La Guerra contra las Drogas llena la cárcel de mujeres, minorías étnicas y pobres. Análisis de una política errónea.

Prisión sexista, racista y de clase en la Guerra contra las Drogas

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Arnau Alcaide

Mientras que el 64% de la población de Estados Unidos es blanca, la hispana un 16% y la negra un 12%, los porcentajes de población encarcelada son muy distintos: la población negra es un 33% de la que está en prisión. Un modus operandi racista que ha utilizado en parte el cannabis como pretexto.

Aunque esta población pudiese, en la apariencia de los datos, ser más propensa al crimen, no es que delincan más; la diferencia, en realidad, se justifica en una criminalización racista, sí, racista, del uso de drogas. La mayor cercanía a las drogas ilegales que se da tradicionalmente en la población negra y latina, y en especial a la cultura cannábica, perjudica a estos grupos sociales y sirve de motivo para criminalizarlos, ya que, en efecto, la droga ilegal será considerada como tal.

Además, al no poner remedio al narcotráfico mediante la regulación, la oferta de trabajo ilegal sigue siendo atractiva, bien por ambición o necesidad. Y esto al margen de pequeñas compras entre usuarios a las que no sería justo tachar de narcotráfico y que también pueden resultar duramente castigadas por la ley.

En 2017, ya 659.700 personas fueron arrestadas en Estados Unidos por infringir la ley con marihuana, lo que supone el 40’4% del total de los arrestos por un motivo de drogas. De los arrestos, la mayoría corresponden al cannabis, que resultala droga que recibe mayor castigo por la ley, en parte por su uso extendido. Nueve de cada diez arrestos por drogas se saldan con cargos penales y, de estos, el 46% de la población que los recibe es negra o latina; pese a que negros y latinos juntos son solo el 28% de la población. ¿Hay un gen criminal asociado al color de la piel, acaso? Uno de cada cinco encarcelamientos en 2016 fue por un motivo de drogas, entre ellas el cannabis.

Pero el alcance de la Guerra contra las Drogas desde una óptica internacional va más allá de la cuestión racial, o ahonda en ella, dependiendo del punto de vista. En América Latina existen cada vez mayores tasas de encarcelación, llegando a suponer un problema público por el cual un elevado porcentaje de la población está presa, y estas tasas están directamente relacionadas con la Guerra contra las Drogas, ya que en muchas países aumentan los delitos de drogas por encima de la media, incluso exageradamente.

De la población latinoamericana, según datos de la ONU de 2015, un 45% de la presa en Bolivia lo está por delitos de drogas, y lo mismo ocurre con el 35% de la reclusa en Trinidad y Tobago, así como el 34% de la de Ecuador o el 24% en Perú. En Asia es reseñable Tailandia, cuya histórica persecución lleva a cotas de un 65% de la población reclusa por motivos de drogas.

En palabras del informe de la ONU

En algunos estados, las minorías étnicas y grupos marginados que viven en la pobreza son objetivo desproporcionado de la aplicación de los esfuerzos contra las drogas. Las estadísticas también muestran que proporciones muy grandes de extranjeros residentes que acaban en prisión son acusados o condenados por drogas, especialmente por tráfico.

El delito de drogas es el primer motivo de cárcel para mujeres

Las estadísticas de la prisión muestran que un mayor porcentaje de mujeres que de hombres están en prisión por delitos de drogas. Un estudio de 2012 reveló que más de una de cada cuatro mujeres en Europa y las prisiones de Asia central fueron encarcelado por delitos de drogas. En muchos países latinoamericanos como Argentina (68,2%), Costa Rica (70%) y Perú (66,38%) las tasas son más altas todavía. En Ecuador, el 77% de mujeres fueron encarceladas por delitos de drogas en comparación con 33.5% de la prisión masculina. En México, el 45% de las mujeres están presas por realizar trabajos de tráfico fronterizo, lo que se conoce como “mula”.

