Ante la frenética actividad de la actualidad política española, desde Cannabis.es queríamos ofrecer a nuestros lectores las claves para entender esta coyuntura y cómo afectarán al cannabis en España. Así que hemos iniciado una colaboración con la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas, porque ¿quién mejor que ellos para resumirnos los retos inminentes que tiene por delante el movimiento cannábico español, unos retos que son producto de las dinámicas internas del propio movimiento y de las dinámicas globales? Creemos que es muy interesante que toda la comunidad cannábica pueda acceder a este análisis, así que ¡vamos allá!
Más de treinta años de recorrido tiene ya el movimiento cannábico español, un movimiento social que ha sabido sobrevivir pese a la adversidad, la continua represión judicial y policial a las personas usuarias, el estigma generado por las campañas de criminalización y por los propios medios… y no solo ha sobrevivido sino que se ha visto fortalecido gracias a la persistencia en sus demandas y reivindicaciones. ¡Cada vez somos más y mejor organizados, con propuestas elaboradas, trabajadas y cultivadas desde las raíces por una masa unida de forma transversal!.
Desde la ConFAC creemos importante analizar el momento actual, pero también valorar los logros conseguidos hasta el momento por todo el movimiento cannábico.
¿Cuáles son los retos que debe afrontar el movimiento cannábico español – retos intrincados a las dinámicas internas, pero también globales, o del movimiento-?
Con una moción de censura al Partido Popular y un nuevo gobierno del Partido Socialista, parece que un nuevo horizonte se dibuja para nuestro colectivo. Por lo menos una apertura a un diálogo que, hasta hace tres meses, ni tan solo éramos capaces de visualizar. Cabe recordar que en el año 2017, se aprobó en Cataluña una Ley que regulaba las asociaciones de personas usuarias de cannabis, con todos los votos de la cámara incluyendo al Partido Socialista de Cataluña (y excluyendo los votos del PP), así que tendría sentido que la Federación Estatal del PSOE adoptara un posicionamiento similar al de sus primos catalanes.
No hay que olvidar las voces del resto de formaciones mayoritarias, PODEMOS y Ciudadanos, que aunque podamos discrepar en cuanto a los planteamientos, manifiestan y ponen en evidencia la necesidad de la puesta en escena de un debate real y eficaz alrededor de la regulación del cannabis en el Estado Español.
Hoy el movimiento se enfrenta con ilusión a nuevos retos, retos que entre todas y todos tendremos que superar con optimismo y perseverancia. Las dos últimas legislaturas han sido devastadoras para los movimientos sociales del Estado Español, derechos como el de expresión, el de reunión o el de reclamación se han visto afectados por leyes represivas (Ley de In-Seguridad Ciudadana) que aprobó en 2015 el último gobierno de M. Rajoy, una ley que, como al resto de la población, también afecta a las personas usuarias de cannabis.
Uno de los principales retos internos es la antes mencionada Ley de In-Seguridad Ciudadana, 4/2015. Una ley que, con la excusa de acabar con el uso y tráfico de sustancias ilícitas, permite que los cuerpos de seguridad puedan actuar con total impunidad contra las personas usuarias de drogas, efectuando registros arbitrarios basados en la apariencia u otros signos no constitutivos de delito. Esta ley considera infracciones graves, aquellas conductas relacionadas con drogas, la posesión y el consumo en vía pública, y como novedad, el autocultivo a la vista de terceros o el abandono de utensilios usados, se castiga con sanciones de entre 601 € y 30.000 €, dejando también un rango de gran arbitrariedad en la cuantía de la sanción en manos del funcionario o la delegación que tramita el expediente sancionador. Destacaremos también la eliminación de la posibilidad de recibir tratamiento a cambio de anular la sanción, reservando para la base de la norma su carácter económico y no el de la salud.
Según fuentes consultadas, solo en 2016 se pusieron 346 multas al día por motivos de drogas: en 18 meses se consiguieron recaudar a través de infracciones más de 93 millones de euros. Multas que contribuyen a mayores índices de desigualdad y obligan a más de 125.000 familias a pagar y asumir sanciones ilegítimas e injustas.
Ahora se están debatiendo en la Comisión de Análisis de Datos de No Somos Delito, las enmiendas parlamentarias que se presentarán en el Congreso de los Diputados para una posible modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana y su adaptación a valores democráticos y justicia social. ConFAC está participando en esta Comisión, mediante consultas y alegaciones en los procesos participativos, con el fin de conseguir impulsar la derogación de la tenencia en vía pública. En este punto, queremos que la tenencia o posesión de drogas para el propio consumo no sea una ofensa administrativa, queremos que haya una despenalización efectiva de la misma. Algunos grupos políticos abogan por introducir normas como las aplicadas en Portugal para la tenencia personal, lo que nos parece insuficiente, aunque podría ser un primer paso para una despenalización plena.
