Arnau Alcaide
El encuentro de asociaciones cannábicas de la provincia de Castelló se celebraba el pasado sábado en el Grao de Castelló con motivo del primer aniversario de la asociación cannábica KO de Castelló. En él, unas breves ponencias introdujeron a medio centenar de asistentes la necesidad de acceso al cannabis medicinal, la orientación negativa de los datos oficiales con el cannabis, el reto de lograr que el PSOE incorpore el autocultivo como en las 3 propuestas de izquierdas del bloque de investidura y la arbitrariedad o falta de homogeneidad en las penas al consumo autoabastecido. Precederían a una gran comida en hermandad a la que acudieron personas asociadas de Castelló Cannabis Club, de Borriana o Vila-Real, además de por cuenta propia.
Asociaciones cannábicas: origen, relevancia y modelo
El paciente Javier Miravete introdujo el origen, relevancia y funcionamiento de las asociaciones cannábicas y lo quiso diferenciar de una visión de los clubes con ánimo de lucro, pues es una confusión que se usa deliberadamente para hacer daño. Señaló por ejemplo diferencias entre que te dispensen inmediatamente el cannabis o que efectivamente te tomen la previsión de cultivo y te den acceso pasados los dos meses. Un maniqueísmo constante el que se hace con estas asociaciones, al achacarles que hacen con el cannabis de uso adulto no médico los males propios de la distribución en circuito comercial del tabaco o el alcohol, históricamente estimulados con falsedades.
«En Castelló las asociaciones cannábicas nacieron de la mano de activistas que fueron conociendo sus derechos a través de contactos en Barcelona y con la Federación Catalana de Asociaciones. Así se creó Castelló Cannabis Club, que ha cumplido 11 años, y después lo fueron haciendo otras como la Rosa Nostra, Vector Positivo, Benicarló Cannabis Club, etc.», resaltó Miravete.
«Nacemos para reducir los riesgos asociados al consumo que conocemos del mercado ilícito como la calidad de la flor en el mercado. Con la edad, todo eso te viene cuesta arriba. Decidimos alejarnos de circuitos marginales y unirnos entre personas usuarias». Recuerda su absolución por autocultivo; para él, participar de un cultivo colectivo cuando iba en silla de ruedas y no podía producir fue una salvación: «Es más, me encontré con que analizaban la flor, hongos pezticidas…Lo hacían por el objetivo recreativo y de calidad, pero a mí me servía para dosificar la concentración de cannabinoides. Allí descubrí los aceites, la resina sin combustión y reduje la cantidad que consumía y el dinero que me gastaba».
Además destacó el papel formativo de las asociaciones cannábicas para la sociedad donde todavía no han llegado las instituciones. «Desde las asociaciones nos gastamos dinero en la gente que nos forma». Pone de ejemplo a la especialista en neurociencia, Noemí Sánchez, investigadora del cannabis. «He manejado mi enfermedad mucho mejor. Cuando acudí a la asociación iba en silla de ruedas. He logrado la calidad de vida con el cannabis». Su temor es no tener autocultivo legal y que el precio esté muy alto: «Ahora llega la regulación y tengo miedo de los precios». En el autocultivo ve la posibilidad de encontrar sus variedades específicas y en las asociaciones la posibilidad de asesorarte con expertos y otras personas usuarias.
Respecto de las propuestas de regulación, llamó a un ruido constante, pero educado. «El martes se registra la de Más País y vamos a estar en el Congreso para presionar», destacó. Se espera que sea por la tarde y organicen algún tipo de rueda de prensa o recibimiento.
La Encuesta Cannabis es la única que recoge directamente algunas preferencias regulatorias de la Sociedad Civil
Pese a que el CIS preguntó por el cannabis no hace mucho a la población española y el 90% respaldaba la regulación medicinal y el 50% la recreativa, la de la investigadora Noemí Sánchez es la única encuesta (abierta) que pregunta por preferencias regulatorias ya a unas 2000 personas. La Encuesta Cannabis surge para consultar a la población lo propuesto en materia regulatoria en el libro Autocultivo y uso de cannabis en España, para ver si era de agrado a la población, adaptar si era necesario y dar legitimidad civil al trabajo del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis del que es presidenta.
«Quisimos ver lo que gusta, parece adecuado y piensa la gente. Y yo particularmente como psicóloga quise en la encuesta saber las motivaciones que llevan a la gente a consumir cannabis y a mantener el consumo. En España hay estimaciones de personas usuarias, pero no había una cifra de usuariado medicinal», reivindica de esa aportación que estima unas 358.000 personas pacientes que ya utilizan el cannabis. «Nos dábamos cuenta de que en otras encuestas se preguntaba solo por los efectos negativos y si tú preguntas solo por efectos negativos van a salir efectivamente efectos negativos. Te pones a mirar otras drogas como el alcohol y te ves que preguntan sobre motivaciones y otras cosas que se pueden considerar positivas en el uso de alcohol, mientras que en el cannabis ponían solo una encuesta de abuso. Nosotros quisimos no preguntar en ninguna dirección. Evitamos sesgos, juicios de valor, estigmatización de personas usuarias, a las que se nos apunta con el dedo. También mostramos un lenguaje inclusivo, respetuoso con las personas usuarias. Empezamos a sacar unas encuestas que decían que las personas usuarias de cannabis son personas normales, no con mayores tasas de exclusión, ni mucho menos como se ha presentado. El perfil es completo, gente normal de todo tipo, personas trabajadoras con todos los niveles de estudios».
