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Argentina: emergencia nacional contra las drogas

Argentina: emergencia nacional contra las drogas

Por Javier Marín

Tras el lanzamiento nacional de la soflama “narcotráfico cero”, y a instancias de la ‘todopoderosa’ Iglesia de la República argentina, el pasado 12 de diciembre del 2016, el presidente Macri inició su cruzada personal contra las drogas, de todo tipo, en este país.


El decreto del presidente Macri y la Iglesia católica

Combatir el narcotráfico es “per se” una tarea encomiable, aunque algo ilusa, si se quiere alcanzar esa utópica cifra de cero. El problema es cómo afectará este decreto a los usuarios de todo tipo de sustancias. En efecto, bajo el nombre de Emergencia nacional en materia de adicciones, se pretende atacar el problema desde la prevención y el tratamiento, así como la inclusión social de las personas afectadas. Cabría preguntarse qué ha sido de su también promesa electoral de “pobreza cero”. Pero se percibe cierto tufillo populista electoral en ambos casos.

No vamos a profundizar en el tema de “drogas duras”, y lo entrecomillo porque el alcohol es una de las drogas más letales y duras y, sin embargo, carecen de restricción legal alguna en la República Argentina. Centrándonos en el cannabis y la ley que, hasta este último decretazo, provenía del año 1989, prohíbe el auto cultivo, condena a los auto cultivadores con penas que van desde los 4 a los 15 años y multas astronómicas. Curiosa forma de luchar contra el narcotráfico…

La ley que hasta el decreto estaba vigente, establecía en su artículo 5 que: “Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo: siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación.”

Si antes era ya punible el mero hecho de poseer semillas, ¿hasta dónde quiere llegar el Presidente junto a sus cruzados eclesiásticos con su nueva política? Porque, en efecto, el Presidente ha recurrido a la UCA (Universidad Católica de Argentina) para elaborar su nueva normativa; la cual estará vigente hasta el 31 de Diciembre del 2018.

En el año 2009, en el caso Arriola, se sentó jurisprudencia en un caso verdaderamente ridículo. Se trataba de 2 jóvenes a quienes se les habían incautado 4 cigarrillos de marihuana. El Tribunal decidió que, siendo para consumo propio, el hecho no era punible. Sin embargo, con el nuevo decreto, cualquier sentencia anterior no crea jurisprudencia, y la simple posesión de semillas es un delito grave.

Roberto Moro, titular de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico, en entrevista previa al decretazo, rechazó firmemente la despenalización del consumo, y por ende, del auto cultivo. Curiosamente, la Iglesia, con muchos seguidores y más desde que el Papa Francisco es la cabeza del Vaticano, entiende que, en ciertos casos, la marihuana puede ser paliativa de ciertas enfermedades y bla bla bla. Pero su conclusión final es que, de ninguna manera, se puede despenalizar el auto cultivo.

El Observatorio de la Deuda Social argentina de la Pontificia Universidad Católica de Argentina declaró en un artículo de junio que “el comercio ilícito de drogas ilegales constituye un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión han crecido de forma exponencial  durante las dos últimas décadas. La mayor venta de sustancias ilícitas se detectó en el área metropolitana de Buenos Aires, donde el registro de venta aumentó de un 28,6%, en 2010, a un 44,9% en 2015.”

Y por otra parte, ni la Iglesia ni el Gobierno parecen darse cuenta de que no todas las sustancias son igual de nocivas y adictivas. Siguen con la teoría de la escalada; se empieza con un porro y se acaba chutándose heroína. Teoría tan absurda como denostada por los expertos. De hecho, este tema bien podría ser un interesante artículo por sí mismo.

El decreto del presidente argentino sitúa todas las sustancias al mismo nivel de peligrosidad social. Esta postura es muy poco acertada y criminaliza al máximo nivel a los autocultivadores y consumidores de cannabis. Lo mismo es un adicto a la heroína, que un consumidor de crack, que un usuario/cultivador de cannabis. Y si esta postura era ya compartida e impulsada por la Iglesia católica argentina, el hecho de que el Papa sea argentino parece dar aún más apoyo a sus teorías. En la Argentina, y en cualquier otro país, el uso de drogas duras y adictivas revierte claramente en mayores índices de criminalidad. Pero suponer que los consumidores de cannabis representan un incremento en las tasas de delincuencia es erróneo e incluso pueril. Para legislar sobre las drogas hay que, al menos, conocer la realidad. 