Otro de los grandes desafíos a los que se enfrentan las personas usuarias es la Ley de Seguridad Vial, el test en carretera o `Drogotest, que para consumos de drogas no está aún lo suficientemente desarrollado como para detectar nada más que el simple hecho de haber consumido, es decir, no se detecta la temporalidad del uso, si no el mero uso, a pesar de que como muchos sabréis, el consumo de estupefacientes está despenalizado desde los años 70 en el Estado Español. Por lo que a falta de una evidencia científica válida, nos encontramos una vez más ante un hecho de pura criminalización de las personas usuarias, que se ven amenazadas por una sanción de 1.000€, 6 puntos de carné y la inmovilización del vehículo con los consecuentes costes derivados de ello.
El aumento de los falsos positivos en carretera, requiere de investigación científica para implementar dispositivos que consigan detectar con eficacia lo que pretenden determinar, si la persona a la que se le hace la prueba va bajo los efectos de alguna sustancia en ese momento y si esto afecta a sus capacidades cognitivas o motrices, en definitiva, si esta persona está en plenas facultades para conducir o no.
En este punto también están trabajando nuestros y nuestras abogados/as colaboradores/as, que pretenden elevar recursos al tribunal de Estrasburgo, ya que el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo de un usuario cántabro, por considerar que no tiene trascendencia constitucional. Vulnerando algunos de los derechos de este usuario, ya que no quedaba acreditado que el bien jurídico protegido (la seguridad vial) quedará afectado.
El movimiento asociativo organizado también se enfrenta a grandes desafíos. Millones de euros al año derrochados por el Estado en perseguir a Clubes Sociales de Cannabis y pequeños/as cultivadores/as que no cometen otro delito que cultivar de forma controlada, posicionándose así en contra de unas leyes injustas e ineficaces. Muchos de estos casos acaban generando un gasto importante para la administración, entre el dispositivo policial para la incautación, el proceso judicial, etc. Y además, muchas veces estos procesos acaban siendo absueltos o archivados, sobre todo si son de autocultivos, es decir, destinados al propio consumo o a las asociaciones que se adaptan a la doctrina de Muñoz y Soto, siguiendo el Código de Buenas Prácticas para guiar su gestión.
De nuevo, una paradoja legal que lleva a los movimientos sociales a padecer inseguridad jurídica. Todos estos gastos podrían repercutirse como beneficios para la sociedad en general gracias a una regulación integral del cannabis en el Estado Español.
Un reto con claros tintes globales, pero que en este caso también lo consideraremos un reto interno, es la perspectiva de género, este tema urge abordarlo en todos los movimientos sociales y políticos. En nuestro caso, abogamos porque la perspectiva de género quede reflejada en las regulaciones sobre drogas, teniendo en cuenta aspectos específicos de los derechos relativos a la maternidad y otros asuntos de género, ya sea el lguaje inclusivo y el reconocimiento del trabajo de nuestras compañeras
Otros retos internos que creemos que hay que destacar son las virtudes del movimiento social, estas deben preservarse: la diversidad de los movimientos sociales cannábicos genuinamente españoles y la riqueza de la cultura cannábica, con especial protección de los cultivos individuales y colectivos, como las vías que entendemos como legítimas de acceso a la sustancia, así como las que tienen un nivel más bajo de riesgos. Esto ayudaría a proteger al sector económico basado en los productos para el autocultivo, fortaleciendo su estructura y protegiéndolo de otro tipo de regulaciones más aperturistas y comerciales.
En cuanto a los retos externos o provocados por fenómenos globales, ya encontramos dos países, Canadá y Uruguay, que han legalizado el cannabis, pero con diferencias sustanciales en cuanto a su formulación. Canadá es el único de los dos que se ha atrevido a regular el uso recreativo en un mercado comercial. Lo que todavía está por ver con el desarrollo y las evaluaciones de esas políticas, así como sus posibles modificaciones durante su andadura, lo que en un mundo globalizado es muy significativo. Lo que no hay que olvidar, durante el proceso de formulación e implementación de políticas encaminadas a la regulación del cannabis, son esas particularidades del contexto español.
Las regulaciones del alcohol y el tabaco nos han enseñado que debemos cambiar el paradigma de monopolios estatales como el tabaco que luego se vende a multinacionales y el de la neoliberalización como el alcohol que tantos problemas nos genera. Debemos probar modelos diferentes en los que las personas usuarias sean parte esencial de la regulación, el seguimiento y la evaluación, para no generar más problemas de los necesarios. Por ello, un modelo basado en la prevención de riesgos es un modelo de futuro donde el bien a proteger es la salud de las personas usuarias. Es el momento de proteger lo conseguido por los movimientos sociales, el sector económico, las personas usuarias y las auto-cultivadoras, queremos conservar estos avances en los que pequeños emprendedores en busca de oportunidades generan un gran número de puestos de trabajo, dentro de un modelo social único en el mundo basado en la salud y los derechos de las personas usuarias.
Redacción: ConFAC