Arnau Alcaide
El Ayuntamiento de Barcelona no comunicó a la Federación Catalana de Asociaciones Cannábicas (CatFAC) lo que notificó en su página web dos meses después. O, al menos, no todo. La administración advirtió de la situación a la que se veía abocada tras la sentencia en una reunión con representantes de la federación, pero no de la hoja de ruta con la retirada de licencias urbanísticas, la conversión de las asociaciones en otro tipo, inspecciones y la creación de un grupo de incidencia para la regulación estatal acompañado de una declaración de intenciones en contra de dichas acciones.
La federación catalana ha contado en el pasado con un encaje legal completo para su asociaciones, aprobado por mayorías políticas, y que recientemente ha visto desaparecida por la vía judicial la última norma que amparaba la formación y existencia de las asociaciones cannábicas de acuerdo a supuestos regulados. Entrevistamos a Patricia Amiguet, su presidenta, para averiguar que hubo muy poca comunicación con la sociedad civil por parte del ayuntamiento, que consistió en una única reunión del jueves 20 de mayo, de la que ya informamos, en la que estuvieron tanto ella como nuestro entrevistado entonces, Eric Asensio:
«Nos encontramos con una reunión donde nos dicen que ha llegado esta sentencia que anula la norma por considerarla competencia del Estado, pero desde la reunión hasta que ha ocurrido algo nos hemos encontrado en absoluta incertidumbre respecto de lo que ocurrirá. Falta saber si existen documentos de comunicación directa entre el Tribunal y el ayuntamiento. Hemos tenido muchas dificultades de comunicación, supongo que encima se junta que es verano. Estamos muy curiosos; ya veremos cómo será el grupo de trabajo», relata Amiguet.
«Falta saber si existen documentos de comunicación directa entre el Tribunal y el ayuntamiento».
Patricia Amiguet, presidenta de Catfac
Un jarro de agua fría
«Sentimos que ha sido un jarro agua fría, pasos atrás después de una gran trayectoria de trabajo informada, con debates y discusiones sobre cómo regular en Barcelona. Venimos de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la ley de la rosa verde. En Catalunya, donde deberíamos estar orgullosos de abanderar esta lucha basada en políticas de salud, es triste vernos sumergidos en esto jarro de agua fría. Precisamente ha causado el revuelo internacional porque Catalunya está en el punto de mira de la política de drogas y especialistas de varios países llaman para preguntar qué está pasando«, lamenta la presidenta, también coordinadora del proyecto subcontratado por el Departamento de Salud de la Generalitat para la difusión en asociaciones cannábicas de información en reducción de riesgos y daños.
El grupo de trabajo del ayuntamiento
«Nos enteramos unos días antes porque retrasaron la modificación. No sabíamos que se iba a crear el grupo de trabajo. Ahora estamos a la espera de recibir las cartas y notificaciones del ayuntamiento, y contenidos en la expectativa». Nos relata. «El grupo de trabajo del ayuntamiento no tengo claro qué podrá hacer, porque el trabajo se ha hecho; solo queda la incidencia política«, argumenta Amiguet, que espera que se doten de las herramientas para que así sea y sostiene que en ese camino también encontrarán a las asociaciones.
Contra la interpretación de cierres
«La duda que teníamos era si se quedaban las licencias ya en funcionamiento. Nos reunimos y nos dijeron que habían recibido la sentencia del TS, que no era recurrible y que obligaba legalmente a retirarlas», cuenta de la reunión del 20 de mayo, en la que todavía no quedó claro si se iban a retirar las licencias en activo. «No quiero decir nada del ayuntamiento, quiero creer por no llorar que han llevado los tiempos bien en este proceso. Han tenido la deferencia de contactarnos a las dos federaciones y lo que nos sabíamos era la fórmula de cómo lo iban a presentar», expone la Presidenta.
Amiguet es contraria a la interpretación que se está dando en otros medios sobre que esto va a implicar el cierre definitivo, aunque no quita gravedad al asunto. «La anulación de licencias es un retraso porque esto va a implicar que se vuelva de nuevo a la ausencia de control sobre lo que ocurre y deja de ocurrir. Teníamos unas guías y limitaciones en las que basarnos y ahora es todo un poco arbitrario. Estamos a la espera de las notificaciones a ver qué opciones nos dan. No creo que el tema de los cierres sea masivo, pienso que la inspección será una visita administrativa de revisión y si en principio todo funciona como debe funcionar no habrá revuelo. No creo que sea la intención cerrar las asociaciones ni mucho menos», comenta.
«Nos vemos expuestos legalmente, ya veremos qué motiva la inspección. Los titulares sensacionalistas tampoco ayudan nada en esto. No sé si se acaba aquí el recorrido o quedan opciones para seguir luchando. Es importante lo que te digo, que si hay un grupo de trabajo no quede en nada, porque solo queda la incidencia política, el resto del trabajo estaba hecho. ¿Qué vas a ir cerrando 200 asociaciones poco a poco?«, ridiculiza del futurible no deseado.
En 2016 se cambió la ley para no indemnizar 14,4 millones por cierres
En 2016, a la aprobación de la ley urbanística de ordenamiento de las asociaciones cannábicas, esta se modificó para no obligar al cierre de más de un centenar de asociaciones cannábicas que estaban antes de la ley y de acuerdo a esta no cumplían la distancia mínima a centros escolares. Así, si la ley hubiera obligado a su cierre, este habría representado en indemnizaciones 14,4 millones de euros para «rescatar» las licencias después del cierre y poder reabrir de acuerdo a la ley urbanística. Así lo afirmó ese año la teniente de alcalde Janet Sanz, que contaba con el recargo que supondría para la ciudad aplicar la ley con efecto retroactivo.