Entre los patrones vistos en la encuesta destaca el uso diario de pacientes, «lógico» por otro lado. Pidió rellenar la encuesta a los asistentes y difundirla y presionar con estas necesidades a los partidos políticos. «La propuesta de acopio de consumo que se hizo en el libro y por tanto en la encuesta era de retirada/tenencia de 10g diarios y 300g en casa como acopio. También si se estaba a favor de un modelo más social frente al americano. Estas preguntas salían favorables», respaldando la regulación civil del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis. Destacó una gran mayoría de población que autocultiva en la muestra, por encima del 70%, por lo que señala el gran interés para recogerlo en la regulación. Se preguntó por un modelo de autocultivo con industria o de industria y farmacéuticas y casi toda la población de la encuesta destaca su preferencia por el autocultivo. «Estamos presionando para que no se lo queden las industrias y las farmacéuticas solamente, porque el miedo es que no nos dejen autocultivar después de todo el trabajo. Queremos crear una plataforma en la que estéis todas. No sabéis la de veces que hemos tenido que ir a Madrid, llevamos más de 20 años pidiendo la regulación. Moveos y vamos a convencer al PSOE».
Noemí trató el problema de acceso a la producción para que baje el precio también y permita la transición legal para que efectivamente las compras del mercado ilícito se desplacen al lícito. Recordó que esto va en la línea de la Agenda 2030, y no darlo a los oligopolios. «Necesitamos, sin licencias millonarias, que las personas puedan cultivar».
El abogado penalista Guillem Ribera de Brotsanbert habló de la cuestión jurídica, el panorama legal de los últimos tiempos y cuánto afecta a las asociaciones cannábicas; algunos tecnicismos que ayudan a entender por qué desde 2015 la amenaza de ir a la cárcel por plantar colectivamente es mayor. «Al tener una carencia de regulación integral nos encontramos con que es la justicia la que va dictando con las sentencias los estadios legales más o menos prohibicionistas. Veníamos de una situación hasta 2015 que no era tan conservadora respecto de las asociaciones cannábicas. Esto se daba porque hasta 2015 todos los procedimientos judiciales por incautaciones venían por el delito contra la Salud Pública regulado en el 358 del CP que contempla una pena de 1-3 años para drogas que no causan grave daño a la salud. Esto implica que, como la judicatura está dividida en la parte penal, con 5 o menos años se juzgan en el juzgado penal y a partir de 5 años iban a la audiencia provincial. Al principio las causas eran por debajo de 5 años y se iba al juzgado penal. Había muchas absoluciones, condenas y penas pero no entrabas en prisión, pues te quedabas por debajo de los dos años. Aunque luego esto ya acarrea consecuencias si vuelve a ocurrirte algo«.
Pero luego llegaron los cargos de organización criminal, que posibilitarían un escenario en el que los representantes pudieran terminar en prisión como Albert Tió. «Con los casos de Ebers y Pannagh no solo se imputa contra la salud pública, sino con organización criminal. Esto lo cambia todo porque al introducir este delito, que viene a tener unas penas genéricas de 4 a 8 años, se iba a la Audiencia Provincial en primera instancia, delante de diversos magistrados, habitualmente de corte más conservador, y los recursos de apelación ya no van a la Audiencia Provincial, sino que suben a los TSJ de cada comunidad autónoma. El marrón que te estás comiendo ahora no es solo salud pública, es organización criminal. Optaron por elevar a juzgados más conservadores los procesos introduciendo estas penas», apunta el penalista.
Quiso aventurar su hipótesis sobre la línea que ha marcado la justicia española: «Mucha parte de la judicatura no quiere estar pseudoregulando según sentencias y quiere remitirse al legislativo para ello. La sentencia de Pannagh fue esperanzadora al aceptar el Constitucional recurso de amparo, pero luego en la sentencia del Constitucional hay una decepción porque no se cambia la última doctrina establecida por el tribunal supremo [el hecho delictivo]. Hasta antes de 2015 había muchas sentencias abosulutorias de asociados del cannabis que en sus estatus contemplan el autocultivo. Luego con la organización criminal ya no podemos ni recomendar incluir el autocultivo en los estatutos«, cuestión, la de incluir el cultivo en los estatutos, que es la preferida del modelo federado de la sociedad civil, que reniega de esconderse a efectos legales como se ha visto obligado recientemente en Barcelona.
