Benito Díaz
Santiago Ongay, natural de México y crecido en EEUU, es analista de políticas de drogas y consultor de la industria del Cannabis. Nacido en 1989, este titulado en Negocios Internacionales por la Universidad de Florida (UCF) fue uno de los principales asesores en la creación del texto propuesto por Unidas Podemos para la regulación del cannabis en nuestro país. Conversamos sobre las fortalezas y debilidades de algunos modelos regulativos.
Ongay ha trabajado para empresas y gobiernos en lugares como Canadá, Italia, Macedonia, Colombia o Costa Rica, entre otros. Además, pudimos escucharle en la puesta de largo de la medida de UP en el Congreso de los Diputados, hace tan solo tres meses. Trabaja también en el desarrollo de software para empresas del cannabis.
Desde Florida, donde se encuentra en este momento, Ongay nos recibe vía telemática. Entre otros detalles sobre su vida, comenta que trabajó cultivando cannabis en California, y luego Boston, antes de mudarse a Denver, donde reside de forma habitual.
Canada y EEUU
“Los problemas en Canadá fueron fruto de la capacidad de algunas empresas para crecer de forma rápida y tomar control de parte de la industria. El tamaño de unas pocas compañías causa que otras menores tengan menos posibilidades de competir”, comenta Ongay, una situación que podría significar el establecimiento de un oligopolio. “Por ejemplo, para poder recibir una licencia, había que tener el cultivo preparado, comprado los focos, la maquinaria, los trabajadores, lo que requiere una inversión muy grande con un riesgo muy grande, pues no todo el mundo puede comprometer 10,15 o 20 millones en un cultivo para aspirar a una licencia. Si no se la otorgan, pierden el dinero”. El analista recuerda que este caso se tiene en cuenta para evitar que se formen “barreras de entrada” a la hora de redactar propuestas de regulación y que los grupos más potentes tengan ventaja de entrada.
El modelo regulativo de Canadá exige un equilibrio difícil de mantener, explica el analista. “En algunos casos no es tan fácil lanzar un producto nuevo al mercado. Es necesario que el gobierno lo apruebe, en este caso, los consumidores pueden tener que esperar hasta un año para que el gobierno lo dé por aprobado, como los comestibles. En 2018, cuando se abrió la industria, los comestibles no se podían comercializar. No fue hasta 2019 que se agregaron a la regulación, previo paso de enviarse a Health Canada (Ministerio de Salud) para dar el visto bueno. A veces las regulaciones muy estrictas, demoran que los consumidores puedan conseguir a productos de calidad”.
Otra cuestión a discutir es que cada provincia puede delimitar normativas a un nivel más restrictivo, como en el caso de lugares donde no se puede acceder al cannabis regulado. Por otra parte, con estos controles se consigue que los productos puestos a la venta sean aptos para el consumo humano desde el punto de vista sanitario, dando lugar a un equilibrio complicado entre ambas tendencias.
El modelo de EEUU, localizado a nivel estatal-provincial y todavía no a nivel federal-nacional. Ongay nos explica que el comercio entre distintos estados está prohibido, aunque en ambos el cannabis sea de objeto legal, lo que lastra a la industria. “Cada estado tiene regulaciones diferentes, sistemas de control diferentes, procesos, licencias, costos diferentes. Por ejemplo, en Canadá tienen la ley federal y solo a nivel provincial se puede hacer más estricta. No cambia tanto de una provincia a otra, la ley fundamental está por encima, cubre todas las provincias. En EEUU sigue siendo ilegal a nivel federal, las provincias regularon a su manera, Florida tiene Cannabis Medicinal, Colorado tiene de uso adulto y Medicinal, etcétera. Otros estados no tienen nada”. Estas distinciones hacen que los sistemas de control sean muy complicados, por ejemplo, a nivel operacional para la industria.
Las quejas de los pequeños cultivadores en EEUU al respecto de las posibilidades que tienen contra grandes empresas, lleva la conversación de nuevo hacia las diferencias entre las legislaciones. Una licencia de cultivo en Oklahoma puede costar 2500 dólares. Sin embargo, en Florida, se requiere una prima de 50 millones en la cuenta de la empresa y una tierra con 20 años de cultivo. Además, la imposibilidad de exportar el producto, consigue que el mercado se sature con el excedente de la demanda. Al solo poder suministrar a los dispensarios con licencia, es posible que ese excedente tenga que fluir hacia el mercado ilícito, dando al traste con la intención regulativa.
“La ley que redactó UP tiene todo esto en consideración, por eso tiene distintos tipos de licencias, desde el autocultivo hasta cultivos colectivos, clubes, asociaciones y licencias para empresas más grandes”, explica el experto, que asegura que esta propuesta es la mejor opción para regular lo que ya existe en nuestro país, sin dejar a nadie fuera.
