Francisco Azor\u00edn, Brotsanbert<\/p>\n\n\n\n
El viernes 12 de octubre de 2018 se public\u00f3 en el BOE la Sentencia 100\/2018 de 19 de septiembre que anulaba la Ley del Parlamento Catal\u00e1n 13\/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. Esta sentencia del Tribunal Constitucional entiende que la Ley regula materias que son competencia exclusiva del Estado espa\u00f1ol como la legislaci\u00f3n penal o la relativa a medicamentos, y que por lo tanto no puede ser regulada en el \u00e1mbito auton\u00f3mico<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Desde el Parlamento Catal\u00e1n se presentaron alegaciones tendentes a justificar que el objeto de la ley es, seg\u00fan su art\u00edculo 1, \u00abestablecer el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las asociaciones de consumidores de cannabis y de sus clubes, la regulaci\u00f3n de todas las actividades que llevan a cabo, los derechos y deberes de los asociados, as\u00ed como los mecanismos de control y de inspecci\u00f3n de su actividad desde el punto de vista de la salud p\u00fablica, con el fin de prevenir los riesgos inherentes al consumo de cannabis y reducir los da\u00f1os\u00bb<\/em>.<\/em> Y que, por tanto, al tener el Estado una competencia de car\u00e1cter exclusivamente b\u00e1sico sobre sanidad (art. 149.1.16 CE) y en el car\u00e1cter compartido (art\u00edculo 111 EAC y STC 31\/2010, FJ 60) de la competencia de Catalu\u00f1a sobre esta misma materia (art. 162.3 EAC), se deber\u00eda refrendar la Ley por el Tribunal Constitucional. As\u00ed mismo tambi\u00e9n se esgrime la competencia auton\u00f3mica en consumo y protecci\u00f3n de los consumidores y usuarios (art. 123 EAC).<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el Tribunal Constitucional responde argumentando que los actos de la Comunidad Aut\u00f3noma solo resultar\u00e1n amparados en el citado t\u00edtulo \u00abcuando, por su contenido, no invadan atribuciones estatales que se proyecten sobre \u00e1mbitos materiales distintos\u00bb<\/em>, <\/em>como la legislaci\u00f3n penal competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.6 CE, \u00abpues si lo hicieran estar\u00edan desbordando el t\u00edtulo competencial auton\u00f3mmico y adentr\u00e1ndose en una materia competencial distinta\u00bb <\/em>[STC 29\/2018, FJ 2 a)].<\/em><\/p>\n\n\n\n Desde el Estudio Jur\u00eddico Brotsanbert queremos manifestar nuestra absoluta disconformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional. Aunque entendemos que la legislaci\u00f3n penal es una competencia exclusiva del Estado espa\u00f1ol, se podr\u00eda haber realizado una interpretaci\u00f3n distinta<\/strong> de los diferentes t\u00edtulos competenciales contemplados en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y en el Estatuto de Autonom\u00eda Catal\u00e1n, para con esto mantener una regulaci\u00f3n imprescindible y m\u00e1s que necesaria a la hora de regular una realidad social<\/strong> como las de las asociaciones de consumidores de cannabis de Catalu\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Ya son muchos los ayuntamientos<\/strong> que legislaron<\/strong>, en la medida de sus competencias, para dar seguridad jur\u00eddica al uso privado y social del cannabis. Esto ha venido para quedarse y tiene que ser abordado desde el Congreso de los Diputados de una manera urgente<\/strong>. Despu\u00e9s de que muchos ayuntamientos catalanes y de otras comunidades aut\u00f3nomas afrontaran el problema y legislaran para dar seguridad jur\u00eddica a estos colectivos, han sido tres las comunidades aut\u00f3nomas que han trabajado en la redacci\u00f3n de leyes que aborden este problema desde una perspectiva de sanidad y salud, competencia compartida<\/strong> con el Estado.<\/p>\n\n\n\n Tanto la Ley Foral Navarra 24\/2014 como el art\u00edculo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1\/2016, de 7 de abril, de atenci\u00f3n integral de las adicciones y drogodependencias, regulaban o defin\u00edan estas asociaciones como un instrumento para proteger la salud y reducir los riesgos y da\u00f1os asociados al consumo. Estas leyes tambi\u00e9n se recurrieron por el Gobierno, y los recursos ya han sido resueltos en las sentencias del Tribunal Constitucional 144\/2017, de 14 de diciembre, y 29\/2018, de 8 de marzo, respectivamente. En estos dos casos tenemos la sentencia contra la Ley <\/strong>n<\/strong>avarra<\/strong>, que anula<\/strong> la misma por entender que invade competencias estatales, y la sentencia contra la Ley vasca<\/strong>, que la declara constitucional por entender que, aunque se habla de las asociaciones de consumidores de