Benito Díaz
Tras las noticias que daban por consensuados los distintos cambios que podrían darse en la anunciada renovación de la Ley Mordaza, colectivos de la sociedad civil se pusieron en contacto para manifestar su descontento ante las interpretaciones y las ausencias que medios generalistas y especializados habían pasado por alto.
Cannabis.es ofrece un espacio para aclarar todos esos procesos y la importancia de las negociaciones sobre la mesa. Charlamos con Patty Amiguet y Ana Afuera, portavoces de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC).
Las declaraciones comienzan con la necesidad de reconocimiento para varios grupos de la sociedad civil, cuyo trabajo ha sido incansable y encomiable. “Creemos que el proceso que han supuesto las negociaciones ha supuesto un impacto político sin precedentes en esta legislatura. Hay mucho trabajo hecho, puede que todo el que no se hizo cuando se lanzó la Ley Mordaza”, dijo Amiguet, destacando el trabajo de grupos como No Somos Delito, una organización que ha trabajado mucho por los derechos de todo tipo de personas, incluyendo aquellas que consumen drogas.
Procesos y Pre-ponencias
“Hay que destacar el trabajo de la base social y de los activistas, además del de todos los grupos de izquierdas que están pactando por los derechos de las personas en general” explica Amiguet.
Al respecto de los artículos publicados en prensa, Afuera no ofrece comentarios. “Respeto la libertad de prensa y la libertad de expresión de los políticos. Todos los partidos han realizado un gran trabajo, sobre todo las coaliciones de izquierdas”, aclara. En seguida, Afuera abunda en el curso llevado a cabo para realizar acuerdos en este ámbito negociador. “Debemos reconocer el papel preponderante que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco (PNV), pues tuvo la valentía de presentar ese proyecto de enmiendas para una ley tan importante como la Ley de Seguridad Ciudadana, que afecta a muchos derechos fundamentales”, explica Afuera que también señala que más tarde fue imposible negociar con los partidos de derecha y extrema derecha.
Los acuerdos tuvieron que continuar fuera de la comisión de Interior que se encarga de estos procedimientos. “De esta manera, se llega a pre-ponencias (acuerdos previos) que se suelen hacer para que luego estos proyectos tengan mayoría en la cámara. Cabe recordar que se necesita mayoría absoluta para reformarla, ya que es una ley orgánica”. Estas pre-ponencias recogen las enmiendas que se han ido debatiendo para la modificación de la ley, sobre todo desde el gobierno y los partidos con los que suele sacar adelante las mayorías legislativas, partidos como PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, además de PNV, Junts, grupo mixto y grupo plural.
Las negociaciones comenzaron el año pasado y no se pudo llegar a ningún acuerdo entre partidos polarizados y fragmentados en el fuero interno por la división de opiniones al respecto. “La idea de estas pre-ponencias es que el acuerdo se presente en bloque, teniendo mayoría. De esta forma, con el pre-acuerdo del bloque de izquierda, sería presentar las enmiendas y dar lugar a un proceso rápido. Lo lento es lo que ya hemos superado”, comenta Amiguet.
“En este momento, al final de la legislatura, estamos pendientes de lo que pasa con esta ley, pues queda poco margen para la negociación. Tenemos esperanzas de que vaya a salir, aunque esperamos muy poco de los políticos”, sentencia Afuera. Y es que, como recogieron estas páginas, Unidas Podemos nos desmintió que estuviese cerrado el acuerdo sobre su enmienda para ampliar el alcance de los cursos de «reeducación», y así brindar alternativas a las sanciones económicas. Precisamente con las reticencias del PSOE y Junts, nos señalaron.
“Todos los partidos de izquierda han estado muy abiertos a escuchar a los movimientos sociales, no solo a los cannábicos, también a No Somos Delito y otras asociaciones por los derechos humanos, sindicatos, etcétera. Toda esa gente ha hecho un gran trabajo por estos derechos, que tienen grandes expertos detrás y son una joya de la democracia”, añade. Ambas activistas agradecen haber tenido oportunidad de trabajar con expertos y técnicos de sobrada experiencia en el campo legislativo.
