Los tres primeros asociados cannábicos, que entrarían en prisión como cargos directivos, piden el indulto.

Piden el indulto tres de los primeros asociados que entrarían en prisión en España

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Arnau Alcaide


El activista catalán Albert Tió, de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya, ha pedido esta mañana a las 10.30h el indulto para él y otros dos miembros de la asociación cannábica AIRAM. La Audiencia Provincial de Barcelona les condenó en febrero de 2019 a 5 años de prisión como cargos de la asociación, tras ser esta intervenida por la policía. Pese a que ahora han presentado un recurso al Tribunal Constitucional, que corrigió otras sentencias en el pasado, la suspensión de las actividades en los tribunales de justicia impide que se admita y la Audiencia Provincial rechaza suspender la condena hasta que se resuelva el recurso.

La rueda de prensa se ha celebrado por videoconferencia con la participación de Tió y su equipo jurista especializado formado por Héctor Brotons, Andrés García Berrio y Sònia Olivella. En ella, se han planteado varios escenarios posibles: desde la consecución de un indulto, coherente con un Gobierno que ha votado a favor de iniciativas legislativas en casi todas las Comundiades Autónomas, pasando por que el Constitucional acepte el recurso dada la “relevancia social y económica”, recurso que no se podía celebrar por el paro de la actividad judicial, hasta incluso, si ninguno de estos dos escenarios se da, llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con un tema cuya relevancia social afecta también a Europa. Justicia aventuraba que se retomase la actividad el próximo jueves 4 de este mes de junio, el mismo día que Tió espera la notificación de entrada en prisión.

Tió

Tió tiene dos hijos y arrastra una delicada situación económica y emocional derivada del acoso judicial recibido. “En ningún momento nos escondimos, somos de las asociaciones que más han trabajado con la administración en un modelo creado aquí y exportado al resto del mundo que ahora nos hace recibir una condena mayor que las del mercado negro”.

“Apelamos al congreso, donde vemos que sí hay competencia para apoyar una regulación. Lo que se hizo fue procesar a los que estábamos transformando una realidad que beneficia al mercado ilegal, que no paga impuestos y no defiende seguridad y Salud Pública. El modelo es una realidad asentada socialmente y tolerada administrativamente. Nosotros llevamos 2 causas ganadas en los penales y una condena firme, esta”, explicaba el exdirectivo.

“Nos hemos endeudado en el proceso y dado la cara al coste de hipotecar nuestra vida, lo que cuestiona el argumento de que buscábamos ganar dinero”. Además, apela a que la situación normalizada y pseudoregulada del cannabis les hacía pensar que lo que hacían era legal, una situación que excluye o atenúa el delito bajo la figura del error de prohibición o error invencible, muy presente en los cultivos de cannabis, dado lo fácil de creer la planta legal dentro de nuestro espectro de libertades, como la de asociación.

Pedimos el indulto porque quizás nos adelantamos a nuestro tiempo y pensamos que las leyes podrían cambiar con la sociedad. Ahora tenemos otro trabajo y nos dedicamos a otra cosa. A todas las organizaciones relacionadas, les pido que trabajen por la regulación, porque el beneficio será para toda la sociedad”, concluía el activista.

“Mi situación personal es totalmente dramática. Mi expareja no tiene trabajo, tengo dos hijo. Multas que vamos pagando como podemos con penass que sustituimos con trabajo social. La situación emocional. Llevamos muchos años sufriendo, una pena que ya hemos cumplido con estos años de incertidumbre a la espera de entrar en prisión”, lamenta.

Su equipo jurista

Sònia Olivella ha recalcado que ante la “inminente” entrada en prisión, piden el “indulto” porque “es una herramienta que responde a un contexto político que no se puede resolver en los tribunales”. “Es la obligación del Estado asumir el debate político y plantear el perdón en este caso de represión. Los acusados han actuado dentro de la Ley Catalana de Asociaciones, promoviendo proyectos de desarrollo social y sostenible, en el tejido del barrio, y no puede ser que por los mismos motivos entren en prisión”, ha indicado contundente las especialista en derechos de consumo sobre la magnitud de la condena, pese a venir de una actividad que estuvo legalizada por un periodo de alrededor de un año.