La jurisprudencia o qué fue de los derechos
El abogado Guillem Ribera quiso repasar lo que se dice según jurisprudencia que es posible en una asociación, aunque volvió a incidir en que no existen garantías de un trato homogéneo bajo estos supuestos:
-Los consumidores deben ser habituales y adictos, lo que implica que tendrás que demostrarlo con pruebas como orina.
-Consumo en espacio cerrado y sin publicidadd ni notoriedad.
-Grupo pequeño de 20 personas y cerrado.
-Un consumo de entre 2-5g diarios por persona.
«Esto quiere decir que el Supremo te está diciendo que te pueden absolver si cumples esta última jurisprudencia, pero claro: ¿de dónde has sacado el cannabis? No se te condena por el uso compartido pero no se contempla de dónde has sacado ese cannabis. De alguna forma están diciendo: reguladlo de alguna manera», plantea el especialista.
Recordó el aumento de operaciones policiales y causas judiciales y que la «piedra angular» es la regulación. «PP y Vox no están dispuestos y el PSOE es la línea de contención». De las propuestas valora que todas transforman la economía a un modelo legal y que incluyen el autocultivo. «El PSOE tiene la llave y están en una posición ultracapitalista: solo el uso medicinal y porque lo sacan de la ONU, pero siempre a través de la AEMPS por grandes empresas y condenando el autocultivo. Esto es un modelo para la extracción de plusvalía por las grandes empresas sin ninguna perspectiva dederechos civiles«.
De qué leyes cabría modificar, señala: «No habría que tocar el Código Penal para el autocultivo porque a priori el autoconsumo no está penalizado, pero sí la mordaza. Entiendo que la de Más País es la que más se acerca a la equiparación del cannabis con el tabaco legalmente. Todo lo relativo a la ley de tráfico vial también hay que modificarlo y es necesaria la investigación para ver la afectación real a la conducción más allá de la presencia en el cuerpo». A lo que Noemí Sánchez recuerda cómo se propusieron pruebas psicomotrices para comprobar la afectación, al haber rangos de tolerancia altos por los cuales la presencia en el cuerpo no afecta en según qué grados.
«Se puede crear un instituto del cannabis que genere economía de abajo para arriba e introduzca al sector agrario. Es necesaria una regulación exhaustiva de las asociaciones dentro de las cuales se pueda hablar y promocionar aplicaciones del cannabis de manera segura», reivindicó también el abogado. Este también se concebiría en la ley, como ocurre en las propuestas de regulación, y podría dinamizar una economía sostenible social y ecológicamente del cannabis.
Preguntas entre asociadas y asistentes
Desde las personas asistentes preguntaron por el acceso a las licencias, a lo que Miravete explicó que se trata de cifras muy grandes de dinero y un contrato de venta a una farmacéutica que cierre el circuito legal, lo que hace el acceso casi imposible a agricultores.
De la subcomisión del cannabis medicinal, por la que se pidió una valoración de su alcance, Noemí dijo: «No sabemos aún si va a haber seguro a una regulación del medicinal, aunque así debería ser. La incidencia la ha hecho el CIS: cuando el PSOE ha visto el 88% de personas a favor del medicinal se ha movido con la subcomisión. Tenemos que presionar con datos».
Se señaló desde un asistente cultivador industrial la importancia de la consideración agrícola del cáñamo, que se está tratando por procesos penales o sancionando a usuariado de CBD cuando no existe sustancia o efecto psicoactivos. Miravete recordó que querría para su hijo que si desea fumar no tuviese que tomar hierba contaminada de la calle por falta de garantías legales.
Sobre la autocensura que está presente en tantos ámbitos estigmatizados o marginalizados, la doctora en neurociencia quiso provocar al usuariado: «El cannabis es una planta de uso tradicional que no tiene porqué ser regulada, podría ser como la manzanilla, que cuando la quisieron analizar pasó como el cannabis, miles de compuestos activos, tantos como años de uso tradicional, como la terminaron clasificando, pues no había muertes relacionadas, y es el mismo caso para el cannabis. Queremos introducir esto en Europa desde OECCC porque entonces España tendrá que acogerse también», señaló en línea con lo que nos deconstruía Kenzi Riboulet al hablar del desarrollo sostenible del cannabis para la Agenda 2030.
Un asistente pregunta por la segunda prueba de drogas en carretera, la de sangre, que podría ayudar a identificar si están bien calibrados los aparatos que el residuo en el cuerpo es menor al de un consumo reciente. «Pero no es fiable», indica Guillem, aunque Noemí comentaba que quizás calibrando bien los aparatos.
Hermandad absoluta que terminó en comida y que tuvo su excepción en un momento de polémica en el que el abogado ponente, Guillem Robira, modificó su idioma de elección a petición de una asistente que manifestó dificultades, lo que indignó a uno de los asistentes ante el fenómeno de diglosia y generó el único momento tenso de una velada familiar y acogedora. Desde la organización se explicitará en adelante el idioma de las ponencias para que no vuelva a ocurrir una situación incómoda al respecto.
