Comunicado OECCC/ Arnau Alcaide
Grupos de activistas de la sociedad civil de Canadá, Argentina, Chile, España, Uruguay y Viena, defensores de los Derechos Humanos, ponen su voz a una en una intervención contra la prohibición de la cannabis en la 65 edición de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.
Colectivos como el Grupo de Mujeres de la Argentina (GMAF) o el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) han sido representados por la portavocía del abogado Héctor Brotons una vez más ante los Gobiernos de la ONU durante la CND 65 para denunciar ineficacia política de prohibir el cultivo y consumo de cannabis. Estas organizaciones ya hablaron en el plenario de la CND 63 sobre la regulación del cannabis, así como en la CND 64.
La reclasificación del cannabis en los Convenios fue una de las recomendaciones realizadas por en la CND 63. Así, la intervención de Brotons señaló la mejora en programas de cannabis medicinal e investigaciones que han aumentado las evidencias científicas. Por otro lado continúan en muchos países los castigos, detenciones arbitrarias y discriminaciones a personas por la tenencia y autocultivo de su medicina. Al mismo tiempo, se usan criterios no científicos en la definición de cannabis, ya que se consideran su flor como droga, sin usar el índice de psicoactividad, tal y como recomienda la ONU.
Un punto clave de la intervención fue el autocultivo medicinal. Brotons detalló que: “El orden eminentemente prohibicionista también genera problemas legales y de salud a usuarios medicinales del cannabis, sobre todo en el caso de aquellos que optan por autocultivar. Cuando el autocultivo, con seguimiento médico, ha sido regulado en distintos países, no tiene porqué ser inseguro y deber ser respetado como elección personal”.
También destacó que es necesario alinear las políticas públicas de Cannabis con la Agenda 2030, tal y como se detalla en el informe publicado realizado por estas organizaciones. Por estos motivos denuncian la ineficacia de prohibir el cultivo y consumo de cannabis y hacen 3 recomendaciones:
- Que se anule la fiscalización internacional del cannabis, profundizando en las recomendaciones de la OMS enfocadas a garantizar el acceso al cannabis para quienes lo necesitan, y proteger el derecho a la salud.
- Que, desde las autoridades de fiscalización, cese inminentemente la represión, la criminalización y la estigmatización de las personas que usan cannabis, o que lo cultivan para sí (individual o colectivamente) amparados por sus derechos.
- Que se incluyan, en el programa de trabajo 2019- 2029, objetivos sobre las políticas de cannabis desde la perspectiva de los derechos fundamentales y del desarrollo sostenible: “Pongamos a las personas en el centro».
La intervención de Héctor Brotons
En primer lugar, agradecer la posibilidad de hablar en este plenario, al igual que hicimos en la 63 sesión de la CND.
Desde entonces, se ha producido el cambio de clasificación del cannabis en las listas anexas a los Convenios de fiscalización de drogas. Siendo este uno los tres reclamos que solicitábamos desde 2 de las actuales organizaciones firmantes.
Igualmente, han aumentado los programas de cannabis medicinal en diferentes estados. Se ha mejorado las investigaciones y han confirmado la evidencia científica del uso de cannabis para tratar trastornos, enfermedades e incluso para mejorar la calidad de vida.
Por el contrario, las leyes represivas sobre el cannabis, después de casi un siglo de fiscalización, siguen sin apoyarse en estudio científico específico, que respalde su supuesta peligrosidad, y producen criminalidad de estado que afecta a los niveles democráticos de estos. La fiscalización no ha reducido los problemas ni cualitativos ni cuantitativos en cuanto al tráfico de drogas y a su consumo.
Al respecto podemos decir que hay países que han realizado normas internas, registrando a personas para tener su medicina natural y tradicional, pero se ha visto que muchas personas han vivido detenciones arbitrarias o se les ha cuestionado su documentación, como así también han vivido persecución defensores y defensoras de Derechos Humanos, por eso reclamamos el acompañamiento de los organismos internacionales para vigilar las recomendaciones de las Naciones Unidas referente al uso de cannabis. Siendo los que aquí exponemos, profesionales e investigadores para dar nuestro aporte a la ciencia y a la comunidad internacional, se han de respetar nuestros espacios conformados para dicho fin (organizaciones, asociaciones de usuarios de cannabis, cooperativas, Federaciones, etc.).
Así mismo, siguen habiendo criterios no científicos en la definición del concepto de cannabis. Por ejemplo, se sigue considerando la flor de cannabis como estupefaciente independientemente de su toxicidad: es el caso del cáñamo industrial. Por ello, es necesario avanzar en las recomendaciones de la OMS y descartar del concepto de cannabis fiscalizado plantas con el % de THC mínimo.
En este sentido, el orden preminentemente prohibicionista también genera problemas legales y de salud a usuarios medicinales del cannabis, sobre todo en el caso de aquellos que optan por cultivar su propio cannabis. Cuando el autocultivo, con seguimiento médico ha sido regulado en distintos países, no tiene porque ser inseguro y deber ser respetado como elección personal.
Es evidente la afectación a derechos humanos como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, a la información, a la salud y al derecho de asociación por parte de las políticas represivas sobre drogas.
Héctor Brotons, abogado del OECCC y portavoz de la sociedad civil con el cannabis ante la ONU
La agenda 2030 orienta a todas las autoridades de todos los ámbitos a alinear su actuación con sus objetivos. El OECCC ha publicado un manual de políticas públicas titulado Cannabis sostenible, como guía para alinear las políticas de cannabis y cáñamo con la agenda 2030 de desarrollo sostenible.
La ciencia, la dignidad de toda persona, sus derechos fundamentales, deben ser la prioridad de todas las decisiones que están por tomar en los tiempos venideros, por tanto GMAF, OECCC y las demás organizaciones firmantes reclaman:
- Que se anule la fiscalización internacional del cannabis, profundizando en las recomendaciones de la OMS enfocadas a garantizar el acceso al cannabis para quienes lo necesitan, y proteger el derecho a la salud.
- Que, desde las autoridades de fiscalización, cese inminentemente la represión, la criminalización y la estigmatización de las personas que usan cannabis, o que lo cultivan para sí (individual o colectivamente) amparados por sus derechos.
- Que se incluyan, en el programa de trabajo 2019- 2029, objetivos sobre las políticas de cannabis desde la perspectiva de los derechos fundamentales y del desarrollo sostenible: “Pongamos a las personas en el centro».