Los clubes de cannabis son la joya de la corona del activismo español, nacidos y forjados en el limbo de la alegalidad han jugado un papel protagónico en la lucha por la regularización, ya sea en los tribunales o creando cultura. Vamos a mirar a fondo estos quince años de vida que han generado más de 800 clubes a lo largo y ancho del país, repasaremos su historia e impacto social e iremos tras bambalinas conversando con gestores y empleados para analizar de cerca el sector.
UN POCO DE HISTORIA
Los antecedentes de los actuales clubes de cannabis (CSC) hay que situarlos a comienzos de los noventas cuando ARSEC una asociación barcelonesa escribió una carta a la fiscalía anti-droga preguntando si sería delito cultivar una plantación de cannabis destinada al consumo personal de un grupo de adultos, cuando la respuesta fue que en principio esto no era delito ellos decidieron sembrar 100 plantitas que acabaron en los medios de comunicación y posteriormente incautadas, absueltos por la audiencia provincial el caso fue recurrido ante el Supremo y tras dos años fue zanjado con una condena de prisión que quedó suspendida más sanciones económicas contra los directivos de la asociación. El TS entendió que no se pretendía traficar pero el cultivo era peligroso per sé y por esto debían ser castigados, aún así fue el pistoletazo para iniciativas similares como la bilbaina Kalamudia que en 1996 sembró 600 plantas para 200 personas; entre ellas parlamentarios regionales, concejales de varios partidos políticos, artistas, sindicalistas, médicos, etc. Su caso fue archivado al poco de abrirse y recogieron el cultivo sin ningún problema, algo que repitieron en el 99 y en el 2000 sin acciones legales en su contra y ante la falta de oposición sus cultivos se volvieron permanentes.
Por esa misma época la Junta de Andalucía encargó un informe sobre la viabilidad legal del cannabis medicinal y la posibilidad de abrir locales para su adquisición y consumo privado, elaborado por Juan Muñoz y Susana Soto del Instituto Andaluz de Criminología, iniciativa única en España que concluyó que aquí serían inviables los “coffee shops” a la holandesa pero se podrían abrir “centros no abiertos a un público indiscriminado, de acceso restringido a fumadores de hachís o marihuana, en los que se exigiría como medida de control de acceso el tener la condición de consumidor habitual. Es decir, lugares para el consumo privado donde se podría adquirir y consumir ciertas cantidades que no sobrepasen el límite del consumo normal”. Aunque el informe solamente se publicó en una prestigiosa revista jurídica terminó convirtiéndose en la guía para las asociaciones de la época que siguieron sus consejos y empezaron a regularizar su situación.
Ese mismo año y luego en el 2003 salieron dos sentencias del TS que contradecían la condena sobre ARSEC ya que entendían que la posesión de cannabis, incluso en grandes cantidades, no es delito si no existe intención de traficar. Así comenzaron a surgir proyectos que se identificaban como asociaciones de usuarios de cannabis y mencionaban en sus estatutos la posibilidad de crear espacios privados para el consumo y cultivo colectivo, y ya en el 2003 se fundaba la FAC. Pero el boom empezó en 2005 cuando la asociación vasca Pannagh sufrió una intervención policial en la que incautaron su plantación y detuvieron a cuatro de sus miembros, lo que parecía un golpe duro se convirtió en la gran victoria pues la Audiencia de Vizcaya archivó la causa en marzo del 2006 y al año siguiente la Fiscalía les devolvió el cultivo de cerca de 17 kg, la noticia se difundió como la pólvora y encendió la chispa de los clubes, un fenómeno que explotaría en los años siguientes de la mano de la crisis económica porque en tema de drogas nunca hay recesión.
En el 2009 la FAC publicaba su manual para crear un club de cannabis y al año siguiente se realizaría una presentación sobre los CSC ante la unidad Anti Droga de la Comisión Europea, usando los datos de producción de Pannagh. Los ponentes calcularon que el modelo de clubes generaría aproximadamente 155 millones de euros en cotizaciones a la SS, unos 367 millones de euros en ingresos directos para la administración española y unos 8400 millones de euros para el total de miembros de la UE. Sin embargo, en el 2011 Pannagh volvió a ser intervenida y su directiva regresaba a los tribunales, enfrentándose a condenas de cárcel por un año para cuatro de sus directivos por cometer delitos contra la salud pública, según dicta la sentencia del TS de diciembre de 2015 y cuyo recurso ante el constitucional fue admitido este mismo año.
