Arnau Alcaide
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes liberó ayer su informe 2020 sobre la supervisión de la producción y consumo de plantas y sustancias sometidas a control médico. En él, vuelve a recordar que los países no son soberanos uno a uno para regular el cannabis de acuerdo con los convenios internacionales y que solo es posible su producción con fines médicos y científicos. Identifica, no obstante, que las regulaciones de este tipo avanzan en contra de su criterio.
«La JIFE sigue preocupada por las medidas […] para la legalización del cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos. En estrecho diálogo con los Estados, la JIFE reiteró las disposiciones fundamentales de la Convención Única de 1961, […] de 1971 y […] 1988. La JIFE hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas legislativas y administrativas que limitaran la producción de cannabis, su fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión exclusivamente a fines médicos y científicos», valora el informe de la supervisión internacional.
Las sustancias consideradas drogas están sujetas al control de este organismo, la JIFE, que desde el ámbito internacional de la ONU supervisa, se reúne con países, les advierte y, aunque no ha llegado el caso aún, les podría sancionar. Anualmente, presentan este informe en el que recogen datos de la evolución de la oferta y demanda ilegales de sustancias fiscalizadas, en el que es habitual que reúnan las reprimendas que han ido ejerciendo a las países que han legalizado. Destaca, no obstante, la crítica en el exceso con los Derechos Humanos de otros países, si bien no incorpora la autocrítica de su encaje internacional.
Firmar la paz con una arma
«Los Estados deben aplicar un enfoque amplio, integral y equilibrado en las respuestas relacionadas con las drogas. Las estrategias deberían basarse en el principio de proporcionalidad en la determinación de las condenas, la responsabilidad compartida y el respeto por los derechos humanos, las libertades y el estado de derecho en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 16 (promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas)», una afirmación que compartimos literal en Cannabis.es y no obstante pertenece a la realidad deseada, no a la presente, como explica el investigador Kenzi Riboulet en su extenso trabajo de armonización de la política pública en la regulación del cannabis con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
«Se alienta a los Estados a que atiendan a los vínculos entre los delitos relacionados con las drogas y otras formas de delincuencia organizada, incluidos el blanqueo de dinero, la corrupción y otras actividades delictivas, en consonancia con los tratados de fiscalización internacional de drogas y los instrumentos de lucha contra la delincuencia y el terrorismo», prosigue. Se alienta a la persecución acrítica, y complementaria para la violencia, del monstruo del narcotráfico. Preocupan los países asiáticos aún no alineados con estos tratados y, mientras con una mano se tacha la violencia institucional vulneradora de Derechos Humanos, con la otra se alienta a la Guerra contra un mercado ilegal que no tiene cabeza, solo brazos ejecutores en un sinfín de criminalización.
Para tratar de garantizar la salud de las personas usuarias de drogas criminalizadas por el mundo, «la JIFE pone de relieve la importancia de la resolución 61/11 de la Comisión de Estupefacientes, titulada Promover actitudes no estigmatizantes para asegurar la disponibilidad y la prestación de servicios de salud y atención y servicios sociales para los consumidores de drogas y el acceso a esos servicios. El empleo cuidadoso de la terminología puede ayudar a prevenir la estigmatización del consumo de drogas y de la drogodependencia y promover la plena protección de los derechos humanos», un maquillaje, de formas no de fondo, que no esconde su intención de ser presentado de forma atractiva sin ninguna evaluación de las motivaciones del estigma social e institucional del que desean proteger a la población usuaria y que impide su acceso efectivo a la salud en igualdad de condiciones.
Pandemia
-Se interrumpe la asistencia en salud mental de personas en tratamiento de adicciones en una situación de estrés extraordinario.
-Graves abstinencias a quienes se interrumpe el tratamiento con medicamentos sustitutivos de la heroína. No menciona el consumo asistido, pero se entienden las mismas consecuencias.
-Métodos alternativos a la asistencia: se empujó cuando esta cerraba, ya sea en consumo asistido o por la vía del medicamento sustitutivo, a las personas en tratamiento al mercado negro.
-Escasez y riesgo de sustitución por sustancias más peligrosas, aumento de precios y cambio de los métodos de distribución: internet y postal.