Europa
El modelo de regulación de Holanda, pese a ser pionero en Europa, es considerado por muchas personas como “modelo fallido”. “Su principal problema es que no está regulada la industria. Tienen los Coffee Shops, pero ¿cómo llega ese producto hasta allí? Nadie sabe, nadie pregunta. Se debería regular desde el principio, desde la semilla o esqueje, hasta el propio Coffee Shops. Es similar al modelo de California del 96, abrieron dispensarios, pero cualquiera podía entrar con sus productos y vendérselos al responsable que hubiera allí. A Holanda le falta regular todo lo que no es el Coffee Shop”, revela Ongay, que señala a su vez que esto produce que el producto que hay en esos comercios no está regulado, por lo que es difícil saber su procedencia o qué calidad tiene. Eso recuerda a ciertos rumores al respecto del hallazgo de consumibles compuestos con Neocannabinoides en Holanda, por la falta de control sanitario.
En contraposición, Santiago Ongay menciona el modelo de regulación que considera más exitoso, siendo su elección el propuesto por el estado de Colorado. “Colorado fue el primer estado en EEUU en regular en firme el Cannabis. No es un modelo perfecto, pero siguen mejorando, que es lo importante. Entienden que se necesitan nuevos ajustes para cambiar desde el estigma del Cannabis hasta detalles de la industria, distintos tipos de impuestos para que éstos repercutan en educación, construcción de escuelas, etcétera. Siguen trabajando, colaborando con empresarios, mejorando las leyes, hasta el punto que pienso que, aunque quizás no sea el mejor, sí que es uno de los mejores”.
España
“Los ciudadanos no tienen el incentivo de luchar por la regulación porque la industria ya existe. Ya tienen un club en su barrio, si cierra ese club, abrirán otro. Pienso que los ciudadanos a los que les importa este movimiento, si los vemos luchando durante décadas. Pero una gran parte de los ciudadanos prefiere que se quede como está, pues es más exclusivo y discreto”, dilucida Ongay. “Puede que los empresarios también sean de esta forma de pensar, aunque tienen un riesgo mucho más alto, los que están bien, están bien. Pienso que este punto es preciso que caiga en los oídos de los políticos, que entiendan que esta industria ya existe, que el resto del mundo ve a España como un ejemplo para la industria cannábica, las genéticas, los bancos de semilla, la cultura cannábica es una de las mejores de todo el mundo. Donde compañías grandes multinacionales, abren clubs en España, aunque sea ilegal, porque se reconoce la importancia de estos lugares”.
Ongay lamenta que solo se vea acción en contra del prohibicionismo cuando se criminaliza a las personas consumidoras, cuando la policía multa y requisa o cuando entran a la fuerza en asociaciones y clubes. “La industria que ya existe no tiene control, es ilegal, no hay ingresos por impuestos, no hay tampoco innovación, pues para innovar hay que invertir y se trata de una apuesta de alto riesgo, más difícil de justificar. Es algo que las personas consumidoras deberían tener en mente, todas las aportaciones positivas que tiene la regulación, así como los precios, que en este ámbito no serían tan altos, ni contando con todos los impuestos que se proponen”, un equilibrio que aseguraría que el producto del mercado ilícito se moviera hacia la legalidad.
El asesor, afirma que hay muchas cosas que España podría copiar de otros modelos y partes que otros modelos querrían copiar de España. “El resto del mundo está tratando de abrir clubes de consumo. Antes de la Pandemia se estaba intentado y se volverá a probar de nuevo. Compañías de software tratan de ver a España para crear programas de gestión interna para clubes y asociaciones”. Regulaciones sobre el autocultivo, puestas en práctica por ejemplo en Colorado, legislaciones sobre el comercio nacional como la de Canadá, comercio internacional como en el caso de Colombia, son algunas de las opciones en las que nuestro país podría mirar para sí mismo.
Ongay alaba la cultura cannábica desarrollada en los colectivos españoles, pero señala la deriva comercial de estos lugares. “Me impresiona la exclusividad que he podido ver en las asociaciones y clubes, el trato de poder sentarte al lado de gente que comparte tu forma de ver las cosas, tomando el riesgo de hacer algo ilegal, aunque se esté haciendo en un recinto autorizado. Espero que no se pierda esta cultura al momento de regular y legalizar, cambiando a empresas con afán de lucro, que operan de espaldas a las personas, a los pacientes, a la gente con pasión por esta industria y esta planta”.
Santiago Ongay continuará sus trabajos en España, en Spannabis y ICBC, allá por marzo. De momento, prosigue con su desempeño para el gobierno de Costa Rica en desarrollo de software.