Arnau Alcaide
Manejando tres propuestas diferentes de regulación para su toma en consideración, una ya rechazada, prolifera el debate del cannabis en la política, en los medios de comunicación -que se apresuran a informar con muchos traspiés de lo que tenían abandonado- y en la esfera pública que recibe estos mensajes. Nunca ha tenido el cannabis tanta visibilidad. Pero el punto de vista está puesto solamente en España, cuando las consecuencias de nuestra acción sobre el desarrollo internacional también son soberanas. ¿Qué hay de Marruecos, país vecino antes hermano y cuya economía tiene en el cannabis su principal bien de exportación? ¿Qué deseamos para la población agrícola que cultiva el hachís consumido en España?
Cerca del 30% de la población marroquí, 14 millones, trabaja en el sector primario, en el que lidera por antonomasia el cultivo de cannabis como bien más rentable y por lo tanto baluarte económico para la manutención de las familias rurales. Su transformación mecánica en resinas también es llevada a cabo por las familias para conservarlas durante más tiempo, que en algún momento no tienen más remedio que entrar en contacto con algún tipo de organización criminal para comerciar su planta. El gobierno marroquí no persigue el cultivo en zonas rurales, pues sabe de la importancia de ese sustento para las familias, que constituye la mayor parte de su renta, muy por encima de otros bienes del sector primario y con un volumen económico por delante de la industria del automóvil.
Por su relación histórica en la que el norte de Marruecos formaba parte de España, siendo el Rif, región tradicional de cultivo, un protectorado hasta 1958, España es país encomendado por la ONU a supervisar el proceso de descolonización, lo que ya ha tenido efectos en la política internacional con el Sáhara Occidental. Si se considera la prohibición una política occidental etnocentrista, por los efectos nocivos generados sobre los países productores con una costumbre prohibicionista, hecha ley internacional, de sus propios cultivos tradicionales, la prohibición podría ser una expresión colonial globalizada a ser deconstruida, lo que ya han apuntado grupos expertos.
A la espera de que los efectos de la legalización del cannabis medicinal puedan integrar a parte de su población agrícola en un circuito regulado sin los riesgos de las mafias y dotar de seguridad a la principal actividad económica rural del país para la prosperidad de las áreas rurales, sería un buen gesto de España tratar de incluir en la Agenda 2030 internacional y nacional el futuro de tantas personas. El investigador Kenzi Riboulet ya nos explicó cómo algunos de los objetivos de dicha Agenda 2030 aplicada al cannabis eran hacer partícipes a los países tradicionalmente productores del comercio internacional y no dejar copar toda la cuota de mercado a los occidentales, así como compartir el beneficio moral por sus variedades autóctonas y el uso comercial y publicitario de sus tradiciones, para reflotarlos económica y socialmente en una reparación de la injusticia histórica cometida con la prohibición.
