Una comisión internacional de expertos insta un giro completo y una revisión total de las políticas de drogas represivas instauradas por la mayoría de gobiernos.
La comisión de expertos, formada por doctores, científicos, y expertos en salud y derechos humanos de todo el mundo y creada por la revista médica británica The Lancet y la Universidad norteamericana Johns Hopkins de Baltimore, ha presentado un informe previo a la reunión de la UNGASS el próximo mes de Abril en el que se debatirá el futuro de las políticas de drogas globales, y concluye que las leyes duras y represivas generan desgracia, fracasan a la hora de reducir el consumo, aumentan los crímenes violentos y ayudan a la difusión de enfermedades como el SIDA y la Hepatitis C.
El informe urge también a la revisión urgente y profunda de las políticas represivas impuestas por multitud de gobiernos.
“El objetivo de prohibir cualquier uso, posesión, producción y tráfico de sustancias ilícitas es la base de la mayoría de las políticas de drogas, pero estas políticas se fundamentan en ideas sobre el uso y la dependencia de las drogas que no tienen ninguna base científica,” afirma el Dr. Chris Beyer, de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, y miembro de la comisión.
“La guerra global contra las drogas ha dañado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo. Es hora de que nos replanteemos nuestro enfoque de las políticas de drogas, y de situar las evidencias científicas y la salud pública en el núcleo de las discusiones acerca de estas políticas”.
La comisión apela a las Naciones Unidas para que respalden la descriminalización de delitos menores y no violentos relacionados con las drogas, como el consumo, la posesión y la venta de pequeñas cantidades. Según este informe el empleo de la fuerza militar contra las redes de la droga debería ser eliminada, y la vigilancia policial debería centrarse en los criminales más violentos y armados.
Entre otras recomendaciones el informe sugiere:
– Minimizar las sentencias de prisión a mujeres involucradas en crímenes no violentos, habitualmente utilizadas como “mulas”.
– Evolucionar gradualmente hacia mercados regulados y legales de drogas que no son “políticamente viables a corto plazo en ciertos países” aunque predicen que más países y estados miembros de los Estados Unidos seguirán esa vía, “un camino que nosotros respaldamos”.
– Asegurar y facilitar el acceso a agujas y jeringuillas limpias, a drogas de consumo oral como la metadona para reducir la necesidad de inyecciones, y a la naloxona, el antídoto para las sobredosis.
– Erradicar la fumigación de las cosechas de droga con pesticidas tóxicos.
La dirección de la comisión de expertos recae en los profesores Adeeba Kamarulzaman de la Universidad de Malaya (Kuala Lumpur) y Michel Kazatchkine, enviado especial de las Naciones Unidas en Europa del Este y Asia Central para el VIH/SIDA.
Su informe, que puedes consultar aquí , afirma que las evidencias científicas de las políticas de drogas represivas son muy insuficientes.
La última sesión especial de las Naciones Unidas dedicada a las drogas fue en 1998 y desembocó en medidas represivas drásticas, que empujaron a los gobiernos a eliminar las drogas a través de la prohibición del uso, posesión, producción y tráfico.
La comisión concluye que esto no ha funcionado, y que la cantidad de víctimas generadas por ese enfoque han sido enormes.
La decisión del gobierno mexicano de Calderón en 2006 de emplear la fuerza militar en zonas civiles para luchar contra el narcotráfico “llevó a una epidemia de violencia en muchas zonas del país que también salpicó a Centro América”, argumenta al informe. “El aumento de los homicidios en México a partir de 2006 es algo sin precedentes para un país que no esté formalmente en guerra. Fue algo tan masivo en algunas partes del país que incluso influyó en la esperanza de vida media del país”.
Las políticas de drogas prohibicionistas han tenido también serias consecuencias adversas en los Estados Unidos. “Posiblemente en los Estados Unidos sea el país donde mejor se ha podido documentar el sesgo racial de la vigilancia policial, los arrestos y las sentencias, aunque no sea el único donde ha sucedido”.
