La isla caribeña se une a los estados americanos que regulan el cannabis medicinal...

Puerto Rico, uno más

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La isla caribeña se une a los estados americanos que regulan el cannabis medicinal...

La última semana del mes de enero entró en vigor el reglamento para el uso, posesión, cultivo, manufactura, distribución e investigación del cannabis medicinal en Puerto Rico. Una realidad que empezó a rodar el pasado mes de mayo cuando de forma inesperada el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, firmó una orden ejecutiva que permitía el uso de cannabis con fines terapéuticos, le siguió una nueva orden ejecutiva en septiembre del mismo año estableciendo no prioritario procesar criminalmente a personas por posesión de marihuana para uso personal. El 28 de diciembre la Cámara de Representantes aprobó el nuevo reglamento que se aprobaría recientemente. Una cascada de resoluciones que en menos de un año ha cambiado la política de drogas en la isla, invariable desde la promulgación el 19 de Abril de 1932 de la “Ley para castigar la siembra, importación, compra y venta de la marijuana, y para otros fines”, un marco de ley que imponía penas entre un mes y un año de cárcel a toda aquella persona que fuese sorprendida portando cannabis. 83 años después se fue de un plumazo toda una tradición punitiva de la marihuana en uno de los territorios más particulares del continente americano.

Puerto Rico

El oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos de América con estatus de autogobierno. Para que nos entendamos, es un territorio colonial que sigue en el limbo entre ser país independiente o pertenecer con todos sus derechos a la que fue desde finales del siglo XIX su metrópolis, Estados Unidos. Si bien tienen sus propias elecciones, su cámara de representantes y sus leyes, todas estas dependen en última instancia del gobierno federal estadounidense; si bien los ciudadanos puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y tienen un gobernador como el resto de estados norteamericanos, no tienen el derecho de votar en las elecciones federales, ni sus representantes tienen voto en la cámara federal del país. Resumiendo: Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de él. Un limbo que permite lo mejor y lo peor (sobre todo lo peor) de ser un territorio indeterminado en medio del mar Caribe.

La inesperada regulación

Uno de los beneficios de ser casi un estado más de la Unión es que, de alguna manera, puede ampararse en las reformas que realicen el resto de estados. La decisión tomada en Puerto Rico se enmarca dentro de las últimas reformas realizadas en diferentes estados en los últimos años, utilizando eso sí, el argumentario conservador. Hace seis años la Cannabis Act en California quedó a las puertas de legalizar la marihuana en el estado, algo que a día de hoy ya no es noticia en un país con cuatro estados donde la marihuana para uso recreativo es legal. Pero la modificación responde a uno de los argumentos con los que un republicano ejemplar, el gobernador y actor Arnold Schwarzenegger, defendía públicamente la consulta: la manera más rápida y directa para recaudar nuevos e importantes impuestos ante la crisis. En ese razonamiento se encuadra esta nueva regulación. Tras ocho años en recesión económica, con la llegada del actual gobernador en 2013, el gobierno de Puerto Rico hizo una lista de 370 ideas para intentar reducir la deuda de 70 mil millones de dólares, una cifra que casi ha alcanzado el producto interior bruto puertorriqueño: 100 mil millones. Entre las medidas para intentar evitar la bancarrota, junto a la regulación de la marihuana terapéutica, estaba la eliminación de instituciones gubernamentales, regularizar la prostitución, abaratamiento del despido, recorte de los servicios públicos y rebajar de veinte a seis los días festivos. Una serie de reformas que el gobernador Padilla aseguraba a inversores y agencias de crédito reducirían el déficit en 820 millones de dólares. Ricardo Llerandi Cruz, representante de la Cámara Baja de Puerto Rico afirmaba en una entrevista a Associated Press en 2014: “Puerto Rico está encarando la peor crisis fiscal en toda su historia. Necesitamos redefinir las prioridades del gobierno para enfrentar estos problemas.

Resistencias y progresos

En esa redefinición, Puerto Rico se suma a los 23 estados de la Unión Norteamericana que regula la marihuana con fines medicinales. Además de ser el segundo territorio caribeño, después de Jamaica, que despenaliza parcialmente las pequeñas cantidades de cannabis destinado a consumo personal. Jaime Perello, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, apoya esta nueva regulación y afirma: “Es un paso en la dirección correcta.” Pero la decisión no ha sido recibida de igual manera en la isla. Jennifer González, diputada de la oposición, afirma que la ley de control de sustancias entra en un “limbo judicial”, algo que comparte con el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, una institución que, al igual que pasara en Uruguay, ha sido de las primeras instituciones en oponerse a la medida, mostrando su preocupación sobre el impacto adverso que pudiera tener en la salud pública. Otra de las grandes resistencias a la reforma, y que diferencia a Puerto Rico del resto de estados americanos que han decidido regular en favor de la marihuana, es la amplia oposición popular a la medida. Según una encuesta realizada en 2013 por uno de los principales medios de comunicación de la isla, El Nuevo Día, sólo el 24 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo con la legalización de la marihuana, un porcentaje que subía al 35 por ciento ante la pregunta de regularizar únicamente los fines médicos del cannabis. Un obstáculo que ha sido salvado sin más problemas ante la voluntad política de regular el cannabis.

Cambio imparable

Más allá de las resistencias, el cambio en política de drogas a nivel continental en América es una tendencia imparable en los últimos años. Una amalgama de escenarios distintos en los que por distintas razones sus representantes políticos están escogiendo una política de drogas completamente diferente a la impuesta en las últimas décadas, una línea que aún no cuenta con un respaldo internacional pero que a partir del próximo abril, con la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, puede cambiar radicalmente el escenario. Puerto Rico se ha decidido a ese cambio con la opinión pública en contra y un contexto internacional que no lo respalda, ¿qué podrá suceder con un apoyo internacional a este tipo de regulaciones? En unos meses sabremos la respuesta.