Benito Díaz
El pasado día dos de julio tuvo lugar una reunión y seminario entre distintas personas responsables del documento que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lanzó el 29 de junio. Este estudio se centra en el fenómeno de las intervenciones policiales y las detenciones arbitrarias con la excusa de las operaciones contra la droga, desde hace más de 50 años.
En el marco del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), los turnos de palabra comenzaron por la presentadora, Ann Fordham, directora ejecutiva de la institución. Según el orden de intervención, pudimos escuchar al embajador de Suiza, Félix Baumann; Doctora Elina Steinerte, presidenta-ponente del grupo de trabajo de la ONU por la Detención Arbitraria y profesora de políticas internacionales y legislación de derechos humanos en numerosas universidades; Yatie Jonet, abogada para mujeres en Malasia y activista por los DDHH; Anthony Ojuwu, secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria en 2018; Ambika Satkunathan, abogada por los DDHH localizada en Sri Lanka; Claudia Cardona, psicóloga para la Corporación Humanas Colombia. Problemas con la conexión de Internet impidieron la visualización de Zaved Mahmood, abogado hindú, y la falta de tiempo condensó las últimas intervenciones de Luciana Pol, Equipo de Política Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y de Giada Girelli, analista de DDHH y parte de la Organización Internacional de Prevención de Riesgos.
Primeras intervenciones
El embajador de Suiza comenzó con un recordatorio sobre la resolución alcanzada en materia de política de drogas de 2015. “Los DDHH atraen cada vez más atención. Es un asunto relevante pues transcurre afectando a varias fronteras y con la epidemia de COVID 19, las detenciones arbitrarias han aumentado”, comentó Baumann. “El Consejo de Derechos Humanos vela por la dignidad e intereses de muchos países, pues se trata de políticas que tienen impacto en la vida de millones de personas”.
La doctora Steinerte continuó con la información al respecto del aumento de las tasas de detenciones. “Las políticas de drogas actuales y las actuaciones de los cuerpos de seguridad, buscan una criminalización y estigmatización de las personas que consumen sustancias. Son políticas aplicadas a la salud que terminan en detenciones”, expuso. “Las políticas de drogas son puestas en práctica por multitud de estados, pero no disminuye el consumo, ni el narcotráfico, tan solo aumenta la ratio de encarcelación. No son productivas, solo hace más daño y malgastan valiosos recursos”, argumentó la profesora. Continuó haciendo hincapié en los inexistentes motivos para los arrestos, los episodios de violencia hacia esas personas, la falta de acceso a un jurado y juicio justos, además del problema de hacinamiento que están sufriendo en muchos penales alrededor del mundo.
Muchas de las intervenciones siguieron ahondando en las cuestiones de la despenalización del uso personal de sustancias, medidas alternativas a la criminalización, la protección de pueblos indígenas y de comunidades minoritarias estigmatizadas por la policía y agencias policiales.
Anthony Ojukwu, por ejemplo, llamó la atención sobre los factores sociales que suelen afectar a las personas estigmatizadas, como bajo status socioeconómico, lugar de residencia en un hotspot (lugar marcado por la policía como de alta criminalidad), etcétera. “La policía actúa en muchas ocasiones con violencia e impunidad. Las personas detenidas pierden sus derechos humanos de forma inmediata. Es necesario acelerar los juicios de estas personas, que en muchas ocasiones se pueden alargar hasta años sin presentar cargos, en situación de encarcelamiento”, argumentó el ponente en relación a Nigeria.
Testimonios reales
Tres disertaciones marcaron la conferencia. Fueron las palabras de Yatie Jonet, Ambika Satkunathan y Claudia Cardoni, personas que vivieron en carne propia las consecuencias de la Guerra contra las Drogas.
Yatie Jonet comenzó su experiencia con las drogas a los 15 años, en Malasia. Narró sus malas experiencias con el sistema judicial y penal de aquel país, donde fue internada en centros para su rehabilitación obligatoria. En Malasia se estima que hay algo más de 3000 personas detenidas en centros públicos y privados por estas causas. “Parece que el sistema busca curar, pero nada más lejos de la realidad. Después de detenerte, vas a un centro de rehabilitación. Te dicen que es por tu bien, que es su forma de darte amor. Pero te incomunican, te alejan de tu familia. Incluso hay gente que ha desaparecido. Si eres madre, te quitarán a tus hijos”, denunció Jonet. “Es hora de hacer un cambio en las políticas de drogas. No soy una criminal, no me veo como una criminal. Quiero que llegue el día en el cual ya no tenga miedo de contar mis experiencias. Quiero vivir en un ambiente en el que pueda vivir como una persona normal, cocinar, estar con mi familia. Es el momento de hacer un cambio en las políticas de drogas”.
La ley de Sri Lanka es similar a la de Malasia, según cuenta Ambika Satkunathan. “Mi teoría es que existen distintos patrones regionales de aplicación de las políticas de drogas. Se debe de mantener una mirada crítica, puesta en el progreso de la criminalización de colectivos minoritarios. Muchas veces, las personas no tienen acceso a fianza, pasan encarceladas uno o dos años sin representación legal, hasta que se les somete a un juicio. Tan solo se puede permanecer en esa situación hasta seis meses, según los papeles. Además, la ley de Rehabilitación exige que cualquier sospecha o información dada a la policía sobre consumo de sustancias, deba ser comprobada mediante la detención y el análisis de orina del individuo en cuestión. Después, la ley obliga a ir a un programa de tratamiento. Aunque puede elegir ir a la cárcel, lo que se está haciendo es imponer una rehabilitación obligatoria, un tratamiento a la fuerza. El ejército es quién se suele encargar de esto, utilizando la violencia y la disciplina militar”, concluye la letrada.
La abogada Claudia Cardona también denunció el impacto de la policía en la aplicación de políticas de drogas sobre colectivos de mujeres y personas vulnerables. Exigió una revisión de estas legislaciones, animando a todos los países a implementar las recomendaciones del informe de la IDPC, otro documento consultable.
“Alrededor de 874 mujeres están privadas de libertad por estos cargos, sin que se hayan siquiera probado”, relató Cardona, que vivió la situación de primera mano en su juventud. “Afecta más a mujeres pobres que ven en el narcomenudeo como forma de ganar dinero con el que mantener a sus familias. Viven sin derechos en esos centros, con mala alimentación y escaso acceso a la sanidad, peligrando su integridad física de manera constante. Con la llegada de la pandemia, su situación se recrudeció cuando el gobierno prohibió la entrada de terceras personas a las prisiones. Ni abogados, ni familia, profesionales de la salud u organizaciones de DDHH pudieron acceder al interior de los centros”, aseguró la abogada, especialista en la defensa y promoción de Derechos Humanos para mujeres encarceladas y justicia de género. “También fueron prohibidos los ingresos de materiales desde el exterior, incluyendo productos de higiene personal como los relacionados con la menstruación. Esto generó una situación inhumana, acrecentando la corrupción por parte de funcionarios que aprovecharon la escena”. Cardona concluyó con la propuesta alternativa a la prisión para estos casos, que, desde su grupo “Mujeres Libres”, pide que se contemple la prisión domiciliaria o la retención transitoria domiciliaria mientras no se garantice la aplicación de los DDHH en las cárceles de Colombia, “un lugar donde los observadores internacionales son ignorados por el Gobierno”.