“En 2014 en los Estados Unidos un hombre afro americano tenía cinco veces más posibilidades que un hombre blanco de acabar en la cárcel a lo largo de su vida por delitos relacionados con las drogas, a pesar de que no hay grandes diferencias en las estadísticas de consumo entre ambas etnias. El impacto de estos prejuicios entre las comunidades afro americanas es intergeneracional y social y económicamente devastador”.
La comisión cita varios ejemplos de países y estados de los Estados Unidos que han optado por el camino de la descriminalización.
“Países como Portugal o República Checa, descriminalizaron los delitos menores de drogas hace años, con beneficios financieros significativos, menos encarcelamientos, beneficios significativos también en lo relativo a la salud pública, y ningún aumento destacable en los consumos”.
“La descriminalización de delitos menores junto a un aumento de los servicios de prevención de VIH accesibles permitieron a Portugal controlar una epidemia de VIH relacionada con las drogas inyectables y probablemente evitó que República Checa sufriera la misma epidemia”.
El profesor Beyrer afirmó que son “cautelosamente optimistas” sobre el impacto que tendrá su informe en la próxima reunión de las Naciones Unidas, aunque también es consciente de que encontrarán oposición contundente a la descriminalización que proponen. “Hay varios países, como la Federación Rusa, que se opondrán vigorosamente a cualquier cambio de las políticas de drogas y que harán todo lo posible para influenciar a la UNGASS” afirmó.
“La UNGASS será una auténtica lucha, pero hay bastantes gobiernos y organizaciones civiles que están tomando conciencia de la necesidad de este cambio”. En los Estados Unidos, la epidemia de sobredosis por opiáceos con receta se ha convertido en parte de la campaña electoral, apuntó, “Creo que es el momento. Es una oportunidad única en una generación”. Incluso la investigadora de la Universidad de Columbia, Joanne Csete afirmó que creía que el actor Philip Seymour Hoffman, fallecido por una sobredosis de heroína “estaría vivo hoy”, si no fuese por las políticas regresivas. “Nuestro informe trata de opciones políticas” afirmó, “el fracaso para invertir en programas que puedan ayudar a la gente a inyectarse con instrumental estéril es una decisión política. Estamos en una guerra contra las drogas que tiene sus raíces en cálculos racistas y reaccionarios”.
El profesor Carl Hart, investigador psicólogo también de la Universidad de Columbia, reconocido activista en contra de la guerra contra las drogas, reforzó las declaraciones de Csete. “Uno de cada tres hombres afroamericanos puede estar seguro de que pasará algún tiempo entre rejas. Yo tengo tres hijos, uno de ellos ha pasado algún tiempo en prisiones, y en cierto modo es porque hemos denigrado las drogas y hemos convencido a la opinión pública de que los consumidores merecen ese tipo de castigo. Así que no puedo callarme, es algo personal”.
En el Reino Unido, el Ministerio de Interior dijo que las drogas eran ilegales cuando hubo una evidencia científica de que eran dañinas para la salud y la sociedad. Un portavoz afirmó que el enfoque era reforzar la ley existente, prevenir el consumo y ayudar a la recuperación de los adictos. Y añadió: “Existen signos prometedores de que este enfoque está funcionando, con una tendencia a la baja del consumo en la última década, y más gente recuperándose de su dependencia que en 2009/10. Descriminalizar las drogas no eliminará el crimen cometido por el tráfico ilegal, ni enmendará los daños y la destrucción asociada a la dependencia a las drogas.”
Norman Lamb, antiguo miembro del gobierno británico y parlamentario del partido Liberal Demócrata, afirmó que apoyaba las conclusiones del informe de la comisión de The Lancet: “la guerra contra las drogas ha fracasado, y es el partido Liberal Demócrata y su política quien debe descriminalizar la posesión y el consumo de todas las drogas, e introducir un mercado regulado y legalizado del cannabis. Las drogas deben ser tratadas como un problema de salud, no como un problema criminal.”
Fuente: The Guardian