Arnau Alcaide
El documento «Rápido, Cierto, Duro: Nuevas Consecuencias para la Posesión de Drogas» en Reino Unido, presentado al Parlamento por el Secretario de Estado del Departamento del Interior en julio, acusa al usuariado «recreativo, casual, no adicto, cualquiera que sea la terminología» de las consecuencias sociales de la política prohibicionista y propone reforzar los apartados de la ley que reprimen a las personas usuarias: esto incluye castigos progresivos que pueden alcanzar la retirada del carnet de conducir o del pasaporte por la mera posesión de una droga ilícita.
El texto impulsado como Libro Blanco por los conservadores en el Gobierno, que no tienen mayoría en el Congreso para pasar una reforma en solitario, acusa a las personas usuarias de estar «protegidas del costo humano del tráfico de drogas» y poner «dinero en los bolsillos de peligrosas bandas de narcotraficantes, alimentando la violencia y causando daños sociales más amplios, incluida la destrucción del medio ambiente y la trata de personas».
«Se aplicará un nuevo marco de tres niveles a todos los usuarios de drogas, excepto cuando los usuarios tengan una dependencia a las drogas (descrita por Dame Carol Black como una condición de salud crónica), y el tratamiento sea la intervención más relevante». Es decir, la primera vez que te encuentren en posesión de una sustancia ilícita, se te impondrá una «sanción fija como alternativa al enjuiciamiento, que requiere que asista y pague un curso de concientización sobre drogas». No asistir al curso lleva a una multa mayor y no pagarla puede derivar en el enjuiciamiento del que se te perdonaba previamente, pues es un delito.
La segunda vez, se amonestaría a la persona con «un período de prueba obligatoria de drogas, junto con la asistencia a un curso de concienciación sobre drogas en una etapa posterior». Es decir, el estado te controlará el uso de drogas como a una cobaya de laboratorio.
Si te pillan una tercera vez «es probable que una persona sea acusada por su delito», ahora ya sí. «En caso de condena, podría solicitarse una nueva orden judicial civil que permitiría al tribunal imponer las siguientes condiciones: (i) orden de exclusión; (ii) etiquetado de drogas; (iii) confiscación del pasaporte; y (iv) la inhabilitación del permiso de conducir«.
Críticas a una inversión pública equivocada contra la sociedad civil
El lunes 10 se cerraba el período de comentarios a la propuesta normativa, que ha sido aprovechado por diferentes organizaciones del tercer sector para brindar sus críticas. Un ejemplo son Drug Science o Cranstoun, que invocan políticas desde el enfoque de la reducción de daños, que no reavive la fallida guerra contra las drogas y sus nefastas consecuencias sociales y sanitarias.
«En general, Drug Science consideró que muchas de las propuestas del documento no se basaban en evidencia científica y es poco probable que mejoren los resultados de salud. Es probable que varias de las sugerencias exacerben la discriminación existente dentro del sistema de justicia penal, y muchas de las penas parecen respuestas excesivas a la simple posesión«, concluyeron en su comunicado abierto sobre los comentarios a la propuesta ministerial.
«Orden de exclusión», una propuesta aún sin evidencia que precisamente es eso lo que parece reforzar
«Esta restricción podría prohibir que una persona asista a un área definida durante un período determinado, por ejemplo, un lugar particular en la economía nocturna o un área geográfica más amplia durante horarios establecidos. La restricción podría aplicarse, cuando sea necesario y proporcionado, para evitar nuevos delitos de posesión de drogas si, por ejemplo, hay evidencia de que restringir la presencia de un delincuente en ciertos lugares durante ciertos momentos es probable que disuada el consumo de drogas en el futuro», hipotetiza el texto ministerial al explicar esta medida prohibicionista sin contrastar, para después reconocer que aún no tiene evidencia pero que están deseosos de buscarla; eso sí, a costa de otras personas.
Etiquetado de drogas: la marca estatal de delincuente para avivar el estigma y hundirte socioeconómicamente
«Se podría exigir a una persona que use un monitor de drogas durante un tiempo establecido por el tribunal que verificaría si el individuo ha consumido drogas», se lee, para después especular con una tecnología pionera aún por contrastar en efectividad y grado de invasión de la privacidad. Un verdadero Gran Hermano, un 1984 a lo Orwell.
Confiscación del pasaporte contra el derecho a la libertad de movimiento
«El pasaporte del Reino Unido de una persona podría ser confiscado por un período de tiempo especificado por el tribunal. Esta restricción podría aplicarse cuando sea necesario y proporcionado«, reza la norma, proporcionadísima con los derechos y libertades. «Un tribunal ordenará a la persona que entregue su pasaporte en la comisaría correspondiente».
