Por Javier Gonz\u00e1lez Granado<\/p>\n\n\n\n
Llamamos Moral<\/strong> a un conjunto de principios y valores morales que comparten los miembros de un determinado grupo social desde el punto de vista de su obrar, individual y colectivo, en relaci\u00f3n con el bien y el mal.<\/p>\n\n\n\n El Derecho<\/strong> es un sistema de organizaci\u00f3n de la sociedad que vincula coactivamente ciertas consecuencias a la realizaci\u00f3n de ciertos actos.<\/p>\n\n\n\n Ambos (Derecho y Moral) son sistemas normativos, pero mientras la Moral<\/strong> nos conduce a conceptos tales como virtud, perfecci\u00f3n y bondad, sin otra garant\u00eda de cumplimiento que la propia conciencia, el Derecho<\/strong> se relaciona con ideas como libertad, justicia, seguridad jur\u00eddica, protecci\u00f3n institucional, resoluci\u00f3n y prevenci\u00f3n de conflictos y reclama la presencia de un tercero (el Estado) que imponga consecuencias coactivas en caso de incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n La separaci\u00f3n entre Derecho<\/strong> y Moral<\/strong> implica que no es funci\u00f3n del Derecho imponer que los ciudadanos sean virtuosos, prudentes o bondadosos sino preservar al individuo (o su patrimonio) de ataques de los otros y proteger la convivencia social. Sin embargo la prohibici\u00f3n de las drogas (que habr\u00eda sido una aberraci\u00f3n jur\u00eddica en otras \u00e9pocas hist\u00f3ricas) presenta todos los elementos caracterizadores, no de la norma jur\u00eddica, sino del tab\u00fa moral: el principio vulnerado no es el \u201cno hacer da\u00f1o a otro<\/em>\u201d sino la desobediencia a lo ordenado por un superior; no se exige la realizaci\u00f3n de un resultado concreto sino que basta con realizar la conducta vetada; se admite como v\u00eda de inculpaci\u00f3n adem\u00e1s de la denuncia la provocaci\u00f3n por un tercero de la conducta prohibida\u2026 Estos y otros elementos los encontramos en todos los Ordenamientos que proh\u00edben o han prohibido en diversas \u00e9pocas y\/o lugares conductas tales como la homosexualidad, el ate\u00edsmo, el adulterio, la brujer\u00eda o la disidencia pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n Claro que, en materia de drogas, no es necesario un an\u00e1lisis en profundidad de nuestro sistema normativo para llegar a la conclusi\u00f3n de que nos encontramos ante una cruzada moral pues esta aparece expresamente anunciada y, as\u00ed, la Convenci\u00f3n \u00danica sobre estupefacientes de Viena<\/strong> de 1961, directamente proclama en la primera l\u00ednea de su Pre\u00e1mbulo (y lo reitera en su revisi\u00f3n de 1972) que es la salud \u2013f\u00edsica y- moral de la humanidad el fundamento de la norma. Esta norma forma parte del Derecho Espa\u00f1ol pese a su dif\u00edcil encaje con principios de rango constitucional como la aconfesionalidad del Estado y la libertad de conciencia (art\u00edculo 16), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art\u00edculo 10.1) la intimidad personal (art\u00edculo 18) la propiedad privada (art\u00edculo 33) y la funci\u00f3n encomendada, en el art\u00edculo 9 a los poderes de \u201dpromover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectiva (y) remover los obst\u00e1culos que impidan o dificulten su plenitud\u201d; nada de ello parece compatible con la persecuci\u00f3n jur\u00eddica de ciudadanos libres y plenamente capaces por el solo hecho de que las sustancias que han decidido consumir, o simplemente portar, no se ajustan al credo moral de un sector de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n El sistema prohibicionista act\u00faa al modo de Pilatos<\/strong>, abofeteando con la ley a su destinatario y el Estado se limita a pontificar, entendiendo el t\u00e9rmino en sentido literal y etimol\u00f3gico, de modo que despu\u00e9s de elevar a norma dogm\u00e1tica un principio moral, se