En las últimas elecciones algunos partidos políticos llevaban la regulación del cannabis”, ha proseguido la abogada. “En un estado de derecho, la ley no puede ser estática. Tenemos suficiente que quien defiende los derechos del resto reciba el envite de la represión. El indulto está para casos como este y el gobierno español puede tener en cuenta estos elementos: que el indulto está precisamente para ello. Hoy empieza una campaña con el objetivo de que no entre en la cárcel, y no permitiremos que pase el tiempo sin que en la política y en la sociedad seamos conscientes”.

Andrés García Berrio ha señalado que la rueda de prensa es a nombre de los tres afectados y no al de la institución. Indica un vídeo y una recogida de firmas que se han lanzado para que no entre en prisión. “Podemos trató su propuesta de regulación integral con asociaciones que ahora, como Tió reciben causas criminalizadoras con condenas de prisión. A partir del día 4 podemos recibir la entrada en prisión. Paralelemente esperamos el indulto o el recurso del Constitucional, pero la situación es tensa. Aquí Albert ha decidido dar la cara y no se va a ir a la cárcel con el activismo quedándose de brazos cruzados. Esperemos que dentro de unos meses entremos en un debate que va a beneficiar una legalidad para todos”.

Para la campaña piden nuestro apoyo a través de change.org, de personas y entidades a la petición de indulto, que tiene la característica que pide una “regulación responsable del cannabis a través de la petición de una responsabilidad social y colectiva en este ámbito”, ha destacado Berrio.

Héctor Brotons, a su vez, ha pedido que no se plasme una injusticia de un proyecto de organización del consumo de cannabis. “Este modelo está recogido por la literatura científica y no puede considerarse como una actividad de tráfico de drogas”, refutaba.

Por medio de la sentencia de 2015 con Pannagh, que delimitó a un tamaño impracticable su actividad, se sentaron las bases para el procesamiento de estas asociaciones. En ese caso, el constitucional que solo admite el 1% de los recursos, admitió el de Pannagh en base a “la relevancia económica y social”. Una doctrina que ha tenido cabida en otros tribunales europeos, indicó Brotons. “Si no hay una alternativa, es más factible. Se han vulnerado los derechos a la intimidad, o tratado a personas consumidoras como criminales o adictas. El tribunal mexicano por ejemplo dicta el acceso al cannabis como parte del derecho a la personalidad, a la libertad y a la salud, que también se ve vulnerado sin asociaciones que comprueben la calidad. El derecho a la legalidad penal se ve vulnerado con efectos sobre la propia consideración de lo que es el cannabis, como por ejemplo aceptando como cannabis plantas macho, que luego suponen más peso y aumentan las penas”, señala Brotons.

El derecho a consumir cannabis es también perjudicado respecto al de consumidores de alcohol y tabaco. Entendemos además que el Constitucional debe ser sensible a esa consideración de perjuicios y a un error de prohibición muy factible cuando llegas a estar en la legalidad y trabajar para ella. Un contexto en el que muchas CCAA han regulado o hecho PNLs y que como mucho debería considerarse de condena menos dolosa, porque no cabe por este motivo el ingreso en prisión de un padre de familia. Un caso que trasciende a muchas personas porque son otras las asociaciones que se encuentran en esta misma situación”, concluía el jurista.

Espero que se admita el recurso porque hay posibilidades, sobre todo porque esas medidas suponen un remedio peor para las personas asociaciadas, que tendrían que acudir al mercado negro. Si no obtenemos una respuesta, tendremos que planteárselo al Tribunal de Derechos Humanos”, ha explicado Brotons acerca del curso legal a seguir en paralelo a la campaña de indulto.

¿Sensibilidad política? Podemos podría presentar pronto su regulación, según Brotons

“Podemos ha anunciado que estaría al presentar la propuesta de regulación. Además como ya hemos comentado con las propuestas autonómicas, para no contradecirse el Gobierno con lo votado en las demás administraciones, debería existir una sensibilidad”, suya y de los otros grupos parlamentarios que les acompañaron en otras ocasiones con el cannabis, refiere Brotons. Él es quien nos pone en contexto con el endurecimiento de las penas, pues si bien los asociados de AIRAM se cuentan entre los primeros, ya otra asociación en el País Vasco tuvo un encarcelamiento con sentencian firme, y ha habido personas en prisión provisional a la espera de sus respectivos recursos. El caso de estos tres asociados es pues representativo de la suerte de un movimiento social.