Benito Díaz
El Glifosato es un herbicida muy utilizado a finales de los años 90. Su efectividad fue avalada por el gobierno colombiano para intentar erradicar los cultivos ilegales de Cannabis y Coca, convirtiéndose de esa forma en una herramienta de la Guerra contra las Drogas. En la actualidad, aquel ejecutivo intenta volver a utilizarlo, sin tener en cuenta a las comunidades originarias y las consecuencias medioambientales.
Esta sustancia, fue producida por Monsanto de forma masiva, una compañía de agroquímicos y biotecnología, más tarde comprada por Bayer, el gigante farmacéutico en 2018. La empresa, ha sido señalada en muchas ocasiones como responsable de la creación de algunos de los químicos más contaminantes y peligrosos de la historia, por ejemplo, el Glifosato o el Agente Naranja, otro herbicida utilizado como arma por parte de EEUU en la Guerra de Vietnam. El Glifosato, cuyo nombre comercial es RoundUp, se usa de forma principal en cultivos transgénicos de soja, algodón y maíz. Según ciertas informaciones, la verdadera toxicidad del Glifosato se ha conseguido ocultar durante años, por los intereses de estas empresas multinacionales y la ausencia de estudios científicos.
En la actualidad, este producto está prohibido en muchos lugares de Asia y de la Unión Europea, no así en España, a pesar de las pruebas que demuestran las manipulaciones de los resultados de los estudios científicos llevados a cabo por Monsanto para demostrar la seguridad del compuesto en 1984 y 1991. Además, la multinacional también ha sido sancionada por emitir publicidad engañosa, en la que afirmaba que el Glifosato era biodegradable, cuando se ha demostrado que no solo no lo es, sino que además causa graves daños al suelo y, por tanto, al ecosistema y a la salud de las personas.
Conversamos con Luis Felipe Cruz, abogado y sociólogo investigador del centro de estudios jurídicos “DeJusticia”. Se trata de un grupo localizado en Bogotá que se dedica a la reclamación de Derechos Humanos y a la defensa del Estado de Derecho, promoviendo acciones de cambio social mediante investigaciones y propuestas de políticas públicas.
Introducción al Glifosato
“El Glifosato es un herbicida de amplio espectro, que funciona mediante la inhibición de una encima que permite la fotosíntesis. De esa manera, cuando se aplica la sustancia sobre la planta, ésta muere”, explica Cruz, experto en calidad de vida sobre territorios de cultivo e impacto de políticas de drogas en el acceso a derechos sociales en poblaciones cocaleras. “Esta sustancia se aplicó en la política de drogas de Colombia, teniendo registros desde 1974. En un primer momento, se utilizó para fumigar los cultivos de Cannabis en la Sierra Nevada, en la costa atlántica de nuestro país. Luego se usó para asperjar algunos cultivos de amapola (Opio), a mediados de los años 90, en zonas del suroeste. En 1994, se creó el programa nacional de aspersión de Glifosato, en específico para cultivos de Coca. Este plan, llamado Programa para Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Glifosato (PECIG) tiene vigencia desde aquel año”, expone Cruz.
El principal argumento a favor, nos cuenta, es que se trata de una medida efectiva para controlar las grandes plantaciones ilícitas de Cannabis, Coca o Amapolas: “Desde 1994 hasta 2015, se fumigaron alrededor dos millones de hectáreas de estos cultivos por vía aérea, desde avionetas. Sin embargo, a raíz de múltiples denuncias internacionales, se fomentó el estudio científico sobre los efectos del herbicida, con respecto a los posibles efectos sobre la reducción de las plantaciones de Coca”.
“En última instancia, eso depende de la composición del suelo, de su cantidad de nutriente y de las maneras en las que se procesan las sustancias en ese medio, a través de procesos de lixiviación. Lo que se ha llegado a saber, es que el Glifosato puede permanecer hasta seis años en el sustrato, pudiendo filtrarse hasta acuíferos subterráneos, generando una contaminación de las aguas de consumo”, advierte.
Se consolida el pulverizado en 1994
El experto nos comenta que la decisión de comenzar a pulverizar los campos con Glifosato se toma en 1994 de forma definitiva, tras algunas aproximaciones durante los años ochenta. Se toma como referencia una época de apertura neoliberal y búsqueda de crecimiento económico, contrapuesto a una situación de empobrecimiento de las economías rurales y agrarias. “Es un marco en el que se incrementan los cultivos, ya que tanto el cártel de Cali como el de Medellín, nacionalizan los cultivos de hoja de coca. En los años ochenta, traían la hoja desde Bolivia y Perú, para procesarla en Colombia, dar lugar a la Cocaína y enviarla a EEUU. Este era el negocio de Pablo Escobar, pero en los 90, lo que hacen es traer los cultivos y comienza Colombia a ser el primer productor mundial de ambas cosas”, relata Cruz, señalando a su vez que todo está relacionado con la escalada de violencia por los conflictos armados en Colombia. “Las fumigaciones con Glifosato son la antesala del recrudecimiento de la violencia paramilitar, de las incursiones guerrilleras y de las intervenciones del Estado (policía, ejército). El Glifosato se aplicó como estrategia de confrontación directa a la base social de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para minar la economía de esa guerrilla, sobre todo en zonas de Putumayo, Huila, Cauca, Meta y otras zonas del suroeste”.