En Europa

Los reclusos fueron condenados principalmente por los siguientes tipos de delitos según el informe europeo Space: delitos relacionados con drogas (18.7%), hurto (16.2%), homicidio (12.8.%) y robo con violencia (12.6%), una estructura que difiere de la de España por la mayor representación de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, o la suma de hurto y robo, y los delitos contra la salud pública.

En Europa destacan el 39% de presos por delitos de drogas de Italia, seguido del 26% de España,
quizás motivado por ser los países de elección del tráfico en el mediterráneo, ya que no se corresponde con una legislación más represiva. En su relación internacional es un continente eminentemente consumidor de droga, como su tasa de criminalización por este motivo indica, pues ya hemos visto que los proveedores pueden duplicar perfectamente estos porcentajes. De cara a los adentros de Europa, se genera un efecto similar al ocurrido con la relación económica en el globo: el país proveedor o de entrada tiene mayor índice de criminalidad.

Distribución del delito en España: unas cifras camufladas

En España, un 22’5% de los reclusos lo está por motivos de drogas, si bien esto debemos averiguarlo a través de cifras de organismos internacionales, en este caso el informe europeo Space 2017, pues los datos nacionales del Instituto de Penitenciaría solo reconocen alrededor de un 6% de reclusos, en función del año, por este motivo. En el caso del informe de la ONU referenciado anteriormente en el artículo, la cifra que daba para España en 2015 era del 26%, todavía superior a la del informe Space.

Según el informe de penitenciaría, “los hombres se encuentran en prisión en aplicación de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, por los siguientes delitos principalmente: contra el patrimonio y el orden socioeconómico (36,2%) y contra la salud pública (20,1%); a más distancia, los delitos relacionados con violencia de género (9,5%); homicidio y sus formas (7,5%); contra la libertad sexual (6,7%)”.

Mientras que “las internas que se encuentran en prisión, en aplicación de la Ley 10/95 del Código Penal, por los siguientes delitos principalmente: contra el patrimonio y el orden socioeconómico (34,6%); y contra la salud pública (32,8%)”. Lo que no se explica es que al desglosar el delito de drogas de entre los de salud pública, la población de ambos sexos penada por este quede simplemente en un 6%.

Los daños sociales de la Guerra contra las Drogas y la relación económica norte-sur

A la vista de los datos, se demuestra la preeminencia del delito de drogas en sectores de población que se ven recurrentemente desfavorecidos por la aplicación de la Guerra Contra las Drogas, véanse las mujeres alrededor del globo, los afroamericanos en Estados Unidos, o países en los que está tradicionalmente asentado el narcotráfico, cuyo estado compite con poderes paralelos para establecer una economía próspera, que impida que sea atractiva la oferta de trabajo ilegal.

En la medida que la legalización no incluye una incorporación y descriminalización de los sectores proveedores a la economía, se está cometiendo una injusticia en la relación económica entre países, por la cual la demanda de unos repercutirá sobre los índices de criminalidad de otros en materia de drogas, y por ende en la población reclusa.

Así mismo, también observamos la relación entre clases sociales, que se traduce en una mayor exposición del populacho a los delitos de tráfico, pues es más fácil que esté presente el móvil económico cuanto menos dinero tengas. Es por esto que, como en el caso de las mujeres que hacen de mulas, personas de clase baja se ven expuestas a una oferta laboral mucho mejor que la competencia, sin desafío moral alguno más que el de introducir en otro país un objeto de lujo para un consumidor de otro poder adquisitivo; ilegal, eso sí.

El tráfico de drogas es una de esas relaciones que conservan los viejos poderes del colonialismo y que responden a la estructura económica del globo, en la medida que se establece una relación de producción de materia prima de lujo para exportación que, lejos de llevar al desarrollo económico del país, lo sume todavía más en problemas públicos, al tener que penar a altos porcentajes de población. Esta relación subordinada, perpetuada por la Guerra contra las drogas, se ceba además con los grupos históricamente ya perjudicados, como lo son las mujeres y las minorías étnicas.