Las activistas reconocen tener esperanzas en el cambio regulatorio y que se materialice, consiguiendo que las personas que toman drogas no sean la maquinaria económica que sustente el sistema penal. “Hoy he estado mirando unos datos que decían que la aplicación del artículo 36.16 de la Ley Mordaza, supuso en el año 2020 más de 62 millones de euros en multas y sanciones. Solo la aplicación de ese punto y solo en 2020”
Posición de los grupos cannábicos
“Desde nuestras organizaciones, la posición es clara. Estamos pidiendo que se eliminen todas las sanciones de la Ley Mordaza, pues vulneran el derecho a la privacidad, a la libre expresión de la personalidad, por ejemplo. Pensamos que la vía punitiva no es la mejor manera de luchar contra las drogas”, enumera Afuera. Aclara que esto es lo que se pide desde su grupo, pero no tiene que ser lo que al final se apruebe. “Somos realistas y sabemos que la excusa que se suele poner es que no sería coherente con la historia legislativa del país. No se podrán incluir todos los cambios, pero sabemos que se va a reducir la sanción de Tenencia de grave a leve, aceptado incluso por PSOE. También hemos sabido que se va a ampliar a todos los grupos de edad el tema de la “reeducación” que es como llaman ahora al curso de prevención o al tratamiento que ya se aplica en algunos casos”, resume Afuera. La portavoz narra la aberración que suponen, por ejemplo, las sanciones por el cultivo de Cannabis en el balcón de la propia vivienda.
“Es vulnerar el derecho a la privacidad del domicilio y creemos que el que se pueda llamar a una casa para poner una multa a una persona que está dentro sin hacer mal a nadie, es como si te pusieran una multa por salir en ropa interior a ese mismo balcón. Pensamos que esa sanción debería ser eliminada, pues no tiene precedente ni sentido”, denuncia Afuera, que señala también actuaciones policiales fraudulentas para conseguir pruebas sobre los domicilios en algunas ocasiones.
Las pequeñas sanciones que tampoco son de aplicación por su desproporción o por su reducido impacto, como las sanciones sobre las “kundas”, se aspira a que sean eliminadas del texto.
“Cabe señalar que, en los distintos territorios, la conmutación de la sanción por esta “reeducación” no es de aplicación o se transforma en servicios sociales, cambiando mucho la ejecución de ese programa. Pasamos de una localidad donde se aplica esta conmutación por un seguimiento de un año y análisis de orina para ver si estás consumiendo, a otra muy cercana donde se citan en programas de prevención, de reducción de riesgos, cosas relacionadas con lo que ha sido tu caso. Creo que es lo lógico, al fin y al cabo, debe ser proporcional la aplicación de la ley con el hecho juzgado. El objeto debe ser al final educar a la sociedad para que pueda suceder un cambio”, muestra Amiguet.
“La reeducación no deja de ser una visión paternalista al respecto del consumo de drogas. Otra cosa es una situación de abuso que podría requerir otro tipo de actuaciones, siempre desde un entendimiento. Se puede entender que esto aún queda muy lejos, pero si con ir a un sitio donde te dan un curso y quizás algo más de información sobre como consumir de forma responsable y segura, retirando la sanción, es mejor que pagar 600 euros como pasa ahora. Aunque siempre se quedará corto”.
La pregunta sobre cuál sería un tipo de “sanción” aceptable, las activistas reclaman partir de una derogación de la ley actual. “En otros sistemas, como Portugal, si agarran a un infractor le conducen ante un tribunal que decide si eres acreedor de entrar en el sistema. No todo el mundo entra, solo aquellas personas que sean evaluadas a través de ciertas preguntas hechas por esos árbitros. El resto de personas, firman un papel y dejan que se marchen. No todos los perfiles entran en un curso, que tiene unos costes adjudicados a través de subvenciones públicas. Ese filtrado podría ser una buena herramienta” añade Afuera.
“En la actualidad, si un menor accede a través del centro de salud a las solicitudes para conmutar la pena, queda en el aire como se registra esta petición de tratamiento. Hay facultativos, médicos, que realmente registran las cosas como es, sin la visión paternalista que denunciamos. No es justa una manipulación de datos que se usan a veces en contra de las organizaciones activistas al referirse a menores, y es que la mayor parte de las veces no se trata con la delicadeza y el detalle que se merece esta cuestión, solo para echar cosas en cara. Hay que valorar si es la droga lo que está afectando a cada menor o si son las condiciones y problemas estructurales de este país. Hay que valorarlo todo y tratar este tema como se merece”, subraya Amiguet.
Ambas activistas coinciden en señalar los derechos humanos como punto principal de partida, ya no solo de las personas usuarias. Reclaman la despenalización total y el fin de las sanciones, el derecho al autocultivo y miran al resto de Europa para reconocer el avance de derechos que se está dando lugar en los últimos tiempos. “Esperamos que esta ley se apruebe al final, hemos trabajado mucho y se ha dilatado demasiado. Es una responsabilidad de los grupos políticos, una ley que representa una flagrante reducción de derechos humanos y que ha sido criticada por el gobierno europeo, no puede estar firmada por un gobierno que se denomina de izquierda.”, concluye Afuera.