cannabis como instrumentos de reducci\u00f3n de riesgos, el art\u00edculo no desarrolla el funcionamiento <\/strong>de las mismas y, por lo tanto, no puede ser declarado inconstitucional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n No estamos de acuerdo en esta interpretaci\u00f3n restrictiva que no hace otra cosa que mirar para otro lado<\/strong> y poner trabas a una regulaci\u00f3n que se est\u00e1 dando y que se va a dar en gran parte del mundo. Despu\u00e9s de estudiar las regulaciones de los diferentes estados de E.E.U.U que han regulado el cannabis, y de incluso haber conocido la regulaci\u00f3n sobre el terreno en el Estado de Nevada, de haber estudiado la Ley canadiense y la uruguaya, nos damos cuenta de que Espa\u00f1a tiene una responsabilidad social relativa a la prevenci\u00f3n de los consumos problem\u00e1ticos y la reducci\u00f3n de riesgos y da\u00f1os asociados al consumo de cannabis importante, y nunca va a ser desarrollada de una manera tan rigurosa como debiera por los diferentes estados que han regulado el cannabis. As\u00ed, los mecanismos de reducci\u00f3n de riesgos adoptados por la Ley Catalana deber\u00edan ser referencia<\/strong> directa a las distintas regulaciones que se est\u00e1n implementando en el extranjero y, por supuesto, a la que debe ser de manera urgente adoptada por nuestro Estado.<\/p>\n\n\n\n Por lo tanto, entendemos que la ley no deber\u00eda de haber sido declarada inconstitucional, por lo menos en cuanto al reconocimiento de esos mecanismos de protecci\u00f3n de la salud que la misma implementa. Es decir, que aunque por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se entienda que el cultivo y dispensaci\u00f3n de cannabis para los miembros de una asociaci\u00f3n de consumidores es un hecho delictivo, hasta que no se modifique el C\u00f3digo Penal, lo anterior no es \u00f3bice para que Catalu\u00f1a, en base a sus competencias, regule desde una perspectiva del derecho a la salud las pr\u00e1cticas que se realizan por las m\u00e1s de 800 asociaciones de consumidores de cannabis que existen en dicha comunidad aut\u00f3noma. As\u00ed como los ayuntamientos pueden establecer regulaciones basadas en la competencia de urbanismo, del mismo modo las regulaciones sobre asociaciones de consumidores de cannabis no deber\u00edan<\/strong> ser anuladas<\/strong> por el hecho de que el Estado las considera delictivas.<\/p>\n\n\n\n Ya es hora de que se reconozca a Catalu\u00f1a y a otras comunidades aut\u00f3nomas del Estado espa\u00f1ol como pioneras en la implementaci\u00f3n de programas de reducci\u00f3n de riesgos<\/strong> que han supuesto una mejora en la salud<\/strong> de los usuarios (problem\u00e1ticos o no) de drogas. As\u00ed, podemos hacer referencia a los programas de intercambio de jeringuillas o dispensaci\u00f3n de metadona que tuvieron gran importancia en la \u00e9poca de los 90, o incluso a algunas salas de consumo controlado de hero\u00edna que tambi\u00e9n fueron implementadas, no sin el recelo y obstaculizaci\u00f3n del Estado espa\u00f1ol. Menci\u00f3n tambi\u00e9n a los programas de an\u00e1lisis de sustancias en espacios de ocio, como el proyecto Energy Control, establecido en Catalu\u00f1a, Madrid, Andaluc\u00eda y Baleares; u otras asociaciones del estilo como Ai Laket o Consumo Conciencia.<\/p>\n\n\n\n Es el momento de que Espa\u00f1a salga del closet psicoactivo e implemente una regulaci\u00f3n basada en el respeto a los derechos civiles, la seguridad, la salud<\/strong> y, en \u00faltimo t\u00e9rmino, la generaci\u00f3n de empleo y puestos de trabajo, as\u00ed como el correlativo ingreso de los preceptivos impuestos.<\/p>\n\n\n\n Entendemos que las regulaciones de Uruguay, Canad\u00e1 y los distintos estados de E.E.U.U han venido precedidas por otros tipos de problemas, m\u00e1s relacionados con la severidad de las penas por posesi\u00f3n de cannabis y por la seguridad; y que M\u00e9xico, el pr\u00f3ximo estado que parece que va a regular el cannabis, tiene que concentrar sus esfuerzos en solucionar el problema de seguridad y violencia generado por la fracasada guerra contra las drogas. Sin embargo, en nuestro pa\u00eds, al no estar contemplada la pena de prisi\u00f3n para el consumo privado de drogas y no tener grandes problemas de inseguridad generados por el narcotr\u00e1fico, vivimos en una hipocres\u00eda que trata de dar largas<\/strong> a una cuesti\u00f3n que deber\u00eda estar ya discuti\u00e9ndose en el Congreso de los diputados.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nCR\u00cdTICA A LA SENTENCIA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
CONCLUSI\u00d3N<\/strong><\/h3>\n\n\n\n