« ¿La policía ha incautado tu material? ¿No sabes cómo actuar? En el siguiente artículo, charlamos con abogados y abogadas especializados que nos aconsejan qué pasos debemos seguir.»

Incautaciones y sanciones por cannabis en vía pública: manual de uso

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Incautaciones y sanciones por cannabis en vía pública: manual de uso

 

¿La policía ha incautado tu material? ¿No sabes cómo actuar? En el siguiente artículo, charlamos con abogados y abogadas especializados que nos aconsejan qué pasos debemos seguir.

Todos los consumidores tienen un único miedo que les une en la distancia: el ser descubiertos por la policía en posesión o consumiendo su yerba. En muchos casos y según la ley vigente, es solo cuestión de tiempo el que este miedo se haga realidad y la policía les confisque sus cogollos o piedras. Sin embargo, son pocos los usuarios que conocen realmente sus derechos y los resortes de la maquinaria que se activan cuando te muestran una placa.

Según el informe sobre Actuaciones en Materia de Seguridad Ciudadana de 2016, se expidieron 189.947 multas en los primeros meses de aplicación de la Ley Mordaza. Aunque parece que se trata de un informe que se elabora cada 3 años, podemos decir que las autoridades españolas realizaron la friolera de 346 sanciones al día durante ese año, recaudando un total de  93.043.261 millones de euros en solo 18 meses, o lo que es lo mismo, 172.302 euros al día. El próximo año podremos acceder a la información completa de la recaudación e imposición de multas de estos últimos años, en los cuales la Ley Mordaza se ha cebado con los consumidores de cannabis.

Charlamos con Beatriz Macho, abogada colaboradora de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Cannabis (CONFAC): La Ley Mordaza ha recortado significativamente los derechos de los consumidores”, afirma. “Se añadió el tema de los transportes colectivos y eliminó la posibilidad de cursos de deshabituación para los adultos, relegándolos únicamente a menores. Las multas duplicaron su cuantía y se convirtieron en el principal sustento económico de esta ley abusiva. En éste punto, Beatriz se encuentra en acuerdo con Francisco Azorín, abogado del Estudio Jurídico BrotSanBert: “ésta ley se nutre de los usuarios de cannabis, con claro afán recaudatorio, pues no se ofrece ninguna opción de recuperación social. No en vano, se trata de la primera causa de aplicación de la Ley Mordaza. Tras ella, los insultos contra la autoridad, las manifestaciones y la tenencia de armas” asegura.

La letrada nos explica lo que ocurre a continuación de ser interpelado por las fuerzas de seguridad del Estado: “Tienes los derechos fundamentales que amparan a cualquier persona. No deberías ser preguntado por costumbres y hábitos privados. Además, deberías tener derecho a circular siempre que nos representes un peligro concreto, tiene que haber una motivación concreta, no ser interferido al azar, cosa que no suele aplicarse y se basa en un criterio personal del policía aclara. “Tras la detención y sanción, se recibe la notificación en el domicilio. Tienes derecho a la reducción del 50% si se efectúa el cobro en los primeros 15 días de recibir esa primera notificación. Con ella, se puede recurrir al juez en los dos primeros meses. Sin embargo, si te acoges a la reducción, entras en conformidad con no recurrir. En caso de querer recurrir, pasas a la vía administrativa para efectuar alegaciones y aportar pruebas. El tiempo de notificación puede variar entre tres y cuatro meses. Al año, prescribe”. El dato que hace que corran por nuestra espalda escalofríos, consiste en que si eres sancionado, digamos, dos veces en dos años, el hecho es constitutivo de delito grave con lo que la cuantía de la multa pasaría de 600-10.000 euros a 10.401 a 20.200 euros. “Yo no lo he visto aplicar, pero la reincidencia puede ser motivo” afirma Beatriz Macho.

Para Francisco Azorín, los primeros pasos a tomar están claros: “Espera a recibir la notificación y recógela a tiempo. No lo dejes pasa porque luego no puedes alegar y la cosa puede acabar en embargo de la cantidad precisa de tus cuentas o propiedades. Hay quién se intenta hacer el loco con la notificación, pero no es recomendable”. “Tienes derecho a ser cacheado por agentes de tu mismo sexo, a que no te desnuden en la calle y a que no sea en público” nos cuenta.

“Aunque algunas denuncias no llegan, suelen hacerlo, ya que hay déficit en la Administración. ¿Te niegas a pagar? La Agencia Tributaria o la delegación competente tal como el Ayuntamiento en lugares como Murcia, te encontrarán y ejecutarán el procedimiento de Apremio (por pasar el plazo) con un 10 o un 20% de recargo. En este caso puedes fraccionar el pago (resolución en firme), pero si continúas negándote, te embargarán a los cinco años como máximo mediante Procedimiento de Ejecución nos relata Francisco Azorín.

“Existen más descuentosel 20% si admites tu culpa una vez iniciada la vía Administrativa, tras las alegaciones y antes de la resolución” cuenta la letrada.

La consulta del informe antes mencionado, muestra que las sanciones y multas a consumidores de cannabis han experimentado un aumento significativo, no tanto como el consumo que permanece estable. Entre 2001 y 2015, el porcentaje de ciudadanos de entre 15 y 64 años que afirmó consumir cannabis en los últimos 12 meses, pasó del 9,2% al 9,5%. El que lo había hecho en los últimos 30 días subió del 6,4% al 7,3% y el que lo hacía a diario durante el último mes del 1,5% al 2,1%, según la encuesta llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad y que incluye datos desde 1995 a 2015.

¿Por qué deberíamos recurrir estas multas frente a las trabas puestas por la Administración para que el consumidor “pague y se calle”? Beatriz Macho aclara que se trata de un impuesto encubierto al consumo de cannabis. “Además, es un atentado contra nuestro derecho a la intimidad. Debería prevalecer la intervención mínima del Estado en cuestiones privadas y personales. No todo vale”. “Se trata de un tema de derechos fundamentales y dignidad afirma Francisco Azorín, “Si dejamos que el Estado siga con estas operaciones, se terminará afectando a los derechos de las personas que ni siquiera consumen”.

La minuta requerida para contratar estos servicios jurídicos va desde 65 euros en el caso de Azorín (BrotSanBert) a los 100 euros en el caso de Beatriz Macho (150 en casos de Drogotest).