En el 2011 las autoridades también intervinieron la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo de Ebers, en cuyo juicio el Fiscal pidió varios años de prisión y altas multas económicas para sus directivos, aunque fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Vizcaya terminaron en el TS luego de que la fiscalía recurriera y en el 2015 condenaban a sus cinco directivos a ocho meses de cárcel, que no cumplieron al ser su primera condena, más multas de 5.000 euros. Hay que destacar que cinco de los quince miembros de la Sala emitieron votos particulares defendiendo la absolución. Ese año también condenaban a la asociación barcelonesa Three Monkeys con ocho meses de cárcel sin multas para sus directivos.
Así el TS dejó claro que era el fin de los clubes de gran formato, entendían que no cumplian con la idea de “cultivo compartido” pero reconocían explícitamente que ese concepto sí quedaba fuera del ámbito penal y al crear esta jurisprudencia eliminaban parte del vacío legal obligando al sector a reinventarse. Muchas asociaciones cerraron sus puertas temporal o definitivamente, otras tantas fueron intervenidas sus cultivos incautados y sus locales cerrados. Pero siempre hay valientes que no se dejan amedrentar y algunos CSC buscaron la forma de adaptarse, hasta entonces la idea era tener muchos socios para justificar los cultivos; ahora se trataba de reducir el número pues esto era lo que condenaba el TS, así que muchos clubes se dividieron en grupos más pequeños, otros actualizaron su listado de miembros y dejaron solamente los reales o impusieron límites al cupo de socios, también se esforzaron por actuar de un modo más horizontal o repartir el cuidado del cultivo entre todos, haciendo turnos que demostraran que ninguno actuaba como traficante abasteciendo a los demás. Y luego están los rebeldes, como la sección catalana de la FAC que directamente llamaba a desobedecer estas sentencias por considerarlas injustas, el comunicado emitido por la FAC ese año era muy crítico con el TS e insistia en su manual de buenas prácticas como modelo a seguir, concluían que un club fuerte era aquel con una gestión verdaderamente participativa.
EN PRIMERA PERSONA
Por esos años la gestora de un club que llamaremos X decidió lanzarse a la aventura de abrir un CSC en una pequeña capital de provincia. Una falta laboral y una necesidad común de normalizar la vida de los consumidores de su ciudad fue lo que los impulsó, ellos como apasionados del tema vieron en la asociación un modelo de negocio viable que además les permitiría mejorar la vida de muchas personas. “Aquí no había nada parecido y la primera vez que fui al Ayuntamiento me tomaron por tonta, se reian de mi, pasándose la bola entre ellos, me dijeron que era imposible”, pero la gente del CSC X siguió adelante y en el 2014 la asociación cannábica se inscribió en el registro provincial y les fueron otorgadas las licencias de club de fumadores. Ella nos cuenta que a la semana de registrarlo todo la policía estaba preguntando a sus vecinos cuáles eran sus hábitos de vida y si se dedicaba al tráfico de drogas.
Su asociación tiene un máximo de 411 socios, que se renuevan solo si alguien se da de baja, desde el principio tenían claro que querían un proyecto pequeño, “algo que pague las facturas y permita abastecer a los socios”, el CSC X tiene un total de 6 trabajadores y precisamente por esto no les sale rentable gestionar ellos mismos un cultivo legal “esto supone una inversión muy grande tanto en dinero como en trabajo y además en cualquier momento te lo incautan y lo pierdes todo”. Ese es el riesgo, saber que existes en un limbo legal y que todo el trabajo de estos años puede desaparecen en un abrir y cerrar de ojos y como ella nos recuerda “lo peor de esto, lo más difícil es la gran cantidad de trabajo que supone empezar”.
