Arnau Alcaide
El 19 de septiembre de 2018 el Tribunal Constitucional anulaba la Ley del Parlamento Catalán 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. Esta sentencia del Tribunal Constitucional acabó con la esperanza de las autonomías de emprender su propio criterio allí donde el estado no había considerado intervenir. Mientras cuasi la totalidad de España presentaba iniciativas regionales, la siguiente en caer al Constitucional fue la ley de asociaciones navarra. En el S.XXI, toda la Galia está ocupada por los prohibicionistas… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor de soberanías, ¡adivinad!
La navarra de 2014, la vasca de 2016 y la catalana en 2017 conformarían la resistencia competencial que hizo actuar al órgano de justicia que vela por el cumplimiento de la carta magna. De acuerdo con el criterio del Constitucional, estas leyes regularían materias que son competencia exclusiva del Estado español, como la legislación penal o la relativa a medicamentos, y que, por lo tanto, no puede ser regulada en el ámbito autonómico. Sin desarrollar nada, más que el futurible «regularemos las asociaciones», la ley vasca no pudo ser declarada inconstitucional cuando el Tribunal Constitucional emprendió el cuestionamiento de estas normativas. Con la diferencia de que la vasca es una Ley de adicciones que incluye sin explicarlas a las asociaciones de cannabis, pero no es una ley destinada a las mismas. Esto invita a esta estrategia legal de presión autonómica a través de una ley de adicciones en lugar del desafío frontal de una regulación contraria a la ley estatal, según interpretan desde Eusfac, la federación vasca.
«Tanto la Ley Foral Navarra 24/2014 como el artículo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de las adicciones y drogodependencias, regulaban o definían estas asociaciones como un instrumento para proteger la salud y reducir los riesgos y daños asociados al consumo. Estas leyes también se recurrieron por el Gobierno, y los recursos ya han sido resueltos en las sentencias del Tribunal Constitucional 144/2017, de 14 de diciembre, y 29/2018, de 8 de marzo, respectivamente. En estos dos casos tenemos la sentencia contra la Ley navarra, que anula la misma por entender que invade competencias estatales, y la sentencia contra la Ley vasca, que la declara constitucional por entender que, aunque se habla de las asociaciones de consumidores de cannabis como instrumentos de reducción de riesgos, el artículo no desarrolla el funcionamiento de las mismas y, por lo tanto, no puede ser declarado inconstitucional», explicaba a su resolución para Cannabis.es el bufete especializado Brotsanbert, de la palabra de Francisco Azorín.
La mayoría de comunidades autónomas han votado a favor de propuestas no de ley para regular las asociaciones de cannabis. Como este medio recogió en el caso valenciano, estas PNL eran «simbólicas», así lo expresó por ejemplo Josep Nadal desde Compromís, y debían servir de medida de presión, pues los partidos implicados no veían factible la invasión competencial. No obstante, aunque estas premisas son ciertas, las consideraciones de reducción de riesgos son aplicadas por el estado en el Plan Nacional de Drogas, y de igual modo esta filosofía podría aplicarse a los clubes de cannnabis con una interpretación favorable.
Entrevistamos a Aitor Brión, representante jurídico de Eusfac, la federación que más lejos ha llegado con su administración autonómica tras la inconstitucionalidad de normas específicas como la catalana. Brión reclama una regulación integral que despeje toda duda e inseguridad jurídica al respecto, pero confía en que su vía proveerá al menos un marco preregulatorio al que acogerse en Euskadi y que podrá ser emulado o utilizado en argumentos para abrir camino a nivel estatal.
Un reglamento que regularía la actividad de las asociaciones de cannabis en Euskadi
Aitor Brión es el representante jurídico de Eusfac y actualmente mantiene un diálogo constante con el Departamento de Salud, que coordina la Sanidad autonómica. De forma inédita en España, en la reapertura de las asociaciones en Euskadi ha habido un feedback, una respuesta, institucional. El abogado explica que es una situación que viene de un aumento de la comunicación entre Salud y Eusfac a raíz precisamente de la cancelación de un evento con el que la administración contaba para normalizar e introducir, de manera más popular y en forma de reglamento por decreto ley, la única norma a priori validada por el Constitucional, que haría cuasi legales las asociaciones de cannabis. Se trataría de un reglamento por puntos fruto del diálogo biltareal que definiría al fin dentro de la Ley de Adicciones la función de los clubes de cannabis.