erige en puente entre la norma y el ciudadano: no te acuestes con aquel, no consumas aquello, o ser\u00e1s sancionado. Ocurre que este respeto sacramental al principio de legalidad tiene un coste jur\u00eddico muy elevado que se traduce en menoscabos en el \u00e1mbito patrimonial (con multas econ\u00f3micas) y personal del usuario (derecho a la vida e integridad corporal, libertad personal, intimidad y propia imagen) y la mera tenencia de cantidades destinadas al consumo se salda, seg\u00fan los pa\u00edses, en multas, c\u00e1rcel \u2013incluso perpetua- latigazos y\/o muerte (as\u00ed ocurre, respectivamente en Espa\u00f1a, USA, Ir\u00e1n y\/o China).<\/p>\n\n\n\n Multas, cacheos y desnudos coactivos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el Derecho espa\u00f1ol adem\u00e1s del elevado y desproporcionado importe de las multas el coste jur\u00eddico de la prohibici\u00f3n, se traduce en un menoscabo a la libertad, intimidad y dignidad personal, derivado de la admisibilidad (tradicionalmente reconocida por el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) de retenciones y cacheos para detectar la tenencia de drogas destinadas al consumo personal.<\/p>\n\n\n\n Esta posibilidad est\u00e1 ahora regulada en el art\u00edculo 20<\/strong> de la Ley de Seguridad Ciudadana<\/strong> que (agravando a\u00fan m\u00e1s el coste que, en forma de debilitaci\u00f3n de principios b\u00e1sicos, sufre nuestro Ordenamiento Jur\u00eddico) permite expresamente el desnudo del ciudadano; est\u00e1 por ver si est\u00e1 norma soportar\u00e1 el recurso de inconstitucionalidad pendiente de resoluci\u00f3n en estos momentos, m\u00e1xime cuando su inclusi\u00f3n en la Ley se hizo contra la expresa advertencia del informe previo del Consejo General del Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n Lo dicho respecto de la demanda es igualmente sostenible respecto de la oferta del producto, \u00e1mbito en el que el tratamiento jur\u00eddico del tr\u00e1fico de drogas ha acabado por subvertir principios esenciales hasta convertirse en modelo del llamado Derecho Penal del Enemigo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Falta en el traficante la excusa que permite, en la mente compasiva de algunos prohibicionistas, considerar al mero usuario como un vicioso o un enfermo, una v\u00edctima a la postre, por ello, cuando hablamos de represi\u00f3n del tr\u00e1fico de drogas es m\u00e1s dif\u00edcil encontrar juristas compasivos; al contrario, si de lo que se trata es de justificar la persecuci\u00f3n al traficante es f\u00e1cil encontrar defensores de un Derecho Penal desprovisto o mermado de garant\u00edas por considerar que estamos ante una situaci\u00f3n de guerra; y as\u00ed, ante ciertos enemigos determinados por el legislador, no opera el Derecho Penal del Ciudadano<\/strong> sino que se impone el Derecho Penal del Enemigo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Suele ocurrir que las perversiones jur\u00eddicas vienen precedidas por perversiones en el lenguaje y as\u00ed, cuando G\u00fcnter Jakob<\/strong> fundament\u00f3 a finales del siglo pasado su defensa del Derecho Penal del Enemigo lo hizo tras excluir del concepto de ciudadano a todos aquellos \u201cindividuos que con su actitud, su vida econ\u00f3mica o mediante su incorporaci\u00f3n a una organizaci\u00f3n delictiva, de manera permanente, se han apartado del Derecho en General y del Penal en particular; por lo que no garantizan la m\u00ednima seguridad cognitiva de un comportamiento conforme a derecho<\/strong><\/em>\u201d. El lenguaje allana el camino y una vez definido un sujeto desprovisto de los atributos de la persona es f\u00e1cil legitimar la aplicaci\u00f3n de normas penales desprovistas de garant\u00edas pues, ya no se trata de castigar a ciudadanos sino de eliminar a los enemigos.