Marchas y contramarchas

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El retroceso que, en materia de política de drogas en particular y de derechos civiles en general, está viviendo hoy Hispanoamérica a causa del triunfo de las derechas, lleva a reflexionar qué instancias culturales, además de las legales, ganadas en estas últimas décadas, comenzarán a ser arrebatadas a través de penalizaciones y represión.

EN EL SUR AMERICANO: DESDE BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO

Los países emblemáticos, Argentina, con Mauricio Macri como figura de la “aniti-política” como sucedió en los años ‘90, junto a Brasil con su golpe suave de estado a Dilma, ofrecen una rápida pauta acerca de lo que vendrá. Incluso, en la sucesión del Pepe Mujica en Uruguay, país poco conflictivo para nuestros paradigmas, su sucesor (del mismo partido mas de otra tendencia interna) Tabaré Vázquez pone palos en la rueda a las posibilidades del debate y práctica en cuanto a la despenalización de la marihuana medicinal, y su venta legal en farmacias, en forma similar a como ya lo había hecho con el aborto.

Hoy son las organizaciones sociales, las comunidades específicas y las agrupaciones progresistas que confluyen en diversos espacios de debate, donde se lleva a cabo principalmente la disputa cultural entre dos concepciones de la sociedad y del poder. Eventualmente, las respectivas legislaturas a nivel local o nacional, acompañan. Otras veces, no.

En cuento a la política cannábica, se pronuncian normativas con escasa o nula difusión, que reprimen con cuatro a quince años de prisión el cultivo o el acopio de semillas, en un mismo nivel que la producción de precursores químicos o cualquier otra materia prima para fabricar estupefacientes. Por otro lado, esta modificación enciende una alerta en las organizaciones que luchan desde hace años por la legalización del uso medicinal del cannabis. Sin lugar a dudas significa un retroceso en esa lucha pues la nueva ley va en sentido contrario de lo que estos organismos pretenden.

También se contradice con el célebre fallo Arriola con el que la Suprema Corte de Justicia despenalizó de hecho la portación de porro para consumo personal.

Un dato peculiar, es que varios estudios muestran cómo en estos Estados son muchas las personas que recurren al consumo de cannabis como una alternativa a determinados medicamentos con receta para los trastornos del sueño o algunos tipos de dolores, aumentando más el consumo en pacientes médicos que en personas que buscan su uso lúdico.

Este es el principio fundamental donde varios `personajes políticos, junto a varias figuras culturales como periodistas, artistas y deportistas, se ponen en campaña para defender estas políticas del uso del cannabis, como eje fundamental de Salud. Este eje es considerado por organizaciones y agrupaciones políticas, y del movimiento cannábico local puntapié inicial para lograr otra mirada por parte de una sociedad más ignorante que adversa y, se este modo, profundizar la discusión sobre la legalización.

De aprobarse los proyectos de ley promovidos por las derechas de Latinoamérica, el derecho a la salud - derecho constitucional e inalienable - seguirá siendo vulnerado: ya que habrá de extenderse la criminalización por parte del Estado, de quien consume tanto como de quien cultiva.

EL JUEZ DA UN PASO AL FRENTE

Por ello, mientras las organizaciones de la sociedad civil trabajan en forma denodada en tal dirección, la realidad misma compele, por ejemplo, al Poder Judicial a deshacer el entuerto provocado por el Ejecutivo, las policías, en fin, el conjunto de sectores reaccionarios. Así es como el fallo de un juez federal de La Plata (Argentina) ordenó a la Obra Social de Petroleros (OSPe) suministrar cannabis medicinal a un chico de un año y siete meses que padece de síndrome de West, o encefalopatía epiléptica refractaria. “La utilización en un paciente determinado del uso terapéutico de los cannabinoides y sus compuestos debe depender exclusivamente del criterio médico que, como con cualquier otro fármaco, es una decisión derivada de la ciencia médica que no corresponde que este judicante revise en tal carácter”, explicó el juez.

El principal reclamo de la ONG para que las familias puedan tratar todas las enfermedades de manera más eficaz y económica, es la despenalización del autocultivo, cuestión que quedó relegada por el dictamen de la derecha que actualmente gobierna, cuando se dio el debate en Diputados sobre la legalización del cannabis medicinal, a pesar de la presencia durante los plenarios de familiares de chicos enfermos que reclamaron el autocultivo y de la promesa de los legisladores y el partido político del presidente Mauricio Macri de “solucionarles el problema”. Una vez mas, otra cuestión que queda delegada e invisibilizada en el actual gobierno.

Si hablamos de “el criterio” o “sentido común” con respecto a la visión de lo referido, hay diferentes perfiles según el mecanismo de acceso: aquellos usuarios más intensos, de nivel socioeconómico más alto y más preparados, van por los clubes cannábicos; otros, más o menos con las mismas características, pero sin conformar una red, eligen el autocultivo, y los más esporádicos van por el lado de las farmacias, con lo cual consideramos que van a entrar de a poco, no con el máximo de los 40 gramos, e incluso puede haber asociaciones de personas para que se inscriba uno y de ahí consuma un conjunto, porque es una cantidad de sobra.