Inhabilitación del permiso de conducir si así evitan que compres
«Una persona podría ser inhabilitada para ser titular de un permiso de conducir del Reino Unido. Esta restricción podría aplicarse, cuando sea necesario y proporcionado, para prevenir futuros delitos de posesión de drogas si, por ejemplo, hay pruebas de que conducir es probable que resulte en el uso futuro de drogas y la descalificación disuadiría dicho uso». Pues lo dicho, para evitar que compres te quitan el carnet. Proporcionadísimo. «Como consecuencia de esta condición, el permiso de conducción se consideraría revocado. Al final del período de inhabilitación, según lo establecido por el tribunal, la persona deberá renovar su licencia».
«Rápidamente desechable, ciertamente un fracaso y dura de aplicar», Drug Science UK afirma que la política «no se basa en la evidencia»
El organismo fundado por profesionales del ámbito científico y sanitario para una política de drogas basada en la evidencia científica señaló contundente en los comentarios a la nueva propuesta en materia de drogas que «no están basadas en la evidencia». Así pues, habla de la ineficacia de todas las medidas y su ausencia de evidencia: desde los cursos fetichistas de la abstinencia, los controles de abstinencia periódicos, la cruzada contra las minorías étnicas
«No hay evidencia que sugiera que los cursos de concienciación sobre las drogas conduzcan a mejores resultados de salud. Se desconoce el impacto de los cursos de concienciación sobre las drogas tanto en el uso de drogas como en la reincidencia, ya que aún no hay estudios que lo hayan explorado. Las sanciones por no asistir a los cursos de concienciación sobre drogas serán costosas y requerirán mucho tiempo para las fuerzas del orden público, por lo que, en general, esta respuesta inicial a la posesión de drogas parece equivocada y potencialmente ineficaz», señalan de las medidas de primer nivel en un comunicado de su respuesta al Gobierno.
«La prueba de drogas propuesta en el nivel 2 presenta otro problema clave. Dado que el cannabis permanece detectable en la orina durante más tiempo que otras drogas, las pruebas obligatorias de detección de drogas ofrecen un incentivo para alejarse del cannabis hacia otras sustancias más dañinas (como los cannabinoides sintéticos). Esto puede empujar a los usuarios de bajo nivel a prácticas más peligrosas y riesgosas». Cuestión esta, la de la disponibilidad del cannabis para evitar adulteraciones, que no toman nada en serio en el país.
«Otro tema clave destacado es la desproporcionada selección de personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos, incluidas las comunidades negras y de minorías étnicas, por parte de las fuerzas del orden. Ya sabemos que es mucho más probable que las comunidades negras sean detenidas, registradas y arrestadas por drogas, sin que esto se justifique en tasas más altas de consumo de drogas. Las sanciones financieras y de otro tipo aplicadas en todos los niveles tendrán un impacto injusto en estas comunidades y, por lo tanto, aumentarán el racismo institucional de la aplicación de la ley contra las drogas«, prosigue narrando este problema estructural del prohibicionismo, una política racista en la práctica, si no lo fue en su concepción.
«Con cada instancia de posesión de drogas, las consecuencias aumentan, sin embargo, hay poca evidencia que demuestre que la amenaza de castigo es un elemento disuasorio para el consumo de drogas. Por lo que no se puede justificar la escalada de penas, especialmente por delitos de simple tenencia», desmonta. «El libro blanco [que recoge la propuesta] se basa en la idea de que las sanciones serán ‘rápidas y seguras’, pero, sin una inversión adicional en la policía o los tribunales, parece haber pocas razones para creer que la detección y el castigo de los delitos de drogas serán más rápidos o predecibles de lo que son ahora».
«Drug Science agradece la oportunidad de sustitución de las penas para aquellos atrapados en posesión de drogas; sin embargo, esta oportunidad debe estar disponible en todos los niveles: la posesión repetida de drogas puede ser un indicador clave de un problema de uso de sustancias, por lo tanto, se debe proporcionar un camino para salir de la justicia penal personas en todas las etapas», explica del error que es aumentar progresivamente el castigo.
«La criminalización de la posesión de drogas puede limitar las perspectivas de empleo de las personas, su capacidad de voluntariado, trabajo en escuelas y viajes. Las sanciones propuestas por este Libro Blanco parecen superar con creces el delito de simple posesión, afectando negativamente no solo al individuo, sino a sus familias y a la sociedad en su conjunto», lo que es una política dañina de libro blanco, pero muy blanco, porque no deja otro color.
«En cambio, Drug Science sugiere que se debe cambiar el enfoque de la inversión hacia esquemas de conexión y sustitución, y un alcance asertivo para apoyar a las personas con un trastorno por uso de sustancias«. En definitiva, un enfoque sanitario, humano, compasivo, empático; no uno de la época de las cruzadas: perseguidor de diferencias y culturas, moralizador a base de castigos y coercitivo cuando no estrictamente violento.