La jurisprudencia generada en México a favor del derecho de acceso a la marihuana ha llevado al gobierno a preparar una regulación integral, lo que implica un nuevo marco legal para cultivadores y usuarios y connsecuencias sobre la seguridad y la economía. Un artículo de Benito Díaz.

México lucha por la legalización del Cannabis

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Benito Díaz

El Partido Morena de Andrés Manuel López Obrador  lanza una propuesta de legalización de la planta tras admitir el Tribunal Supremode Justicia los amparos que sientan jurisprudencia. La nación latinoamericana, a pocos meses de discutir y quizás aprobar el autocultivo, la venta y el consumo de cannabis. ¡Viva México, cabrones!

Los consumidores mexicanos están de enhorabuena. Hace tan solo unos días, su Tribunal Supremo de Justicia admitía la quinta petición de amparo, reclamada por un ciudadano. Este recurso aceptaba que las restricciones al acceso a la marihuana estaban violando la Constitución, pues no permitían el libre desarrollo de la persona. El recurso, el quinto que se admite desde 2015, sienta jurisprudencia al respecto, lo que implica que estas cinco decisiones tomadas a favor del usuario deben ser usadas como referencia en próximas sentencias. A esto acompaña la propuesta de Ley del Partido Morena a favor de la regulación integral. Analicemos en detalle la situación actual de la marihuana en el país latinoamericano.

Antecedentes

México ha sido una nación muy influenciada por las restrictivas leyes de Estados Unidos, aceptando así durante décadas sus parámetros en la Guerra contra las Drogas. El resultado es de dominio público: el narco ha disputado las calles con el gobierno y la marihuana ha sido parte fundamental de la batalla. Cientos de miles de muertes se han producido y otras tantas personas han desaparecido en consecuencia de esta guerra que ha tenido como gran promotor y defensor a Estados Unidos.

Además del ascenso de la violencia, y según las investigaciones de Catalina Pérez Correa (doctora en Derecho y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas) y Andrés Ruiz Ojeda en “Marihuana en México, el peso de la prohibición”, también trajo consigo un aumento de las condenas por posesión o venta. Esto dio lugar a un incremento considerable de la población reclusa, en muchos casos sin datos sobre la sustancia que les llevó a esa situación. En los casos en los que la sustancia sí es conocida, la más común es el cannabis. Según el estudio, 1.742 personas estarían condenadas por posesión y 1.641 por posesión con intención de venta.

Los pasos de la legalización han traído la permisividad del autoconsumo, avalado para uso terapéutico en 2017 por el gobierno, además de la salida de la planta de la lista de “estupefacientes absolutamente prohibidos” por la Ley de Salud.

Según Catalina Pérez Correa, autora del citado estudio, en declaraciones para el portal mexicano Animal Político, la propuesta de Morena “va a disminuir la violencia que el Estado mexicano ejerce sobre ciertos grupos de poblaciones. Los datos en el tema de detenciones muestran que el principal delito es la posesión simple. Sabemos que el Estado, al aplicar estas leyes, genera mucha violencia en contra de una población que tiene características sospechosamente similares: predominantemente son hombres jóvenes que provienen de contextos marginados. A ellos se dirigen las leyes de prohibición actualmente. Ellos son los que terminan en las cárceles y el hecho de que terminen estas detenciones implica que se puedan liberar recursos que hoy se están usando para encarcelar personas para usarlos en otros temas que son más importantes”.

La propuesta de López Obrador

El pasado 6 de Noviembre, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación (similar a nuestro Ministerio del Interior) presentó en el Pleno del Senado la propuesta para legalizar la marihuana recreativa, medicinal y comercial. En el texto, que consta de más de 75 artículos, se asegura que se busca un “modelo que impulse la regulación legal estricta, el punto medio entre la prohibición absoluta y el libre mercado”.

La reforma, que recuerda en gran medida a la aplicada por Canadá, propone una regulación de toda la cadena de producción desde la siembra, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, publicidad, transporte, distribución y venta en puntos determinados, transporte y consumo.

Sus ejes vertebrales conforman una ley que protegería a los sectores más vulnerables (menores de edad), alejaría a las personas de un producto con sustancias psicoactivas, facilitaría programas de rehabilitación a todo aquel que lo solicite, promovería la información basada en hechos científicos, etc.

Planea 15 tipos de permisos, desde el autoconsumo hasta el uso comercial. Así, se presentan cuatro casos relacionados con la Marihuana:

  • Autoconsumo: cultivo de hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando no se sobrepasara los 480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas ante el instituto en el padrón anónimo. La posesión autorizada pasa de 5 gramos a 30.

  • Cooperativas de producción: deberían obtener una licencia de autorización, tener un mínimo de dos y un máximo de 150 socios, un Código de Ética y acreditar haber tomado al menos un curso de generación de capacidades para el autoconsumo. Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en esas cooperativas. No más de 480 gramos al año por socio.

  • Uso científico y de investigación: se debería contar con un protocolo de investigación autorizado, cumplir con las disposiciones ordenadas en los reglamentos del mismo y con las que estableciera la legislación vigente que no contraviniera la ley. Los medicamentos derivados de cannabis solo podrían anunciarse o promocionarse en publicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico o veterinario.

  • Uso comercial: estaría permitido mientras se realizara en el marco de la ley y con la autorización previa de las autoridades. Los requisitos para obtener licencia con fines comerciales estarían determinados por su uso: farmacéutico, terapéutico, paliativo, herbolario, adulto o industrial.

La aplicación de estas normas traería consigo la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), un órgano independiente de la Secretaría de Salud que se encargaría de regular, reglamentar, supervisar, sancionar y evaluar el sistema, así como de registrar el padrón de productores.

En contraposición, la ley perseguiría a todos aquellos que proporcionasen de alguna manera cannabis a menores de edad. Además, estaría totalmente prohibido manejar maquinaria o conducir bajo lsus efectos.

El cambio regulatorio ha venido acompañado de un cambio en la jurisprudencia, admitiendo los recursos de amparo de cinco ciudadanos en la sala primera de la Suprema Corte. Estos fallos obligaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a establecer unos Lineamientos en materia de Control Sanitario de la Cannabis, una norma que corre paralela a los planteamientos del Partido Morena que comentamos al principio.