DEL VERDE AL ÁCIDO LITÚRGICO

En la política miope de los gobiernos neoliberales, todos los gatos son pardos. Bajo la denominación genérica de “drogas” en esa oscura bolsa cabe tanto el cannabis como las sintéticas, sus precursores, el ácido, la ketamina, etc. Requieren de tal criterio a fin de justificar tanto el sostenimiento de la ilegalidad como la represión de los consumidores, su efecto inmediato. A su vez, esta “teoría” (si se le puede llamar de tal manera) implica necesariamente el control sobre los cuerpos, interés principal de sostenimiento de la Iglesia de Roma que, así, se liga con la prohibición del aborto. El poder de decidir sobre el propio cuerpo se torna entonces una consigna que va más allá de la mera reivindicación sectorial para abarcar un abanico político que va del cannabis al aborto pasando, por supuesto, por la salud pública.

Como todas las drogas sintéticas, se sabe, son fácilmente comerciables en los actos masivos, de la más pequeña discoteca hasta las grandes raves, el gran negocio se rige al amparo del paraguas de la misma reglementación, habilitación y estado de los locales respectivos. Es decir que los narcos se hallan sólo regulados por las normas que rigen los bares, restaurantes y discotecas.

Por lo general, cortan el agua en los baños para que genere un mayor efecto la droga, y el usuario tenga que comprar más alcohol o sienta la necesidad de seguir consumiendo este tipo de sustancias. A esto la política estatal responde haciendo a la juventud como sujeto criminal. La mira no apunta a la responsabilidad de los propietarios de los locales, a la producción y forma de consumo de las drogas sintéticas. Se llegó hasta tal punto que tanto en Argentina como en Uruguay hubo casos de intoxicaciones que llevaron a más de un joven a una patética muerte. Entonces se dice “falleció de ataque cardíaco” producido por la sustancia. Pero en los verdaderos estudios aparecen sintéticos que en su fórmula incluyen pesticidas agroquímicos, en particular levamisol y la fenacetina.

Mientras tanto, miles de organizaciones como la argentina “Mamá Cultiva” (el nombre lo dice todo) difunden este mensaje por todos los chavales intoxicados, enfermos, con la posibilidad de tener otro tipo de cultura de consumo de drogas para su salud y diversión: “Seguimos luchando porque creemos en la posibilidad de una medicina, de unos medios y de una política más humanos. Les pedimos que nos acompañen en esta batalla, que se pongan en nuestros zapatos, que caminen a nuestro lado, porque solo así podremos ser un país más justo y más inclusivo.”

DE LOS ANDES AL ATLÁNTICO

Que la política del nuevo conservadurismo que procura perpetuar la “guerra contra las drogas” inaugurada por Ronald Reagan en los 80 y fracasada dos décadas más tarde, de modo alguno es improvisada sino, por el contrario, consensuada con las multinacionales y así planificada, lo demuestra la acción en espejo a lo largo y ancho de todo el subcontinente. Sin ir más lejos, en Chile se desenvuelve una concepción semejante a la de Argentina y Uruguay sobre los jóvenes y las drogas. Asociadas a los laboratorios medicinales, las principales sociedades médicas científicas trasandinas, divulgaron un insólito pronunciamiento, destinado a presionar a la autoridad política. En el documento se resaltan los presuntos efectos dañinos que tiene el consumo de marihuana, especialmente en niños y jóvenes. Basándose en sospechosas experiencias personales de los médicos, sin estadísticas ni estudios de campo sistemáticos, junto a no menos innombrados estudios de ígnotas entidades nacionales y extranjeras, las élites de los médicos chilenos indicaron que ese país del occidente andino ostenta la mayor tasa mundial de consumo de marihuana en escolares. Subraya enseguida que “los daños que esta droga causa en las funciones cerebrales, especialmente aquellas relacionadas con el aprendizaje y la motivación, razón por la cual se convierte en causante de fracaso y deserción escolar que afectan especialmente a sectores vulnerables.” Funda así una estrategia de sembrar un terror psicológico tendiente a predisponer a la población ingenua a rechazar cualquier iniciativa liberalizadora.

Con tono moral, la prensa acólita al establishment, se ocupa de hacer preguntarse si “como sociedad -incluyendo el a veces frívolo debate sobre la legalización de la marihuana- se está dando a la juventud el mensaje correcto”. Y por eso el discurso se basa en que es perentorio actuar con “responsabilidad y previsión”. Tomando las consecuencias sobre la salud y el bienestar de los jóvenes como una negatividad completa y necesidad de salvar “de la desviación” del gran mal de la marihuana. O que se dice, una maniobra de pinzas.

Por Yuls Pin