Benito Díaz
La ley que se aplica en la actualidad en el Estado de Nueva York castiga con multas y penas de hasta un año de prisión la posesión de jeringuillas. El proyecto de ley que despenalizará su posesión y venta ya está aprobado por la cámara alta, y espera su ratificación por los senadores y el gobernador Andrew Cuomo, tras las protestas de los agentes sociales y pruebas de repuntes en enfermedades como el VIH.
La aprobación de la medida significaría un triunfo para el activismo social, que ha peleado por ella durante más de una década. El código estatal de Nueva York clasifica las jeringas como “parafernalia para el consumo de drogas” y su posesión se considera un delito menor de clase A, esto es, punible hasta con un año de cárcel y multas de hasta 1000 dólares. El proyecto de ley 2523 eliminaría esta denominación y protegería a las personas usuarias de ser sorprendidas portando estos objetos, incluyendo jeringas nuevas y usadas.
Los programas de intercambio de cánulas existen en Nueva York desde hace años, sin embargo, el acceso a los mismos se transforma en una cuestión complicada para los colectivos consumidores, que temen a las autoridades y al estigma; además de adolecer de cierta ineficacia debido a las normativas y de ser vilipendiados por políticos conservadores y ciudadanía.
Repuntes en contagios de VIH
Durante el año pasado, en los condados de Monroe, Onondaga y la Ciudad-Estado de Albany (NY), se produjo una carestía de jeringuillas y un aumento en el contagio de VIH entre personas consumidoras, además de sobredosis con resultado fatal. En el caso de Monroe, el territorio registró más casos nuevos en un año que en cualquiera de los cuatro anteriores. Los gestores culparon a la pandemia y a la retención de fondos destinados a este fin por parte de la administración de Andrew Cuomo.
El contagio se dio sobre todo entre personas afro y latinas, alcanzando un número de 55 personas contagiadas por vías que podían haberse prevenido; y eso solo en Monroe, donde se han podido obtener datos fiables.
El proyecto de ley 2523 es un paso adelante en la normalización de las instituciones y autoridades en el tema de las drogas inyectables. Este suministro de jeringuillas estériles a las personas usuarias es una de las vías más eficaces en la prevención y control de las enfermedades de transmisión por sangre, como el VIH o la Hepatitis C. Los programas de ayuda social existentes, como los que pueblan el Programa Suplementario del Estado de Nueva York (SSP) desde principios de los años 9, han logrado reducir la prevalencia del VIH desde porcentajes del 50% hasta solo un 17%.
Programas de ayuda y denuncias sociales
Estados Unidos no es famoso por su sistema público de salud, tampoco por sus ayudas sociales. Además de fomentar críticas al respecto del SSP, políticos conservadores de las cámaras del Estado han señalado estos grupos como “programas de bienestar para drogadictos” y han votado para cerrarlos.
El intercambio de jeringuillas solo puede darse por parte de 25 organizaciones autorizadas independientes en toda la región. Para beneficiarse del programa, una persona debe apuntarse en una lista y obtener un carnet que lo identifique como usuario. Esta documentación debería servir como salvoconducto en el caso de que fuera hallada una jeringuilla entre sus posesiones. Sin embargo, se han detectado muchos casos en los que la policía ha hecho caso omiso de estas tarjetas, llegando a confiscarlas o destruirlas, produciéndose mientras tanto cientos de detenciones por estas causas.
Otro obstáculo para el acceso a estas inyecciones limpias, es que muchas personas consumidoras carecen de los recursos para comprar jeringuillas aún en los puntos autorizados, como farmacias. También existe un tope de ventas, establecido en 10 unidades.
Durante 2019, al menos 549 personas fueron arrestadas en Estado de Nueva York por hallarse en posesión ilegal de jeringas, según datos del Departamento de Servicios de Justicia Criminal del Estado. Estos datos, no incluyen a personas que se enfrentan también a cargos mayores. Y es que, en ocasiones, la tenencia de estos objetos no es el cargo principal, pero se utiliza para que las personas se declaren culpables y evitar antecedentes más graves. A pesar de ello, ese mismo año 322 personas fueron condenadas por los cargos de tenencia de jeringuillas y sentenciadas a prisión, multas, libertad condicional y otros castigos. En 2020 fueron 298, concentrados en el norte del Estado y Long Island.
Roberto González, director del programa de intercambio de jeringuillas de ACR Health, en declaraciones al diario City & State New York, explica que escribe cartas a los jueces cuando un participante es arrestado. El responsable aclara que sus misivas pueden hacer que se retiren los cargos, pero aseguró que los arrestos tienen efectos negativos sobre la comunidad de consumidores, dado que obstaculiza los deseos de esa persona para abandonar el consumo. “Si despenalizasen las jeringuillas, más personas estarían dispuestas a venir e inscribirse en el programa y obtener los servicios que necesitan sin temor, pues saben que no se les cobrará por las jeringuillas ni se verán acosados por la policía”, comentó.