Arnau Alcaide
Podríamos decir que a Fernanda de la Figuera la persiguen varios fantasmas por los que el juzgado de Málaga la llevó a juicio el jueves veinticinco de abril. Una vista que, finalmente, se pospuso para octubre. Nos lo explica su abogado, Rafael Ramos, en exclusiva para Cannabis.es.
La entrada a registrar una de las sedes de la asociación cannábica de la que forma parte como cultivadora, así como la incoación del cultivo compartido en su domicilio, llevaron a esta activista de 76 años a los juzgados. Usuaria medicinal y cultivadora, vuelve a tener problemas con la ley por compartir el cultivo entre una asociación. Aunque Fernanda de la Figuera ya fue juzgada y por tanto ratificada cultivadora legal en el pasado, en esta ocasión podría ser diferencial la cantidad incautada superior -justificada en base a más socios- y el pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2015 sobre la ilegalidad de los Clubes Sociales Cannábicos.
El abogado señala entre los motivos del aplazamiento que “dos de los guardias civiles que intervinieron en la entrada en la asociación”, Marías X maría, no se hallaban “presentes” en la vista, por lo que la fiscalía prefirió esperar a la aportación de su relevante testimonio. Y, además, la documentación «original» de la asociación en la que los socios aparecen registrados, junto a su historial médico, tampoco se incorporó al juicio, lo que fue considerado por la defensa como motivo para solicitar también que se aplazase. Se presentaron «fotocopias», lo que consideró «inapropiado».
“En un primer momento, de la Figuera se enfrentaba a dos causas”, incide Ramos, “por la actividad de la asociación y por el cultivo”. Las causas se unieron puesto que se demostró que constituían una misma, pero el enjuiciamiento de la activista está lejos de terminar.
Susceptible de convertirse en una causa popular, el juicio de Fernanda de la Figuera podría resolverse por la vía del error invencible, puesto que se trata de una actividad que viene practicando toda su vida y, en concreto, cargos similares a los que se acusan en este nuevo proceso con su asociación Marías por maría fueron desestimados en el pasado, legitimando a la cultivadora. En el error invencible prevalece la inocencia del acusado, al entenderse que no tuvo medios para conocer que incurría en una ilegalidad.
LOS FANTASMAS DEL PROHIBICIONISMO SE CEBAN CON EL USUARIADO ASOCIADO
El primero de los fantasmas es el de la recurrencia. Recurrencia en la persecución, aunque ya sea de sobra conocida por la policía y la justicia, que ya la llevó a juicio en 1995 y 2010, con sendas absoluciones todavía reflejadas por escrito. Recurrencia pues en el sinsentido de cuestionar en esta ya tercera vez una conducta previamente avalada.
El segundo, el del miedo. Miedo a, pese a ser una enérgica activista, acabar a sus 76 años en la cárcel en otro episodio de la pesadilla. Miedo al durante, pese a que termine en alivio, como anteriormente. Y, aunque su notoriedad la lleva en cierta medida a los juzgados, podría ayudarla a defenderse de la causa, un agridulce doble filo para el movimiento cannábico en lo que respecta a (in)seguridad jurídica. «Su trasfondo es trascendente por ser una persona con una amplísima trayectoria de activismo cuya vida ya ha sido enjuiciada anteriormente», plantea Ramos.
El tercer fantasma es el de la incomprensión. Incomprensión de saberse perseguida, de descansar a treguas legales, y a la vez necesitar la planta que motiva la persecución. Y ante esta incomprensión, es su abogado quien nos expone la dificultad agregada de que en su «humilde y singular punto de vista», el Tribunal Supremo «ya se pronunció en 2015 acerca de la gravedad de estas cuestiones», con lo que es posible que prevalezca esta posición de ilegalidad de los CSC.