<\/p>\n\n\n\n Deformando principios b\u00e1sicos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esta es la raz\u00f3n por la que se han asentado en nuestro Derecho normas sobre drogas que nadie justificar\u00eda para la represi\u00f3n de delitos (incluso) m\u00e1s graves como, por ejemplo, el asesinato y esa es la raz\u00f3n por la que nuestras leyes (art\u00edculos 368 y siguientes del C\u00f3digo Penal) establecen cosas tales como una anticipaci\u00f3n de la intervenci\u00f3n penal, tratando por igual la mera tentativa y el delito consumado, e igualando, ahora por la equiparaci\u00f3n de autor y part\u00edcipe, tambi\u00e9n conductas tan dispares como el cultivo, la fabricaci\u00f3n, el almacenamiento, el transporte, la compraventa (o la simple oferta para hacerlo), la donaci\u00f3n (o la simple invitaci\u00f3n), la intermediaci\u00f3n o la presentaci\u00f3n de un traficante a un tercero.<\/p>\n\n\n\n El panorama desolador de los principios vulnerados se completa con el car\u00e1cter desproporcionado de las penas y la admisi\u00f3n generalizada, en la investigaci\u00f3n policial, del agente provocador, las entregas vigiladas de drogas y el pago con \u00e9stas a confidentes.<\/p>\n\n\n\n Los costes jur\u00eddicos<\/strong> expuestos se unen a otros de \u00edndole institucional (consecuencia de la inevitable narco-corrupci\u00f3n; para una visi\u00f3n en conjunto de su incidencia en Espa\u00f1a puede consultarse la recopilaci\u00f3n de Juan Carlos Us\u00f3<\/a>, sanitaria<\/strong> (adulteraci\u00f3n, dosificaci\u00f3n imprecisa, proliferaci\u00f3n de sustancias novedosas que buscan esquivar la prohibici\u00f3n en sustituci\u00f3n de otras ilegales pero de efectos probados por uso hist\u00f3rico) social<\/strong> (estigmatizaci\u00f3n del consumidor, saturaci\u00f3n del sistema judicial y penitenciario) y econ\u00f3mica<\/strong> (el coste global de la guerra contra las drogas se estima a nivel mundial en cien mil millones de d\u00f3lares; por el contrario el coste global estimado para cubrir la necesidad de gastos en reducci\u00f3n de riesgos de los usuarios se reduce a un cinco por ciento de esa cifra seg\u00fan datos de la Fundaci\u00f3n Transform Drug Policy).<\/p>\n\n\n\n El resultado de la guerra contra las drogas es f\u00e1cil de analizar: en lo general, no ha conseguido frenar el incremento de la oferta en cantidad y variedad de drogas ni tampoco ha reducido el consumo; en lo concreto: han fracasado todos los objetivos propuestos por los Tratados y Organismos Internacionales sobre erradicaci\u00f3n de consumo y\/o de cultivos; a ello se a\u00f1aden consecuencias negativas reconocidas tambi\u00e9n, expresamente, por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, siglas en ingl\u00e9s) que derivan no \u201cdel propio consumo de la droga sino de la elecci\u00f3n de un enfoque punitivo basado en la aplicaci\u00f3n de la ley que, por su naturaleza, coloca el control del tr\u00e1fico de drogas en manos del crimen organizado, al mismo tiempo que criminaliza a muchos consumidores\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nDrogas \u00bfcuesti\u00f3n jur\u00eddica o cruzada moral?<\/h4>\n\n\n\n
Sancionando al usuario de drogas: El Estado pont\u00edfice<\/h4>\n\n\n\n
Un ejemplo lo encontramos en esta entrevista<\/a> al que fue durante m\u00e1s de veinte a\u00f1os Fiscal Antidroga de M\u00e1laga, Gabriel G\u00f3mez<\/strong>; preguntado por la liberalizaci\u00f3n de las drogas, responde \u201cAnte todo soy fiscal y me debo al principio de legalidad. Yo he acusado por delitos contra la religi\u00f3n cat\u00f3lica o por adulterio, cuando estaban vigentes en el C\u00f3digo Penal. Cuando han dejado de estarlo, no le he hecho<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\nSancionando al traficante de drogas: Derecho Penal del Enemigo<\/h4>\n\n\n\n
Costes, eficacia y responsabilidad pol\u00edtica<\/h4>\n\n\n\n