Este artículo repasa los últimos 100 años de políticas de drogas en Uruguay

Cien años de política de drogas en Uruguay

Escrito por el . Publicado en Artículo

3.9375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valoración 3.94 (8 Votos)

 

En este artículo leeremos que las políticas de drogas desarrolladas en Uruguay no son consecuencia de la llegada al poder de José Mujica, a pesar de que me caiga muy bien. Veremos la normativa principal y sus repercusiones en el ámbito social. Estas leyes han cambiado la clasificación de ciertos medicamentos como drogas ilegales dando como consecuencia el paso de consumidores legales a ilegales y creando organizaciones criminales que regulan su venta.

Así, desde unos años atrás Uruguay está en los ojos internacionales por su proyecto de ley para regular el mercado de cannabis. Desde junio de 2012 el gobierno del presidente Mujica propuso legalizar y regular la venta de marihuana. El tema siempre ha sido muy peliagudo pero existe una parte importante de la opinión pública mundial que aplaude estas iniciativas. Se trató de una iniciativa de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay para desarrollar políticas basadas en la reducción de riesgos y daños en drogas. El gobierno uruguayo pretende sustituir el predominio de la policía y los jueces por otras iniciativas no punitivas. Estos cambios de ideas se están desarrollando actualmente en este país así como políticas de lucha contra el crimen organizado.

Durante el siglo XIX y comienzos de siglo XX, el cannabis, la cocaína, el opio y sus derivados (entre ellos morfina o heroína), fueron utilizados médicamente pero también para el ocio. Es interesante considerar que el primer acuerdo internacional en política de drogas fue firmado por Uruguay en 1912 (la Convención de Opio de La Haya).

Primeras consecuencias de las políticas de drogas

A comienzos de siglo XX en Uruguay, se construyeron las primeras políticas de drogas. Una de las primeras leyes sobre el uso de drogas fue un decreto de 1908 del gobierno de Claudio Williman (1907 a 1911) que prohibía vender por segunda vez sin receta médica derivados del opio y la cocaína a clientes de droguerías y farmacias. Esta ley fue poco respetada. La Ley de Farmacias de 1913 fue un poco más estricta pero tuvo la misma repercusión que la primera.

Los médicos jugaron un importante rol durante este período, fueron aliados de la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez (1911–1915) que impulsó la separación de la Iglesia y el Estado. Los centros de salud del Estado pasaron al control médico quitándoselas de las compañías eclesiásticas. Durante el gobierno de Baltasar Brum Rodríguez (1919 y 1923) se desarrolló en los medios de comunicación una campaña contra el uso de drogas elevando los prejuicios y empleando adjetivos graves en contra de las drogas. Desde 1920 la policía uruguaya inició una campaña de allanamientos que la prensa escribía diariamente.

El Partido Colorado parecía tolerar el uso de las drogas, pero varios de los médicos que integraban sus grupos políticos no estaban de acuerdo con aquellos consumos. El abuso de drogas se tildaba de “peligro social” y se justificaba como un peligro que venía de fuera (el opio de China, el cannabis de México, etc…). Al aprobarse la Convención de Ginebra en 1929 se recordaba la problemática en China con el uso del opio y la pésima implantación de los acuerdos internacionales por culpa de la Primera Guerra Mundial. Las delegaciones uruguayas participaron en diferentes conferencias prohibicionistas. Desde 1933 Uruguay formó parte del Comité Central del Consejo Directivo de la Comisión del Opio de la Sociedad de Naciones.

