Arnau Alcaide
Con casi toda España en la primera fase de la desescalada, las asociaciones cannábicas empiezan a reabrir y la posibilidad de desplazarse vuelve a permitir el abastecimiento de esta planta a las personas que la usan y la trabajan. Entramos en la Nueva Normalidad, sin menciones políticas del agravio comparativo al colectivo durante el estado de alarma, lejos de vislumbrar el fin de la persecución y a sabiendas de que la relativa normalidad de las personas usuarias puede volver a contraerse hasta estos nuevos límites postpandémicos.
La posición actual de los partidos políticos de ámbito estatal en la cuestión de la regulación del cannabis viene siendo la misma estos últimos años, con la propuesta integral de Podemos, la medicinal de Ciudadanos y la negativa de PP y PSOE, con la curiosidad de que este último sí que ha aprobado propuestas de regulación autonómicas junto a partidos regionalistas, que no obstante carecían de competencia reguladora en la materia, como resolvió el Tribunal Constitucional al tumbar la Ley Catalana de Asociaciones. Un apoyo, el del PSOE en las autonomías, que no se ha traducido en elevar el diálogo al Gobierno. Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Baleares, Extremadura, Murcia, Andalucía y Canarias, son comunidades donde el PSOE ha apoyado iniciativas legislativas que después no ha refrendado en el estado.
En Podemos, pese a que el círculo cannábico entregó el 6 de abril en el grupo parlamentario una propuesta de reapertura de las Asociaciones Cannábicas durante la cuarentena para responder a las necesidades de las personas usuarias, la formación morada no ha recogido el guante, como sí han hecho algunos medios de comunicación conservadores. Resta la pregunta de por qué replican una información que creen que gustará a su público y, por el mismo motivo, viéndose dañados por ella, no lo hace Unidas Podemos.
La Confederación de Asociaciones Cannábicas estuvo frente al Congreso a finales de febrero en lo que resultó un acercamiento primerizo a los partidos, que todavía no han hecho declaraciones relevantes acerca de una posible regulación. Es un tema relegado en la situación actual y que depende de un fuerte clima de opinión para erigirse, o de lo contrario todo indica que no va a ser prioritario para el gobierno.
Poco antes, a comienzos de mes, el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, conocido como OECCC, de origen español y mucha presencia valenciana, ya se había reunido con los partidos para plantearles su propuesta de regulación basada en criterios científicos y sociales. Esquerra Republicana, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Ciudadanos y PNV fueron algunos de los grupos políticos que recibieron a los representantes del OECCC. Su presidenta, Noemí Sánchez, explicó a este medio entonces que no tenían «plazos». Desde Unidas Podemos pidieron «tiempo».
Desde Más País, Jorge Moruno registraba ayer jueves una proposición de ley para regular integralmente el cannabis. Como los intentos anteriores, este acto quedará en un hecho simbólico no respaldado, porque tampoco existe un acuerdo de consenso entre fuerzas políticas, pero sirve de advertencia a Podemos para el liderazgo político del colectivo. Ya en las elecciones, Más País llevaba en su programa de puntos la regulación del cáñamo, y ahora apuestan por una regulación integral de la planta.