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La ONU advierte a Uruguay sin sanción en busca de «entendimiento»

La ONU advierte a Uruguay sin sanción en busca de «entendimiento»

Arnau Alcaide/Comunicado ONU

El organismo de la ONU que se encarga de hacer cumplir las leyes internacionales en materia de drogas recuerda a Uruguay que es necesario penar el cannabis. Lo hizo ayer en una reunión que no tuvo un carácter excepcional, pues viene recordando al primer país en legalizar desde hace años que esto no es posible, y utilizó un lenguaje amable, de «agradecimiento» y «entendimiento», que parece no condenar irremediablemente la legalización a sanciones.

Aún así, la Junta Internacional de Estupefacientes aprovechó para recordar a todos los países que «exige que los Estados Partes adopten las medidas legislativas y administrativas necesarias para limitar el uso de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos», un aviso que puede intimidar a los proyectos de regulación nacionales.

Así lo lleva indicando también repetidas veces a Canadá, aunque hasta la fecha no ha aplicado sanciones a los países que han regulado contra la fiscalización internacional y en junio de 2019 hizo declaraciones insólitas hacia la descriminalización del autoconsumo y el fin del abuso policial y judicial, incluso identificando violaciones de Derechos Humanos, alegando que estas leyes se pueden hacer cumplir de manera proporcional y que semejantes atropellos no están justificados.

Una postura que se presenta ambigua y revela que dicha ley quizás se está quedando atrás al no estar preparada para contemplar las regulaciones, como expresó este febrero el presidente de la JIFE, que señaló 2021 como un buen año para ver si las leyes internaciones de drogas todavía «se adecúan a su propósito». Y es que deberían redefinir un modo también más proporcional de proteger la salud pública que esta negación absoluta de la prohibición total, de innegables consecuencias apareadas.

La JIFE realiza consultas con Uruguay sobre la legalización del cannabis con fines no médicos

VIENA, 4 de enero (Servicio de Información de las Naciones Unidas) – Durante su 129º período de sesiones, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) celebró consultas virtuales con altos funcionarios del Gobierno de Uruguay para analizar los avances en materia de fiscalización de drogas en el país. Las consultas se centraron en la aprobación de la legislación en 2013, que legalizó el uso y el cultivo de cannabis en adultos con fines no médicos, y la implementación de las disposiciones de las convenciones de control de drogas en Uruguay.

En los últimos años, la JIFE ha expresado reiteradamente su preocupación por esta legislación y ahora aprovecha esta oportunidad para recordar a los países que el artículo 4 (c) de la Convención de 1961, en su forma enmendada, exige que los Estados Partes adopten las medidas legislativas y administrativas necesarias para limitar el uso de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos.

La Junta destaca que el artículo 3 (1) (a) de la Convención de 1988 exige la tipificación como delito de actos tales como «la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, oferta en venta, distribución, venta, entrega en cualquier condición, corretaje , expedición, expedición en tránsito, transporte, importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica contraria a las disposiciones de la Convención de 1961, la Convención de 1961 enmendada o la Convención de 1971 «.

La JIFE seguirá colaborando con el Gobierno de Uruguay en cuestiones de fiscalización de drogas y agradece el intercambio de información en las consultas durante el 129º período de sesiones. Dichos diálogos con los Estados Partes mejorarán el entendimiento mutuo y facilitarán la cooperación para cumplir con las obligaciones legales y lograr los objetivos de las Convenciones.


La JIFE es el organismo cuasi judicial independiente encargado de promover y supervisar el cumplimiento por parte del gobierno de las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la Convención de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas y la Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas. Establecida por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, los trece miembros de la Junta son elegidos a título personal por el Consejo Económico y Social por períodos de cinco años.

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