes que no cuentan con prescripción médica pero sí de otro tipo de profesionales y que necesitan del autoconsumo para paliar o mitigar problemas asociados al abuso y dependencia de otras sustancias. Esa es la crítica más repetida, la falta de visión terapéutica integral que no menciona nada sobre educar al personal sanitario ni a la ciudadanía.

El decreto también parece que tampoco quiere hablar de la realidad, pues no dice nada del incipiente mercado de pequeños empresarios dedicados a productos medicinales derivados del cannabis que desde hace años funcionan en la alegalidad. Son proyectos caseros, artesanales que llevan cultivando cepas seleccionadas de marihuana con fines terapéuticos casi sin control alguno pero con el nuevo sistema de licencias y patentes tendrán que competir con las grandes farmaceúticas y todos sabemos como acaban estas cosas. Lo irónico es que estos son los productos que realmente llegan a miles de colombianos y les ayudan con toda clase de dolencias desde artritis, osteoporosis, cáncer, afecciones musculares o postoperatorios.

Tampoco menciona cómo van a coexistir estos cultivadores con las mafias, las redes ya establecidas de narcotráfico manejan grandes cantidades de cannabis y no van a desaparecer y están tan interesados en los terrenos del postconflicto como el gobierno y las farmacéuticas, el asunto es muy complejo y parece que hay demaciadas cosas que se le escapan al Decreto. Al ser Colombia un país estigmatizado por la narcocultura parece que nadie se atreve aún a hablar de consumo recreativo, asociaciones cannábicas o reforma del Estatuto Nacional de Estuperfacientes. Ni siquiera el presidente Santos que lleva años predicando que el prohibicionismo no funciona, que ha admitido que la regularización es el mejor camino para combatir el narcotráfico y se ha pasado sus dos turnos de gobierno diciendo que revisará la legislación antidrogas.

Dicho esto, las cosas como son el Decreto 613 es mejor que nada, con él millones de personas tendrán acceso a cannabis medicinal de calidad, algunos pequeños cultivadores prosperarán, se crearán empleos, los pacientes que consigan una receta médica podrán autocultivar sin licencias y algo de mercado perderán las mafias. Es obvio que el postconflicto es el mejor momento para un decreto como este, las guerrillas se financiaban con cultivos ilícitos y sus filas se llenaban de campesinos sin tierras ahora todo esto va a cambiar, esa gente necesita otro horizonte uno que encaje con el sistema, uno que sea parte del Estado y que mejor que un mercado totalmente nuevo basado en la agricultura que ya conocen pero burocratizados, hipercontrolados y en libre competencia con las feroces farmacéuticas. Punto para el capitalismo, seductor y caprichoso.

Además tiene el valor añadido de ser un zasca en toda la boca al expresidente Álvaro Uribe y su cruzada ultraconservadora. Ya que fue su persecución contra la dosis mínima la que abrió la puerta para esta reforma, tras un referéndum que fracaso en las urnas y siete intentos fallidos en el 2009 los uribistas finalmente cambiaron el artículo 49 de la Constitución, prohibiendo la dosis mínima pero añadieron la excepción de la prescripción médica y gracias a ese vacío legal, sin querer, abrieron el camino para que sus opositores legislarán lo que ellos no quisieron. Punto para la justicia poética, impredecible e irónica.

Gracias a Felipe Mendoza, abogado de la Universidad de los Andes y David Filomena asesor en política de drogas, por su colaboración con este artículo.

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