Arnau Alcaide
Entrevistamos a Lucía Muñoz, Portavoz en el Congreso de los Diputados de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, la comisión competente de presentar los borradores de las leyes en materia de drogas, acerca de una regulación integral del cannabis.
Lucía es diputada de Unidas Podemos por las Illes Balears, licenciada en ciencia política y máster en cooperación internacional, y ostenta varios cargos en el legislativo entre los que destacan tres portavocías de comisiones parlamentarias: la de Cooperación para el Desarrollo, la de derechos de infancia y adolescencia, y la de la comisión reguladora que nos atañe.
De momento, la regulación integral del cannabis la aborda Podemos a nivel interno, aún pendiente de cerrar algunos “flecos” para presentarla en la comisión, pero confía en que “el interés de otras formaciones” y de la “ciudadanía” la pondrán sobre la mesa, y desea que la regulación se haya producido para el final de la legislatura.
No ajena al recrudecimiento de la judicialización de las personas y empresas que se relacionan con el cannabis, achaca los problemas de seguridad jurídica a la ausencia de regulación y lamenta que el debate se produzca “en los Tribunales antes que en el Congreso”.
“Nuestro modelo tiene en cuenta la realidad social e incontrovertible que tenemos en nuestro país, y es que ya existe un modelo para la regulación en el que las asociaciones y el autocultivo están recogidos”, confirma para tranquilidad del movimiento civil. Además, pese a que piensa que se debe hacer desde un marco estatal, este contemplará la posibilidad de que las autonomías redacten sus propias normativas, revirtiendo el bloqueo competencial que ha impedido el progreso de regulaciones autonómicas.
“Lo que nos ha motivado a hacer esta propuesta ya desde hace unos años es que observamos que el debate que se da a nivel académico y mundial no es si se va a regular o no, sino qué tipo de regulación se va a llevar a cabo”, explica del propósito de llevar adelante la regulación.
“La falta de regulación genera unas externalidades negativas que justifican que propongamos regular el mercado”
“Desde el punto de vista económico, se observan una serie de externalidades negativas que se generan en un mercado ilícito de cannabis”, ahonda en las motivaciones de una regulación integral. “Estas son en términos de facilidad de acceso para menores de edad, de impacto social por la mayor criminalización, de Salud y en términos de calidad del cannabis; es un producto del que no solo se hace un uso adulto sino también medicinal, y ahora mismo nadie puede asegurar que el cannabis que se utiliza en tratamientos cumple con unos estándares de calidad”, prosigue.
Desde la perspectiva financiera, “vemos que todo el dinero que deja de percibir la ciudadanía, porque no llega a las arcas del estado, se va a otros lugares y puede financiar actividades ilícitas”.
Aunque destaca una “inquietud” al regular el mercado
“El sector empresarial ve una oportunidad económica de muchos beneficios que nos genera inquietud hacia cómo se van a distribuir los beneficios económicos que se deriven de esa actividad. Nos genera inquietud que la riqueza del nuevo sector no llegue abajo”.
Pero esto ya ocurre con el sistema de licencias de la AEMPS, la Agencia del Medicamento dependiente de Salud que las adjudica, que ha reconocido “particularidades en cada caso”:
“Observamos el desequilibrio que se produce con las licencias cannabis y nos produce indignación, porque no pueden quedarse los beneficios en manos de unos pocos, tienen que llegar al conjunto de la ciudadanía. Proponemos un sistema de licencias democratizado al que pueda acceder todo el mundo que diferencie entre interior y exterior, número máximo de plantas, promueva el cooperativismo, que promueva la vertebración territorial, siendo más baratas en zonas despobladas. Y sobre todo no permitir que haya empresas que acumulen un poder de mercado que puedan competir con precio, esto ha pasado en EEU y no es nuestro modelo”.
¿Es entonces urgente revertir la situación de las licencias, dar un acceso a la propiedad más horizontal?
“El tren de la regulación está pasando y los otros grupos no están abordando la regulación como nosotros, porque es un trabajo que se viene abordando desde la duodécima legislatura y viene avanzado, aunque queden flecos por cerrar. Desde luego, esto no va a caer en el olvido.
Ya tenemos un modelo que más que de regulación es de autoregulación, entonces nosotros al regular lo que hacemos es interpretar la realidad existente. Autocultivo y asociacionismo estarán libres de las licencias para el mercado regulado. Lo que sí que existirán serán restricciones para que solo se pueda ejercer un uso adulto como tal. Sin publicidad, y con limitaciones, no es cultivar lo que nos dé la gana”.
Cáñamo como un cultivo cualquiera, diferenciado del cannabis psicoactivo:
“Ese es precisamente uno de los pilares en cuestión ahora. Un ámbito que no tenemos tan desarrollado y que es importante desarrollar porque lo que estamos viendo en otros países es que ya es está haciendo. Incluso en España sí hay una comercialización de productos con bajo nivel de THC y en algunos lugares está más permitido que en otros. Estamos estudiando cómo establecer la diferencia y dotar de marco legal a los usos del cáñamo industrial. Si diferenciarlo legalmente o no del cannabis psicoactivo”.
¿Cómo interpretas la legalidad del cáñamo en España? Asistimos a incautaciones constantes de CBD por el país:
“La falta de regulación lo que genera es un problema de inseguridad jurídica que tiene consecuencias nefastas para mucha gente e incluso empresas. No se justifica. Es precisamente esa falta de regulación lo que provoca esta situación insostenible y siendo conocedores de lo que está ocurriendo creo que lo más sensato es proponer una ley marco estatal que incorpore a las comunidades autónomas.
