De las 10 licencias para la producción de cannabis en España, cuatro de ellas no son con fines de investigación, sino para exportación y lucro comercial de cannabis medicinal, una situación de permivisividad para con negocios selectos.

Urge reformar un oligopolio sin derechos ni competencia

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Arnau Alcaide

De las 10 licencias para la producción de cannabis en España, cuatro de ellas no son con fines de investigación, sino para exportación y lucro comercial de cannabis medicinal. Esta situación de permivisividad para con negocios selectos se contrapone con un usuariado que sigue perseguido y sancionado, así como apartado de la posibilidad de subirse a un sector económico que se le ha negado tradicionalmente, una situación que debería revertirse rápidamente a la vez que se prepara una regulación que permita la competencia de las empresas nacionales en el sector.

Se corre el riesgo, si no ha ocurrido ya, de que, cuando se regule en el futuro, el capital extranjero haya consolidado la producción en su fase agrícola en España, pero no el procesado posterior, su administración y la investigación, susceptibles de ubicarse en lugares ya regulados, por lo que se estaría perdiendo un alto valor añadido para la economía y la consiguiente recaudación. Además, las relaciones comerciales internacionales estarán ya establecidas, exigiendo márgenes más ajustados para competir por la cuota de mercado y dificultando la entrada de nuevas empresas. Por este motivo, lo que hasta ahora era una urgencia social, se convierte también en una urgencia económica que ahonda en la injusticia social cometida.

 

Las licencias

Alcaliber obtuvo hace tres años la primera licencia para la producción de cannabis medicinal que tenía un aspecto diferencial, la posibilidad de comercializar dicho cannabis con la industria farmacéutica y del cannabis medicinal. La empresa de los Abelló, con el monopolio del opio desde el 73, es desde hace un año Linneo Health, participada en un 60% por un fondo británico. Tiene la sede en la Calle Génova, en Madrid. Cafina, la empresa de Alicante con el mismo permiso, fue comprada en agosto por la canadiense Canopy Growth.

La madrileña Oils4cure, que muestra una finalidad u objeto social muy similar en su descripción empresarial, solo tiene permiso según la Agencia del Medicamento que asigna estas licencias para el “cultivo y producción de cannabis sativa para la solicitud de autorización de ensayo clínico”, es decir, la investigación en humanos, lo que no implicaría su comercialización al uso. Sin embargo, está clasficiada en las cuatro empresas con permiso para “la producción y/o fabricación de cannabis y sus productos con fines médicos y científicos”.

En la misma situación se encuentra la cordobesa Cannabinoids, que tiene “autorización temporal de cultivo, producción y fabricación de cannabis sativa y sus productos para la optimización del proceso”. ¿Optimización del proceso de plantado per se?, ¿entonces no puede comercializar el cannabis procesado como dice su objeto social? Esta y más preguntas permanecen abiertas dada la clasificación de las licencias bajo el mismo epígrafe; también si hay limitaciones comerciales, a la producción total o a las hectáreas cultivables

El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) ya denunció que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios era oscurantista en la concesión de las licencias. Y es que, si bien están publicadas en la web del organismo de Sanidad, poco se conoce acerca de las empresas y las condiciones bajo las que se dieron, ni ha existido un concurso público a su adjudicación que sirva tanto de indicativo de lo que se espera desde el estado como de anuncio para la concurrencia competitiva, ni tampoco, huelga decir, de garantía de la aplicación del mismo criterio en su concesión.

 

Regular para la competencia, integrar empresas nacionales y reparar al usuariado

Como si de un sector estratégico se tratase, el del cannabis es ahora el perjudicado por una actitud negligente de las reglas de mercado. La concurrencia competitiva a una licencia, llamémosla también “cómo y por qué dejar entrar a una empresa en un sector restringido por el estado”, consiste en la creación de un proceso de adjudicación de una cantidad definida de licencias durante un espacio de tiempo de concurrencia que responde a la necesidad y bajo unos criterios de aplicación uniforme. Esta cantidad definida, a su vez, proviene de un estudio previo de las necesidades de las industrias, básicamente la investigación cuando no es legal, que tienen permitido trabajar con cannabis. ¿Porque no permitirá una administración pública exportar como producto algo que en el país de origen es ilegal, no?

Bueno, pues el proceso de concesión de dichos permisos incurre en todo lo contrario: no se dan indicaciones que garanticen la cantidad de licencias que se van a asignar y cuándo, vulnerando el principio de competencia en los concursos por el que se comparan propuestas simultáneas de acuerdo a unos criterios, tampoco accesibles
de manera concreta, más allá de indicaciones. En cualquier momento se puede enviar la solicitud a la Agencia del Medicamento, pero queda pues en cuestión si en diferentes momentos de tiempo se han aplicado los mismos criterios, no consultables. También el motivo por el que se puede conceder una licencia, que se ha difuminado al permitir la exportación, pero venía siendo solamente para investigar, hasta que Alcaliber obtuvo la primera comercial. Al tampoco limitarse la producción a la previsión estatal de la cantidad que se desea, al menos que se conozca públicamente,  y por tener finalidad comercial, no se puede alegar el interés nacional en permitir la exportación a determinadas empresas de una sustancia fiscalizada, restringida. ¿Entonces, por qué se conceden estas licencias?

La licencia es la gallina de los huevos de oro y el capital extranjero lo sabe, pues ha corrido a comprar las compañías que poseían una para poder producir en España.
En algunos países latinoamericanos se plantea una dicotomía entre la regulación comercial del medicinal y una regulación para el usuariado: se impone un modelo comercial sin todos los derechos, como el autocultivo, la asociación o la despenalización recreativa. Pero en el caso español es flagrante el trato de favor a unas empresas concretas, lo que sienta las bases para una propuesta de regulación común desde toda la sociedad que acabe con este privilegio de las licencias y permita el desarrollo de los derechos del usuariado y la integración de un nuevo sector agrícola en todas sus fases económicas, para no perder las actividades de mayor valor añadido, desde la producción al procesado, pasando por la investigación.

Además, al regular, a lo que la lógica aboca tras el despropósito de que ya exista una producción comercial, se deberá hacer el ejercicio de madurez democrática de reparar los daños de la criminalización del cannabis, para compensar al usuariado por la persecución pública con sus propios recursos de lo que ahora se va a legalizar. Esto incluye eliminación de condenas, antecedentes y sanciones pendientes, así como planes para la integración de parte del usuariado como propietario en el sector.