-Baja la oferta y/o la demanda de drogas «de fiesta».
Mayores
El informe centra su inicio en los consumos de personas ancianas, principalmente provenientes de medicamentos recetados, de las que dice faltan datos y a las que se presta poca atención. Se piden programas específicos para estas personas.
Nuevas sustancias no fiscalizadas de riesgos desconocidos le corren a la prohibición
De nuevo, una llamada a la represión sin perspectiva crítica, a la acción conjunta de países para evitar estos mercados en lugar de reflexionar sobre lo que supone el valor añadido de este sector de innovación en la sombra, en el mercado ilegal. La prohibición, en una suerte de carrera espacial de los sintéticos, facilita el elevado valor de nuevas drogas de diseño, legales por un breve tiempo, hasta que las autoridades sanitarias descubren su comercialización como otro objeto y pueden, o no, fiscalizarla.
África
Cada vez más países se proponen regulaciones para la producción legal de la cannabis. Persisten el problema del consumo de tramadol y la falta de datos más exhaustivos del continente.
Centroamérica
«Corrupción, violencia e inestabilidad política», se llevan el protagonismo.
Norteamérica
Se habla de crisis de consumos por drogas ilícitas y aumento de muertes en el continente. «México se centra más en la salud pública», refiere respecto de las diferentes legalizaciones por el continente, lo que podría interpretarse a modo de absolución al país que va a regular este 2021, pero bien podría referirse también a la ya aprobada ley medicinal sin acceso a la planta del 2020, el año sobre el que versa el informe. En cualquier caso, parece un tono indulgente en el continente más adelantado al respecto.
América del sur
Destaca el aumento ligero de los cultivos de hoja de coca. Riñe a Uruguay y Brasil por la despenalización del cannabis y su distribución legal en el caso del primero y, en el segundo, por el uso de sustancias fiscalizadas en terapias alternativas, refiriéndose principalmente, sin decirlo, al tradicional preparado de ayahuasca. Lamenta el incremento del consumo en Uruguay y no incorpora el argumento del país de que este se produce al ritmo normal. Recoge el retraso de la edad de acceso al cannabis en el mismo.
Asia
Aumenta el tráfico de heroína y metanfetaminas, las incautaciones de heroína y el consumo general de sustancias ilícitas, también en niños. Insta a la creación de servicios de rehabilitación. Esto en Asia meridional; en Asia occidental, alertan del aumento de producción de opio ilícito, principalmente en Afganistán, sobre el que se dasorrollan algo más.
Europa
Destaca patrones de consumo que ya conocemos, así como el desplazamiento de las compras a internet y la red oscura. Advierte de que varios países están tomando medidas para «legalizar el uso del cannabis con fines no médicos». «Los Países Bajos se convirtieron en el primer país europeo en legalizar, aunque temporalmente por un período de prueba de cuatro años, el cultivo y la venta de cannabis con fines no médicos en diez municipios en determinados coffee shops. El cannabis debe proceder de productores neerlandeses con licencia del Gobierno y la primera cosecha está prevista para 2021. Otros países que examinan la posibilidad de legalizar el cannabis para fines no médicos son Luxemburgo, que siguió trabajando en un proyecto de ley, y Suiza, que aprobó la realización de un estudio a largo plazo para examinar los posibles efectos de la adopción de una medida de este tipo». Les recuerda que no pueden hacerlo.
Oceanía
Insta a los países que aún no se han unido a las convenciones a hacerlo. Recuerda a Australia que es ilegal su legislación del autocultivo con fines no médicos.
Proyectos de la JIFE
Destaca sus diferentes proyectos de lucha contra el tráfico o Guerra contra las Drogas y la ayuda que prestó mediante otro proyecto distinto para facilitar las sustancias fiscalizadas a los países en desabasto.
Crítica para mejorar
Aunque no se hace mucha, lamenta la desigualdad mundial en el uso de medicamentos que utilizan las sutancias fiscalizadas entre países. Señala que el control de drogas debe respetar los Derechos Humanos y que de ninguna manera, como reconoce ocurre, puede derivar en situaciones extrajudiciales.