Durante la dictadura de José Luis Gabriel Terra (1934-1938) se continuó con las políticas prohibicionistas. Se radicalizó el discurso higienista propugnando el control del cuerpo y de las costumbres sociales para una mejora de la salud. El consumo de drogas producía, según estos moralistas, degradación moral y física de sus usuarios. Durante este periodo, los escritos sobre el fenómeno del consumo de las drogas referían a casos de consumos extremos y asociados a delitos, crímenes o conductas de riesgo como la prostitución al estilo norteamericano. Se aprobaron leyes para que el Estado monopolizara el comercio, la fabricación y venta de las sustancias controladas. También se establecieron comisiones para coordinar la represión al tráfico de drogas y en menor medida para la asistencia de los usuarios. Se empezó una campaña radiofónica y se publicaron miles de panfletos donde las autoridades sanitarias lanzaban proclamas prohibicionistas. Relataban constantemente sucesos en los Estados Unidos de corte moralista con frases como: “la degeneración individual”, “la decadencia de la raza”, afirmaban que el consumo de drogas provocaba una gran criminalidad, el aumento de enfermos en manicomios y hospitales; en definitiva la descomposición de la sociedad.

Los años 70 y 80

No hubo muchos cambios importantes en las políticas de drogas en Uruguay hasta la dictadur a(1973-1985). Se firmó el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (ASEP) en 1973 basado en la represión de sus consumidores. El ASEP aceptaba la Guerra Contra las Drogas en todas sus acepciones, contra los traficantes y contra los usuarios. La policía uruguaya recibió entrenamientos por parte de la Drug Enforcement Administration (DEA) de EEUU para localizar drogas.La policía podía detener a todo usuario y dar cuenta a los jueces sin distinguir entre consumidor o traficante. Los consumidores eran enviados a centros terapéuticos sin ningún tipo de miramiento. Como vemos la moralidad primaba en la política de drogas. Pero había voces disidentes. Durante la dictadura, la jurista y política Adela Reta, que fue invitada a participar en una comisión parlamentaria en 1972 sobre las drogas y su tráfico ilícito, afirmó que el cultivo para uso personal no debía de ser penado.

Con la democracia, la Cámara de Diputados creó en 1987 la Comisión Especial sobre la Drogadicción que buscaba conocer cuál era la magnitud de la problemática en la sociedad uruguaya. El motivo fue el aumento en la oferta de cannabis y de cocaína asociados al crimen organizado. Enrique Probst Dinerstein, por entonces presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, se asombró de las condiciones penosas en las que se encarcelaba en centros psiquiátricos a los que habían sido pillados con un porro de marihuana en sus manos y a las prácticas a las que eran sometidos. Hasta entonces, la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías tenía el monopolio en el “tratamiento” de las ‘drogodependencias’. Lentamente el fenómeno de las drogas entró a formar parte de la agenda pública y surgieron nuevas comunidades terapéuticas. También jueces y catedráticos universitarios reivindicaron el autocultivo de marihuana como forma de eliminar el tráfico de drogas y que se estaba atentando contra los derechos ciudadanos.

A finales de los años 80 del siglo XX, se instalaron en Uruguay los grandes cárteles de las drogas internacionales sin ningún tipo de problemas. Se encontraban los cárteles mexicanos Juárez o los colombianos de Medellín y Cali donde escondían su dinero gracias al secreto bancario uruguayo. Los años 90 siguieron el mismo curso. Pero a comienzos del nuevo milenio los signos iban a cambiar.

También se conoció la figura de Omar Clavijo Cedrés, uno de los narcotraficantes más conocidos en Uruguay que actuaba con absoluta impunidad en Punta del Este y con contactos políticos (tanto blancos como del Partido Colorado), así como brigadas policiales de narcóticos como miembros del ejército. En 1988 se firmaron en Viena los acuerdos de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Uruguay tardó 10 años en firmarla pero no adoptó varios importantes apartados como era la abolición del secreto bancario. Se aprobó en octubre de 1998 la Ley 17.016 que bajaba los mínimos de las penas de cárcel para los delitos relacionados con tráfico de drogas. La cantidad razonable de cannabis que podía portar una persona era de dos días de consumo por lo que muchos consumidores que no eran traficantes acabaron con sus dientes entre rejas. También acababan aquellas personas de poca educación, bajos recursos económicos o personas desempleadas. Y es que la justicia, se pongan como se pongan, no es igual para todos.