Sin embargo, la Iglesia argentina se muestra favorable al uso de la marihuana medicinalLa Pastoral Social, sector católico especialmente preocupado por el tema de las drogas en su país, hizo unas declaraciones sorprendentes a través de su portavoz: el Padre Pepe Di Paola.

«Entendemos que es imprescindible que quienes padecen esa enfermedad puedan tener su medicina y que corresponde al Estado proveerla gratuitamente.  Lo que no queremos es que el reclamo justo de los familiares se entremezcle con políticas que hacen daño a otros. En definitiva, no estamos de acuerdo con las políticas liberales que reclaman el derecho de cultivar, tener o consumir drogas…”

Es decir, sí al uso supervisado del cannabis medicinal pero jamás el derecho a cultivar. El mismo sacerdote insiste en el uso terapéutico del CBD pero rechaza de plano la posibilidad del THC como cannabinoide permitido. Como todos sabemos, el CBD (Cannabidiol) tiene propiedades analgésicas, mientras que el THC (tetrahidrocannabinol) es el cannabinoide responsable del efecto sicotrópico de la planta. En definitiva, la Iglesia se pronuncia claramente sobre la posibilidad del uso del cannabis medicinal pero rechaza firmemente tanto el uso como el cultivo del cannabis con fines lúdicos.

Uno de los sacerdotes más implicado en este asunto así como en la lucha contra la pobreza es el conocido sacerdote Carlos García, más conocido como “Padre Charly”. Veamos cómo se pronuncia al respecto.

“La adicción no puede ser concebida solamente como un problema personal. Si desconocemos la cultura del consumo en que estamos inmersos, si no somos capaces de reconocer la dimensión social, cultural y colectiva del problema, probablemente no podamos encontrar una respuesta adecuada. En ese sentido, hay que decir que la droga se presenta como una respuesta al malestar, como un modo de escapar de lo que hace sufrir. La pobreza se sufre.

Cuando en una familia hay un trabajo digno y una relativa estabilidad económica hay más capacidad de dar contención a todos los miembros de esa familia. Pero cuando no hay trabajo, cuando se vuelve difícil encontrar algo para comer todos los días, en la casa suele haber menos paciencia, menos tolerancia y menos contención para los más chicos. No reconocer que los factores económicos influyen en el agravamiento de los problemas de alcoholismo y adicción es pura ceguera.

Recordemos que la explosión del paco (pasta base de cocaína) en nuestro país se produce después de la crisis de 2001. También hay que decir que la pobreza magnifica los problemas sociales. Con la crisis del desempleo, el narcotráfico se va constituyendo en un circuito económico que contiene y da empleo a muchos que estaban desesperados. La desesperación lleva a equivocar el camino. Desde esta óptica decimos que la emergencia en adicciones es una prolongación de la emergencia social.”

En cualquier caso, cualquier legislación debe ser generada en base a criterios profesionales de expertos. Pero jamás debería tenerse en cuenta la religión. A esto se le llama fundamentalismo y, en muchos países musulmanes, ha conducido al terrorismo jihadista. De la misma manera que la sharia (ley coránica) no debería regir la jurisdicción de un país, la ley cristiana católica romana, tampoco. ¡Con la Iglesia hemos topado…!

Todavía están por ver los resultados de esta escalada prohibicionista que comienza Argentina. Pero hasta la fecha, todas las anteriores no han conseguido minimizar el problema, sino todo lo contrario. Esto lo descubrieron ya los americanos hace mucho tiempo y, hasta la fecha, los resultados hablan por sí solos: cárceles abarrotadas de simples consumidores, incremento de delincuencia, problemas severos por adulteración de sustancias y una larga lista de etcéteras. Pero quizás el resultado más relevante sea la aparición de una casta cuya simple proximidad es extraordinariamente tóxica: la casta de los narcos.

Que después de tantas décadas de ¿infructuosa? guerra contra el narcotráfico, un gobierno inicie otra cruzada, con marcados tintes religiosos, contra la libertad de auto abastecerse de cannabis, me deja tan desconcertado que apenas puedo creerlo. Y si empleo los signos de interrogación en el adjetivo “infructuosa” es precisamente por lo que acabo de escribir.

¡Cuántos narcos y camellos estarán frotándose las manos! Porque ya se sabe: a mayor prohibición, mayor beneficio. No hace falta ser adivino para pronosticar que este decreto no hará más que llenar aún más las cárceles, generar más economía sumergida y mayor poder para los narcos. Tiempo al tiempo…

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