Entrega de competencias a las autonomías:
“Ya han demostrado Euskadi, Catalunya o Navarra, con sus respectivas regulaciones, su interés en la materia, y lo mismo otras comunidades con iniciativas para presionar en esa dirección. No podemos desatender esta realidad porque hace tiempo que vemos que hay un giro en la política de cannabis a nivel mundial y tenemos que dejar atrás la política prohibicionista y avanzar hacia la prevención de riesgos y reparación de daños”.
¿Está en cuestión el sector del Growshop? La incautación de semillas a un banco [Dinafem] en varias dependencias dispara las alarmas en un sector que se creía seguro
“El enfoque prohibicionista y punitivista de nuestro marco legal hace que ocurran estas cosas. Es la falta de regulación la que está generando esta inseguridad jurídica que a medida que pasa el tiempo va tocando a sectores que parecía que podrían tener una mayor seguridad jurídica y hemos visto que no es así. Es otro motivo más para plantearse seriamente si lo que estamos haciendo con este enfoque punitivista nos está generando más costes que beneficios, y que puede haber una vulneración de derechos humanos. Con lo cual, es otro motivo más para plantear una propuesta seria de regulación”.
Reducción de daños y riesgos: la política de drogas de Podemos
“En Podemos hay un debate abierto. Piensa que hemos pasado por un proceso interno que ha reestructurado las diferentes áreas del partido que este tema toca de forma transversal. Hay que dar un tiempo a considerar todas las propuestas en este sentido. En la política del cannabis lo tenemos claro porque lo venimos trabajando de hace tiempo y por eso a día de hoy tenemos un borrador de ley bastante avanzado”.
Colectivos que participan en la propuesta y elaboración:
“Desde 2018 presentamos la propuesta a la sociedad civil en las jornadas en el Congreso y vamos manteniendo el contacto con los grupos que participaron de esta propuesta [como Confac] y escuchando sus aportaciones. Nuestra trabajo es fruto de una propuesta que ha hecho el grupo parlamentario, pero en contacto constante con la sociedad civil. Es un proyecto que se mantiene vivo a medida que van surgiendo cuestiones y tenemos que ir resolviéndolas con el asesoramiento de las personas expertas y mayores conocedoras del tema”.
¿Cuál es el diálogo con el PSOE dentro o fuera de la Comisión?
“Esta propuesta de ley es un trabajo que se está haciendo a nivel interno y que por tanto no se está abordando en la comisión de adicciones de momento. El diálogo con los grupos parlamentarias llegará cuando tengamos una propuesta con todos los flecos cerrados. Creo que el tema acabará surgiendo en la comisión de adicciones y otros espacios, ya no porque lo impulsemos nosotros, sino porque hay otros grupos parlamentarios que están interesados, pues importa a la ciudadanía y quien no lo vea vive en un país diferente”.
¿Cuándo estará lista?
“Cuando cerremos todos los flecos que tenemos, porque te podrás imaginar que diseñar un modelo de regulación con tan pocas experiencias internacionales de referencia, intentando beber de lo mejor de cada una de ellas y adaptándolo a un contexto geopolítico muy concreto como es el nuestro, no es una tarea absolutamente fácil ni que se haga de la noche a la mañana. Esta es una tarea que tiene un largo recorrido dentro de Podemos y del grupo parlamentario y que los que hemos llegado nuevos asumimos como reto y ojalá el horizonte sea el final de la legislatura”.
¿Crees que va a ser sensible el Partido Socialista? Esta semana pasada el portavoz del PSOE en el parlamento de Canarias pedía la regulación medicinal con la aprobación de una PNL:
“Desconozco la interna del Partido Socialista, pero me puedo imaginar que hay una diversidad de opiniones en este tema y que hay sectores más conservadores y sectores que quieren avanzar y lo demuestran con la aprobación de iniciativas legislativas como la que hemos visto en Canarias. Y, ojo, que la pasada legislatura también se aprobaron iniciativas firmadas por el Partido Socialista en relación con el cannabis en las autonomías”.
Comunicado de Albert Tió tras la inadmisión del recurso del TC: crowfunding a Estrasburgo
“Nos parece un fracaso absoluto que el debate de la regulación se vaya a dar en los Tribunales y no en las Cortes Generales que es donde se tendría que dar y estoy segura de que Albert Tió está de acuerdo conmigo en esto. Me parece que su caso concreto es susceptible de diversas interpretaciones y en este sentido yo no quiero pronunciarme porque no sé si voy a interferir en un diálogo que pueda haber a otros niveles”.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han reconocido haberse fumado un porro recreativo en el ámbito privado, pero cuando llegamos a la política de drogas, cuesta el debate:
“Sinceramente desconocía esta información y creo que las personas usuarias de cannabis están muy estigmatizadas y que más que una contradicción lo que hay es una normalización y una visibilización del uso de una sustancia que, ojo, no es inocua, y nosotros no vamos a fomentar su uso, por lo que por ejemplo restringimos la publicidad en nuestra propuesta, pero que no tiene unos daños físicos y psíquicos brutales como otras sustancias y que se puede equiparar al tabaco y al alcohol. Ayuda a que el cannabis se vea como cualquier otra sustancia estupefaciente”.
Miguel Vila acusó a Podemos Cannábico de entorpecer la regulación. Tampoco Podemos recogió la propuesta de cannabis esencial durante el confinamiento. ¿Existe una buena relación?
Desconozco el pasado de la relación entre Miguel Vila y Podemos Cannábico. Yo tengo una relación cordial con los enlaces que tengo del círculo cannábico y conmigo siempre han tenido un ánimo constructivo y han hecho unas aportaciones interesantes. No te puedo decir nada más porque ahora mismo esas tensiones que haya podido haber en el pasado yo no las estoy viviendo especialmente.
¿Podemos Cannábico está participando en el texto entonces?
Evidentemente estamos en comunicación, como también con otros actores de la sociedad civil.