El CSC X se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad, nada en su exterior indica su existencia, escondido en el anonimato el usuario ha de timbrar en un telefonillo para ingresar a la recepción, cuando pasas a la sala de humos te encuentras un espacio tranquilo, limpio y cómodo con gente usando el ordenador, charlando o tomandose algo. Aunque en su mayoría los socios del CSC X son hombres entre 25 y 30 años, una de sus trabajadoras nos comenta que poco a poco la cuota de mujeres va subiendo y que el rango de edad va desde los 19 a los 60 años. Ella nos vuelve hablar de la importancia del tamaño “el formato pequeño genera más confianza entre los socios, se sienten con más libertad para ser ellos plenamente y se generan amistades que trascienden el consumo del cannabis”. Su gestora añade “al hacerte socio se les da una charla que es muy importante, en la que intentamos hacer que la persona se sienta parte de la asociación, que se sienta uno más, se explican todas las normas del club y se insiste en cambiar la cultura y el vocabulario, por ejemplo aquí se retira no se viene a pillar”.
Para ella como para la gran mayoría del sector los CSC son una respuesta responsable ante el consumo de cannabis, piden una regularización y no una legalización, la diferencia es importante pues legalizar la planta supone dejar todo en manos de las grandes industrias y adoptar un modelo capitalista de mercado que a la mayoría de los gestores de clubes no les interesa. “Legalizarlo implica que se le aplicarían unos impuestos altísimos y la calidad bajaría, como con el tabaco” explica la gestora del CSC X, que insiste que lo ideal sería regular las inseguridades jurídicas de los CSC y reforzar este modelo. De ahí que la FAC o entidades como la Plataforma de Regulación Responsable sean tan importantes, estas entidades están recordando constantemente a los parlamentarios lo que el movimiento cannábico español realmente quiere y que legislen teniendonos en cuenta.
NUEVOS HUMOS.
Casos como el de Atxurra o La Cannameña, que tras ser intervenidos continuaron funcionando sin problemas al demostrar que su estructura interna cumple el principio de cultivo colectivo, dejaron claro que el TS parece haber resuelto temporalmente su vacío legal. Si a esto sumamos todas las iniciativas legales presentadas en los últimos años tanto a nivel autonómico como nacional cuyo eje son los clubes (ILP catalana, PNL balear, ordenanza municipal de Alicante, Ley de Adicciones del País Vasco) o mencionan los CSC como uno de los sujetos a regularizar (PNL Unidos Podemos, PNL PSOE, PNL ERC, PNL de Podemos Andalucía, PNL del PSOE Canarias, ILP Navarra) es más que factible que el vacío se esfume para siempre, ahora bien lo que venga dependerá en gran parte de que los de arriba nos escuchen, es decir, si sus leyes apostarán o no por el modelo actual.
Aunque este mismo año la ONU a través de la JIFE criticará a España por la proliferación de clubes, lo cierto es que han alejado a miles de consumidores de las mafias redirigiendo el dinero hacia el estado a través de impuestos, han generado empleo y mejorado la experiencia para miles de personas que ahora saben exactamente lo que consumen y lo hacen en un contexto seguro y responsable. Han sido la opción para miles de enfermos, es un hecho que han salvado vidas, sin exagerar, como nos cuenta la gestora del CSC X que sin dar nombres nos relata un caso milagroso dentro de sus socios. Está claro que a lo largo de estos quince años cuando un CSC realmente ha intentado dar la experiencia de asociación ha creando una cultura que mejora la salud pública y genera una red de individuos que se convierten en comunidad. Para la gestora del CSC X esto es lo mejor que tiene su trabajo, el factor humano, “las amistades forjadas en torno al cannabis acaban trascendiendo ese ámbito y se crean grupos de baile, de música, torneos de ajedrez, equipos deportivos etc.Gente que al principio venía sola ahora tiene un grupo de amigos con los que queda a todas horas”.
Es evidente que en España el cannabis ha salido del armario gracias a los clubes y a gestores como la gente del CSC X que poco a poco normalizan está realidad, representan un modelo capaz de evitar que el cannabis caiga en manos de grandes corporaciones y se convierta en un mercado salvaje. Aunque hay muchos clubes que son macroproyectos con objetivos más comerciales la realidad es que la mayoría quieren funcionar como negocios de barrio, pequeños, locales y cooperativos. Estos pequeños CSC tienen todos los ingredientes para crear un futuro mucho más prometedor que el que ofrecen drogas legales como fármacos, tabaco o alcohol. El movimiento cannábico es imparable, es la droga más consumida a nivel mundial y el panorama internacional está cambiando, así que tarde o temprano tendrán que mover ficha los poderes públicos y cuando lo hagan es importante defender este modelo, luchar por darle larga vida a los pequeños CSC que llevan más de una década generando buenos humos.