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Albert Tió: «Si el movimiento cannábico no se une, jamás conseguiremos nuestros objetivos»

Albert Tió: «Si el movimiento cannábico no se une, jamás conseguiremos nuestros objetivos»

Benito Díaz

El caso de la asociación AIRAM es muy conocido en el ámbito del activismo cannábico. Se trata de la única asociación cuyos responsables han llegado a ingresar en prisión, tras agotar todas las vías judiciales posibles. Una pena de cinco años por cargos contra la salud pública y asociación ilícita, para Tió y el tesorero de la asociación, Víctor Segués. Charlamos con Tió aprovechando una de sus salidas en régimen de Tercer Grado.

Albert Tió Rodríguez, de 54, es productor de eventos. Fue presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (FedCAC) y antiguo secretario de AIRAM, asociación cannábica pionera en el autocultivo de Cannabis de Barcelona. En la actualidad, compagina su vida como padre de tres hijos con el activismo, impulsando el partido Luz Verde, en calidad de afiliado.

AIRAM

La asociación AIRAM tuvo una vida de tres años, de 2011 a 2014, más o menos”, comenta Tió. “Desde que soy usuario de Cannabis, siempre me he considerado activista. Llegó un punto en el que decidí realizar actos para intentar cambiar las leyes”, nos cuenta. Recuerda que el primer contacto que tuvo con el Cannabis, aún sin ser consumidor, fue en Berlín, en una casa ocupada por proyectos culturales. “Allí tenían un invernadero. Fue una experiencia grata, di con unas personas que vivían aquella cultura”. Tió explica que estudió Ciencias Políticas y Sociología, así, siempre le ha interesado todo aquello que conlleva una transformación de la sociedad. “Incluso llegar a mejorar la calidad de vida de las personas”.

Una de estas acciones fue la creación de la asociación, como foco para la incidencia política. Así, se comenzó a tejer la red de FedCAC y tuvieron lugar encuentros con varios partidos políticos, para poder llevar a cabo esos cambios legislativos. “Creo que esos tres años en los que estuvimos abiertos fue una de las épocas más felices de mi vida. Pudimos desarrollar proyectos participativos junto a los socios, solidarios, de todo tipo. Cualquier cosa que pudiéramos imaginar, podíamos hacerla”, relata Tió, que señala que ya el primer año de apertura, tuvieron una primera intervención policial. “Desde que abrimos, estuvimos perseguidos. Supongo que esto resultó así al tratarse de una de las primeras asociaciones que se presentaron, ser una de las que más creció y sumado a la exposición política que quisimos mantener. Nunca intentamos escondernos de nada”, afirma.

Última Intervención policial

Hemos tenido seis juicios. Calculamos que habremos tenido seis intervenciones por lo menos. Los recuerdos son bastante intensos”, explica Albert Tió. “En la última, que provocó el cierre de la asociación, llevaron a cabo un gran despliegue policial, yendo a las casas de los responsables. En ese momento, habíamos tenido ya tres juicios, todos con resultado de absolución. Según el consejo de nuestros abogados, parecía que lo estábamos haciendo todo bastante bien y se estaba entendiendo nuestra propuesta”. Cabe aclarar que la actividad de AIRAM incluía su participación en la Ley Catalana de Asociaciones y que llevaba a cabo un amplio contenido en el ámbito de la prevención de riesgos e información a las personas consumidoras.

De la última intervención, salí esposado”, declara el activista. “La experiencia fue desagradable, pero también nos ha brindado la oportunidad de hablar sobre el modelo con algunas personas, mandos de la policía, por ejemplo. Creo que hemos hecho pensar a mucha gente. Incluso, el juez que dictó nuestra sentencia, reconoció que nuestro modelo asociativo está aceptado por la sociedad y tolerado por la administración”, lo cual fue la justificación para aplicar las menores penas a los cannábicos. “Creo que la batalla no está perdida, aunque esté muy negra en estos momentos. Debemos seguir adelante porque todo este trabajo no puede quedar en nada”.

La asociación AIRAM, contaba en el momento de su cierre con un total aproximado de 4000 socios, quizás la mitad activos. “Se trataba de una de las primeras asociaciones de Barcelona, donde ofrecíamos un local bien acondicionado y la posibilidad de participar en actividades no relacionadas con el Cannabis de forma directa. También era una alternativa muy atractiva para aquellas personas que no querían exponerse al mercado ilícito y poder consumir en un lugar seguro, participando del cultivo colectivo”.

Calvario judicial

Los costes de los recursos, agotando todas las vías posibles hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han sido elevados, llegando a tener que hipotecar cualquier propiedad en poder de los acusados. “Hemos tenido que vender todo lo que hemos podido, para poder pagar tanto los gastos judiciales como multas, campañas que hemos decidido llevar a cabo para dar visibilidad al caso y que pueda servir para cambiar las cosas”, aclara Tió. “El proceso ha sido duro, imagínate sentarte en el banquillo de los acusados cuando no te consideras un delincuente. Es una situación muy extraña, pero hemos mantenido la dignidad y la cabeza alta. Por mi parte, he aprovechado las últimas palabras de todos los juicios para intentar explicar el modelo asociativo, tratar de dar a entender que en este caso no solo se nos juzgaba a nosotros, sino a todo el movimiento”, debido a su participación en el código de buenas prácticas que lo regía.

