Arnau Alcaide
Con la delicada situación social, económica y sanitaria derivada de la pandemia, las administraciones públicas se plantean cómo enfrentarse a los nuevos desafíos mediante comisiones que aborden temas concretos y puedan dar soluciones para legislar o trazar estrategias públicas. Acostumbrados a hablar de la nueva normalidad desde la salud, los temas económicos empiezan a liderar la preocupación de los ejecutivos, y el cannabis tiene algo que aportar en la autonomía valenciana.
Las Cortes valencianas han decidido crear la Comisión de Reconstrucción para reducir el impacto de la crisis postpandémica. Desde Agricultura ya han mostrado interés en recoger sus propuestas, y es aquí cuando el grupo parlamentario de Compromís, mediante el excantante de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha invitado a la institución de referencia en el mundo cannábico valenciano, el Fòrum Cannàbic Valencià, a realizar sus propuestas a la Mesa de la Comisión Permanente de Agricultura, Ganadería y Pesca de las Cortes, que serán tomadas en consideración en aras de dicha reconstrucción.
El Foro Cannábico Valenciano está formado por personas investigadoras, usuarias, productoras, distribuidoras, growshops y estudios jurídicos. Nacido con la voluntad de establecer un espacio que aglutine todos los temas relacionados con el cannabis, sus objetivos son la defensa de los derechos de las personas usuarias y su posibilidad de asociarse y cultivar, para los que aspiran a servir de interlocutor válido entre las instituciones públicas y la sociedad civil, de cara a cambiar la imagen negativa de la planta y regularizar su uso.
En declaraciones a este medio, Joan Bertomeu, abogado protagonista de las relaciones con la administración, ha explicado que se trata de una “gran oportunidad” para la industria del “cáñamo” en el campo valenciano, que es “legal”, pese a las trabas que sufre, y tiene mucho más “recorrido de mercado” del ya presente. La Comisión de Reconstrucción no legalizará el cannabis en España, pero podría terminar de normalizar en Valencia un sector de agricultura de alto valor añadido y cuya última expresión son tiendas de CBD a las que tenemos acceso, así como consolidar la participación del FCV.
Esta relación institucional con la administración valenciana ya tuvo precedente en una reunión con Joan Ribó, el alcalde de València, en noviembre de 2017 para tratar de “trasladar a la alcaldía las problemáticas a las que usuarios, asociaciones y tejido empresarial se enfrentan a la hora de normalizar y reconocer jurídicamente una realidad social asentada en València, así como de impulsar un proceso de diálogo entre la sociedad civil y las instituciones similar al realizado en otras autonomías, o en ciudades como Barcelona, Donosti, Alicante o en Castellón”, donde esa misma semana se había presentado también una Ordenanza Municipal con el objetivo de regular urbanísticamente las asociaciones cannábicas.
Unos meses antes, las Cortes Valencianas aprobaban una propuesta no de ley para la creación de una comisión específica que aborde la seguridad jurídica en el acceso al cannabis, que no puede ser constitutiva de delito, y por su dificultad para progresar, trasladaba la responsabilidad a las Cortes y al Gobierno de la Generalitat de elevar al estado la cuestión. Junto a los intentos de regulación autonómica en Catalunya y Navarra, así como el prudente éxito en el País Vasco, Valencia, como Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Murcia, Andalucía y Canarias, han aprobado PNLs, Proposiciones No de Ley con el objetivo simbólico de hacer una declaración de intenciones o allanar el terreno para la futura regulación. La comisión de estudios valenciana todavía está a la espera y La Comisión de Reconstrucción que ahora se crea no está en esas, aún.