Benito Díaz
La Ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, informó de la entrega de una propuesta a la Asamblea Nacional para que se elimine la tabla de umbrales para la posesión de sustancias psicotrópicas. La homóloga de nuestro Ministro de Interior, argumentó que se trata de una respuesta frente al incremento del microtráfico en el país, foco de preocupación en el país, tras el desempleo y la inseguridad.
El esquema conocido como “tabla de drogas” nació en 2013 como herramienta para diferenciar a las personas consumidoras de los narcotraficantes, buscando un reconocimiento de los Derechos Humanos de aquellas. Gracias a estos y otros movimientos del gobierno socialista de Rafael Correa, se descriminalizó el consumo de sustancias psicoactivas en el país centroamericano, dotando a las personas consumidoras de una garantía de justicia que contemplaba la prioridad de la presunción de inocencia frente a las acusaciones de organismos tales como la policía o la fiscalía del Estado. También se reguló el acceso a cannabis de CBD con objeto médico.
La medida se propone sin que el ejecutivo de Lasso haya implementado ningún tipo de política de drogas para sustituir a la tabla, cuyos partidarios señalan como elemento de trabajo para las fuerzas del Estado y se preguntan cómo se diferenciará ahora a los dos grupos.
«Prohibición de detención del usuario. Ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización»
Art. 30. de la constitución de Ecuador.
Umbrales, política de drogas progresista
El cuadro presenta una serie de sustancias, establecidas aquí como las que acreedoras de una frecuencia de consumo superior y habitual. Por ejemplo, se podía portar hasta 2 gramos de pasta base de cocaína o 20 gramos de Cannabis, sin que ello incurriera en una pena de cárcel en consecuencia directa. Expertos advertían ya en aquellos primeros momentos que no se trataba de expender un salvoconducto para la toma de sustancias, sino de establecer unos mínimos que permitieran distinguir al “adicto” del narco.
Las cantidades mínimas de heroína son hasta 0,1, máximo considerable como “pequeña escala”, pasando por 0,2 máximo para la “media escala” y “gran escala” a partir de 20 gramos. Otro ejemplo, con la MDMA, de la cual se establecía un máximo de 0.09 en pequeña escala y un tope de 12,5 gramos en adelante.
El informe del Transnational Institute (TNI), institución internacional para el desarrollo de políticas de drogas, explicaba en 2015 que las políticas de drogas en Ecuador estaban en proceso de “humanización”. La ley anterior, la 108 de 1990, establecía una férrea prohibición y persecución de “la droga”, con la consecuente criminalización de las personas consumidoras, las “mulas” y otros eslabones menores de la cadena del narcotráfico. El establecimiento de la presunción de culpabilidad a la vista de cualquier caso relacionado con drogas y la incansable persecución de los cuerpos del Estado, sostenidos por cuantiosas sumas de dinero inyectado desde EEUU para la “lucha contra el narcotráfico”, dieron como resultado un aumento considerable de la población carcelaria, que hacinaron en instalaciones sobrepobladas e insalubres en donde, según la opinión de algunos expertos, “la vida no vale nada”.
El extremo llegó a superar el 50% de todos los presos de Ecuador, que estuvo retenido por delitos relacionados con las drogas, entre 1992 y 2007
El Código Orgánico Integral Penal, nuestro equivalente al Código Penal, estableció estos parámetros para reorganizar qué actividades eran consideradas ilícitas, estableciendo una diferencia entre grandes y pequeños traficantes, graduando las penas en función del rol de las actas y dando lugar a la mencionada “tabla de drogas”. Además, el cultivo de plantas con propiedades psicoactivas, como el cannabis, quedó solo prohibido en el caso de que tenga fines comerciales. Las medidas se complementaban con una inclusión más activa del Estado en las cuestiones de rehabilitación, facilitando programas de reinserción y sanitarios.
La imagen de este sistema puede parecer idílica, sin embargo, ha de tenerse en cuenta el paternalismo del legislador, al considerar que la solución a los problemas pasa por el reconocimiento de culpa del consumidor, a la vez que acepta que ha llevado a cabo una “mala acción” que ha de reprenderse. Recordamos que las penas de cárcel por superar el mínimo de posesión pueden ser de uno a tres años; la de la cantidad media, de tres a cinco años y por gran cantidad, de diez a trece.
Críticas, demonización y prohibición: política de drogas neoconservadora
Los argumentos, más virulentos durante la época de elecciones, configuraban un futuro aciago para la tabla de drogas. No pocos policías aseguraron haber encontrado casos de personas que se hacían pasar por consumidores pero que, en realidad, se dedicaban a traficar con droga en pequeñas cantidades.
Lasso, en uno de sus discursos en campaña, señalaba a la tabla de drogas como “incentivo que se dio en Ecuador para el micro-narcotráfico”. Y es que el ejecutivo de Lasso, con Vela a la cabeza, busca una prohibición absoluta de cualquier sustancia fiscalizada. “Este es un fenómeno que tiene que enfrentarse desde diferentes ópticas, no solo desde la represión o sanción, sino de una forma preventiva, involucrando a la comunidad, a los gobiernos locales, las áreas de salud, porque es donde se evidencia si niños y jóvenes están consumiendo drogas”, explicaba la Ministra en declaraciones. Además, aseguró que “el sicariato tiene vinculación con temas de narcotráfico” y que “se están desarrollando intervenciones en las cárceles, porque se conoce que desde aquellas se realizan contactos y se dan instrucciones de manera directa a grupos delincuenciales”.
La negación de la presunción de inocencia, la deportación inmediata para cualquier persona que se halle en posesión de cualquier cantidad de sustancias, la intervención policial desproporcionada, así como el endurecimiento de penas por tenencia y la llamada a la intervención de los profesores en las aulas a denunciar a sus alumnos ante cualquier “comportamiento sospechoso”, son otras de las materias en políticas de drogas que promueve el ejecutivo de Lasso.
La excusa de la Guerra contra las Drogas, así como la apertura hacia la internación compulsiva de personas “adictas” en centros de rehabilitación gubernamentales o mediante concurso con instituciones religiosas, son parte del proyecto de Lasso para “erradicar el consumo de drogas en Ecuador”. Mientras tanto, se silencia el debate sobre una política de drogas más justa e inclusiva, en favor de la lamentable persecución y criminalización, al legalizar una prohibición opuesta a las personas, que ya ha probado su ineptitud y su alto coste en sufrimiento humano.
Alianza contra las Prisiones lo tacha de regresivo y pide avances
La asociación Alianza contra las Prisiones, nacida de las escandalosas matanzas de este febrero en un sistema penitenciario saturado, ha tachado la medida de regresiva e irresponsable, y pide avances en dirección contraria. Alianza contra las Prisiones considera que la eliminación de la tabla conllevará de facto el procesamiento de más consumidores, vulnerando todavía más derechos. Además recuerda los problemas ya existentes, que en lugar de abordar se dejan de lado para aumentar la criminalización: entre ellos destacan un tráfico caracterizado por el menudeo de muchas persones con pocos recursos que aumentan así su renta, y el especial impacto sobre la población carcelaria de mujeres, pues entre el 65 y el 79% de las presas lo está por motivo de drogas.