Comunidades rurales y originarias
“El Glifosato no puede ser dirigido en concreto contra un blanco. Al fumigar, el viento puede llevárselo a lugares donde no es necesario que haya cultivos de Coca. Esa es una de las principales razones de por qué las comunidades fueron afectadas. Otra razón es que en Colombia no se respetó el derecho a la consulta previa, al consentimiento previo. Por si fuera poco, el Glifosato tiene efectos muy nocivos no solo en las plantas, también en los insectos, las abejas, en los anfibios, destruyendo las cadenas tróficas, además de generar deforestación en grandes zonas de la selva y destruyendo hasta las bacterias del suelo. Todo esto hace que las tierras se vuelvan estériles, y que, de forma paradójica, en esos lugares solo se pueda cultivar Coca”, afirma Cruz, todo lo cual afectaría a las comunidades habitantes de esos lugares, forzando su marcha en busca de nuevas tierras de cultivo.
La amenaza constante
“Desde 2015 la agencia de investigación contra el Cáncer de la OMS catalogó al Glifosato como ‘sustancia probable cancerígeno’, lo que llamó la atención sobre un herbicida de uso tan extendido en todos los cultivos a nivel mundial. Eso produjo que, no solo en Colombia, se suspendieran las fumigaciones, aplicándose el Principio de Precaución: ante la duda de que pueda producir Cáncer en la población, detuvieron sus usos hasta que se demostrase que esta sustancia es inocua o lo contrario, que es cierto que causa Cáncer. Sin embargo, desde hace dos o tres años, el Gobierno de Colombia quiere reanudar las fumigaciones, rearmando este debate sobre qué tan efectiva es una estrategia que, si bien puede producir ésta u otras enfermedades, hace frente a la reducción de los cultivos de Coca. Por otra parte, se ha demostrado que estas aspersiones no son eficientes”, relata el investigador.
Esto nos lleva de nuevo al argumento para la defensa del Glifosato, como es la efectividad para llegar a lugares donde se planta Coca, a menudo sitios lejanos o inaccesibles para destacamentos de erradicación terrestre, que arrancan la planta de raíz. “Para erradicar una zona, se necesitan grupos de cien personas que arranquen la hectárea y transporten los restos, garantizando su seguridad. Este sistema no parece eficiente para el gobierno, que defiende la fumigación. Algunos grupos armados, ocultan minas antipersona en el campo o en sus cercanías, lo cual ha provocado muchas bajas en el ejército y también entre campesinos que realizan estas labores, pagados por la propia milicia. En este momento, el país cuenta con más de 20.000 hectáreas de Coca, un hecho que refuerza la posición del gobierno”, relata el letrado, puntualizando que se trata de una estrategia que no solo es costosa a nivel de recursos humanos, si no también económicos, pues fumigar de forma efectiva una hectárea de Coca, cuesta unos 72 millones de pesos colombianos, porque para lograrlo se necesita realizar la fumigación unas 30 veces.
Alternativas
Cruz nos muestra dos soluciones de política pública que se podrían implementar. “Primero, una gran política de sustitución de cultivos de uso ilícito y sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de Coca, a través de estrategias de desarrollo alternativo. Los agricultores y cultivadores cocaleros, son personas marginadas a nivel económico del sistema y ven en estos cultivos o en el narcotráfico, una forma de trabajar y de permanecer en los territorios, zonas a su vez a las que no llega el tendido eléctrico, de difícil acceso, en fin, emplazamientos alejados de los mercados. Así, si alguien cultiva plátano, yuca o patata, es complicado que su producto sea comercializado porque es muy caro el transporte. Estas personas se vinculan a la Coca, un producto mucho más rentable respecto al costo de venta”, comenta el experto. En última instancia, lo que se trata es de ofrecer a estas familias una alternativa que les permita tener unos ingresos lícitos y regulares con los que poder mantenerse. “El problema de esta solución es que no ataca el fondo del problema, el asunto de los mercados ilegales. En Colombia, los grupos ilegales van y vienen de los mercados del oro, de la Coca, de la madera, etcétera. Esta dinámica versátil de los grupos armados, hace que sea muy difícil que na sola apuesta vaya a terminar con el problema”.
La segunda solución que propone Cruz, es una legalización de las drogas como medida para reducir el impacto de la prohibición en la generación de mercados ilegales con altas rentabilidades que permiten la creación de grupos armados que, al final, terminan poseyendo autoridad territorial en muchas partes. “La discusión sobre la hoja de Coca y sus derivados, la discusión sobre la regulación de la Cocaína a nivel nacional y global, es algo que nos interesa mucho, pues lo vemos como una salida a largo plazo estructural, junto con el desarrollo humanos de estos territorios, aunque se trata de una salida mucho más difícil de consolidar. Así, solo abordamos el desarrollo alternativo, como manera de reducción de daños de las políticas de drogas”.
Agenda oculta
“Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta que muchos de los territorios donde se ha propuesto la reactivación de la fumigación con Glifosato, son sitios donde se han localizado proyectos extractivos, ya sean mineros, energéticos o petrolíferos, en el medio plazo. La teoría, pendiente de mucha investigación, es que el Glifosato podría funcionar como una estrategia de vaciado territorial, expulsando a colectividades pobres, sometidas a violencia estatal o grupos armados, para desplegar esos proyectos cuando ya no haya nadie que se pueda oponer”, discurre Cruz, sin olvidar que, en general, la frontera cocalera es rica en coltán, oro y otras materias primas. “No es descabellado pensar que existen estos intereses, aparte del interés de vender un producto e imponer una dialéctica de terror sobre la población en estos territorios y reafirmar la línea política del gobierno presente”.
Más información sobre el estudio De Justicia, en su página web