Nuevos tiempos

El presidente Jorge Luis Batlle Ibáñez (2000-2005) estudió la posibilidad de legalizar ciertas sustancias y eliminar así el narcotráfico con sus homólogos latinoamericanos. El narcotráfico es un problema grave para la democracia. También se hizo palpable el fracaso de la guerra de las drogas comenzado por los Estados Unidos desde hace décadas. El presidente Batlle comenzó una nueva política que fortalecía la reducción de riesgos de los usuarios de drogas. Se desarrollaron capacitaciones en temas de drogas que no gustaron a los organismos internaciones como la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes).

Gervasio Guillot Martínez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de su país entre 1998 y 2003, no creía que la despenalización de las drogas fuera de lo mejor, pero sí una forma de eliminar la corrupción. Opinaba que se debía comenzar regulando el cannabis para ver qué pasaría con las otras sustancias. Las juventudes del Frente Amplio estudiaron la propuesta y realizaron encuentros con asociaciones de cultivadores y crearon el Movimiento por la Liberación del Cannabis.

El presidente Tabaré Ramón Vázquez Rosas (2005-2010) estuvo a favor de crear un debate en torno a este tema en sus Juventudes Socialistas y éstas estaban de acuerdo en modificar las leyes en torno al cannabis. Su consumo está ampliamente difundido entre la juventud uruguaya. Uruguay comenzó a criticar abiertamente el paradigma prohibicionista de las comisiones de Estupefacientes de la ONU. Se creó la Ley 17.835 como instrumento legal para luchar contra el narcotráfico limitando el secreto bancario y creando una Secretaría Nacional Antilavado de Activos, se abrieron juzgados y fiscalías especializadas en el crimen organizado. Se encarceló a testaferros y a empresarios uruguayos que estaban vinculados al narcotráfico. También se regularon las comunidades terapéuticas que funcionaban sin control externo.

En junio de 2012 el gobierno uruguayo presentó la idea de regular el mercado del cannabis. La propuesta del gobierno cristalizó en agosto de 2012 con el envío de un anteproyecto de ley al Parlamento. Uruguay así desafía paradigmas muy larvados y acepta que la guerra de las drogas fue un error, que los decomisos de drogas no afectan al mercado ilegal de drogas, que el gasto público aumenta con su lucha contra el narcotráfico, el aumento de los detenidos que colapsan el sistema judicial y que sobrecarga las cárceles.

Un nuevo marco legal para el cannabis

Existe un proyecto de ley que permitirá regular el mercado de cannabis en Uruguay. Sus características son:

- La creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCC) para controlar los cultivos, la cosecha, su distribución y comercialización de cannabis. El proyecto de ley modificará las leyes 14.294 y 17.016 para que se pueda investigar científicamente el cannabis.

- Los cultivadores caseros pueden poseer hasta seis plantas de cannabis en sus casas. Actualmente han confiado en el gobierno uruguayo unos 3.100 cultivadores inscritos.

- Se podrán crear clubes de cannabis donde sus socios podrán cultivar colectivamente. Actualmente se encuentran inscritos 29 clubes cannábicos con hasta 45 miembros cada uno.

- Los usuarios de cannabis que estén registrados en el IRCC podrán tener hasta 40 gramos mensuales. Se está desarrollando un software específico para conservar la información de los usuarios que se registren.

- El IRCC será el encargado de dar las licencias para producir y vender marihuana, vigilará el cumplimiento de todas las disposiciones con respecto al cannabis y establecerá multas y penas en caso de infracciones.

El objetivo principal del gobierno es quitar parte del negocio a las redes narcotraficantes y permitir mayores ingresos al Estado. También habrá inversiones de la industria farmacéutica, médica y de fibras. Se fomentará la creación puestos de trabajo para las empresas que obtengan las licencias para cultivar. Se mejorará los recursos sanitarios para los consumidores problemáticos de drogas.

Pero los consumidores de marihuana cuestionan la lentitud de la implementación de la marihuana de producción estatal de venta en farmacias. El gobierno le dio licencias a dos empresas que deben producir hasta cuatro toneladas de cannabis “charrúa” por año. Regulando así el mercado del cannabis, se les dará a todos la oportunidad de no tener complicaciones legales, sanitarias, económicas o éticas.