El Departamento de Sauld vasco autoriza la reapertura y pide desarrollar la seguridad de consumo
De momento, no obstante, la creciente relación entre ambos se ha centrado en la normativa para la reapertura: un listado de puntos a cumplir que ha recibido el amparo de la administración, con la petición de incluir detalladamente el protocolo de seguridad al consumir cannabis dentro de la asociación. Esto ya supone una novedad por la relación con la administración y seguridad jurídica que pueden tener, pues, por ejemplo, se acepta por parte de la administración que dentro de ese espacio se consume, aunque matiza que en el País Vasco no son tantos los problemas con la policía que derivan en los tribunales. Si bien, terminar judicializado es un «riesgo creciente» desde que el Tribunal Supremo en 2011 iniciase una jurisprudencia condenatoria con la sentencia de Pannagh, que sentó el precedente para que en el futuro, si no decrece la presión, se pueda llegar, lamentablemente, a la «pena de cárcel».
El reglamento no podría ser llevado al Tribunal Constitucional
Y es que siempre queda el cuasi, pues habrá que ver si Sanidad o la abogacía del estado tratan de impugnarlo en sus efectos, aunque a priori este reglamento que se haría por Decreto de Ley no podría volver a pasar por el Tribunal Constitucional. Brión confía que el signo del gobierno favorecerá el clima de opinión para que no ocurra una impugnación.
La iniciativa Eraikiz se cae y con ella la fecha del reglamento que desarrolla las asociaciones
Además, el coronavirus lo para todo. Y este momento único para el activismo vasco, del que el abogado está seguro de que se van a beneficiar todas las comunidades con la apertura de las posibilidades legales y la creación de un debate constructivo, se para. Se para, como todo, a la espera de que las prioridades, viejo enemigo del cannabis, se reorganicen en la política. De momento, el representante legal de Eusfac ya anticipa, pese a que desea que no ocurra, que este reglamento se pueda posponer a después de las elecciones, aunque insiste durante toda la entrevista que «esto no puede volver a pasar», refiriéndose al cierre y abandono jurídico de las asociaciones como única vía de provisión a pacientes y la ausencia de consideración de servicio esencial, dado su estatus legal.
La Iniciativa Eraikiz, construir o construyendo, se presentaba el 27 de marzo en un evento que se preveía multitudinario y que a 6 de marzo se suspendió para el 6 de noviembre. El motivo, una «precaución», explica Brió, que se confirmaba con la declaración de emergencia vasca, el día 13 de marzo, una jornada antes que el estado de alarma estatal. Este evento ponencia sobre la actividad de las asociaciones cannábicas y su papel en la sociedad ayudaría a concienciar simultáneamente con la entrada del reglamento vasco que definiría la Ley de Adicciones. El reglamento, las medidas que desarrollarán el funcionamiento de los clubes, debía salir en junio, pero su publicación puede quedar postergada a la celebración de este evento en noviembre, pasando por las elecciones autonómicas el 24 de julio.
ERTE para las asociaciones vascas, que sobreviven económicamente
Las asociaciones han podido acogerse al ERTE, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo que ha pagado los salarios del sector privado desde fondos estatales estos meses de pandemia, lo que ha permitido su superviviencia económica, otrora imposible, como se ha visto en otras comunidades. La situación de cierre es insostenible, reivindica el abogado, tanto para personas usuarias, especialmente medicinales, como para la función social que realizan los clubes, amenazada de extinción por insolvencia. «Esto requiere que se tomen las medidas para que no vuelva a ocurrir», unas medidas que, en el contexto actual, considera solo pueden ser tomadas desde la política, con una regulación que dé amparo legal a la actividad con la planta.
Cuatro años sin que se desarrolle un reglamento que estaba en su mejor momento de diálogo
Desde que se aprobara en 2016 la Ley de Adicciones, han pasado cuatro años en los que todavía no se ha desarrollado el reglamento que en ella se explicita. Pero antes de la emergencia estaban más cerca que nunca. El evento debía servir para introducirla. El punto referente a las asociaciones de cannabis en esta ley se planteó que pudiese salir asociado al de sustitución de condenas por consumo, pero al final se decidió desvincularlo en uno de los múltiples encuentros entre el Departamento de Salud y Eusfac. Este reglamento detallaría la actividad de las asociaciones, definiendo sus posibilidades y límites y proporcionando así un estatus de mayor legalidad.
Cierre y compra de material, guiado por Eusfac
Desde Eusfac han provisto de material a todas las asociaciones como un sistema centralizado ahora en la reapertura. El cierre, para el que dieron recomendación con un día de antelación a la ConFac, fue seguido por «aproximadamente el 90% de las asociaciones, federadas y no». El motivo de pedir el cierre el día 13 fue en consonancia con el aviso de la administración vasca, que señaló que «las asociaciones debían cerrar». En este punto el abogado es claro, pese a las necesidades de las personas usuarias medicinales: «La normal del estado de alarma era muy clara con la restricción de la movilidad y no admitía interpretaciones para permanecer abiertos». Algunos «presidentes» de asociaciones «han tenido que arriesgar salud y seguridad y las de sus pacientes para abastecerles», y lo que más le preocupa es «transmitir que esto no puede volver a ocurrir».