Es posible que nuestra exposición mediática debido a nuestro activismo político, nos situó muy rápido en el punto de mira. Además, estábamos ejerciendo una actividad que como bien sabemos está en el límite de la legalidad. Nos hubiera gustado pagar impuestos al respecto de lo que hacíamos, pero eso es muy difícil. Nos habría gustado poder llamar a la policía cuando nos entraron a robar, pero al hacerlo nos hicieron otra intervención”, lamenta Tió. “Nos convertimos en una amenaza para aquel que no quiere que el modelo asociativo se instale. Ahora mismo, vivimos un momento en el que los tribunales están llegando a influenciar a la sociedad en muchos aspectos que impiden que ésta avance”.

El cargo de asociación ilícita fue incluido a raíz de una circular que promovió la Fiscalía General del Estado en 2013, como estrategia para afectar el desarrollo del movimiento cannábico. Así, todas las asociaciones que fueran acusadas de cargos contra la salud pública, se les incluyera el cargo de asociación ilícita con la intención de empeorar todas las penas que pudieran aplicarse. En nuestro caso, tres años por salud pública y dos por asociación ilícita, encareciendo las posibilidades de suspensión de la condena”. En otras causas, refiere, también fueron acusados de blanqueo de capitales. “Estás haciendo circular un dinero que muchos bancos ni siquiera te dejan tener en sus cuentas. Una asociación grande tiene grandes gastos, también quisimos demostrar que se trata de una manera de reactivar la economía, hasta el punto en el que propusimos pagar el “impuesto verde”, que no nos dejaron pagar. También la creación de puestos de trabajo, claro. Ahora hay muchos estudios que constatan que se podría producir una nada desdeñable suma en impuestos, de cobrarse”.

El anterior representante de AIRAM hace frente a las dudas que pudieran darse al respecto de los activos de la asociación, al responder a la pregunta de dónde está el dinero de AIRAM. “En las asambleas, siempre presentamos las cuentas de la asociación. Había meses que igual el resultado era de un millón de euros, pero todo quedaba justificado en pago de nóminas, alquiler, mantenimiento… de todas formas, las cuentas las llevaba una gestoría. Se debe tener en cuenta que cada vez que se intervenía un cultivo, había que rehacerlo desde cero, lo que supone mucho gasto. Luego habría que contemplar los gastos en abogados, en recursos que teníamos abiertos… los números casi llegan a salir negativos, en mi opinión”, justifica Tió, asegurando que, al ser parte integrante de la elaboración de los códigos de buenas prácticas, siempre intentaron acercarse a un alto porcentaje de transparencia. El activista bromea al respecto de las dificultades que tiene en la actualidad para llegar a fin de mes y de la situación que ha tenido que afrontar, con la organización de crowfundings para llevar a cabo las acciones de protesta, ya que se encuentra con la nómina bajo embargo, aún para sufragar deudas, multas y gastos jurídicos desde la cárcel, pagando el alquiler de su vivienda y con menores a su cargo.

Actualidad

Tió se encuentra en régimen de Tercer Grado, teniendo que acudir a dormir al penal cuatro noches a la semana. Tendrá que seguir de este modo hasta que concluya el tiempo de la condena o hasta que se le conceda un indulto. “Cumplidos tres cuartos de condena, se puede optar a la libertad condicional” ,explica.

El activista por los derechos del Cannabis, menciona las actividades de Luz Verde en el Senado. “El PSOE ha hecho un giro inesperado, cuando estaba apoyando los procesos participativos de Navarra y Catalunya. Siempre apoyó el proceso de regulación de las asociaciones, pero hace unos días tuvimos una reunión con ellos y nos dijeron que iban a centrarse en promover las conclusiones de la mesa de regulación del Cannabis Medicinal. El Recreativo tendría que venir después, en todo caso”, comenta Tió, que narra una reunión con representantes del Partido Popular en la que se mostraron en contra de la propuesta de regulación integral de Podemos. “Ven como un peligro que se debata esta ley en el Congreso”.

El sector está siendo acosado por todos los frentes”, refiere Tió al respecto de la actualidad cannábica. “Tanto las legalidades de las asociaciones, con el rechazo del Tribunal Supremo al recurso del Ayuntamiento de Barcelona, como un aumento de las intervenciones, por ejemplo, la de Alacannabis, señalan una tendencia que luego será aplicada a asociaciones de toda España. También se persigue a negocios que gozaban de cierta legalidad, como los bancos de semillas, los growshops, los cultivadores de Cáñamo industrial o de CBD. Todo apunta a que es un ataque directo para defender el trozo de pastel que sí están desarrollando, otorgando licencias a multinacionales para la exportación a países donde si existe una regulación precisa. Esto cae en una contradicción tremenda porque sí se puede cultivar para la exportación, pero no se puede cultivar para tratar a enfermos de nuestro territorio”.

Albert Tió reconoce que quizás no es el mejor momento para establecer una asociación cannábica, sin embargo, no debería darse un paso atrás después de todo lo conseguido. “Voy a seguir luchando hasta el final para lograr avanzar más lejos todavía, pero hay que ser conscientes de que estamos en un momento muy delicado. Hay que aprovechar para conseguir esa unión que cuesta mucho tener en el sector cannábico pero que es necesaria para poder alcanzar nuestros objetivos y defendernos de cualquier ataque. Si nuestro caso consigue que nos unamos, pues sea bienvenido porque si no lo hacemos, nunca lo conseguiremos”.

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