Arnau Alcaide
Ayer en el Congreso de los Diputados, la Comisión Mixta para el Estudio de las Adicciones, formada por diputadas y senadoras, recibió a Araceli Manjón a invitación de la portavoz de Podemos, Lucía Dalda, a quien entrevistamos con motivo de un borrador de regulación que resultó estar aún en proceso interno del partido morado.
Con este paso, Dalda acercaba una presentación con la especialista de Regulación Responsable, exmagistrada suplente de la Sala de lo penal en la Audiencia Nacional y exdirectora del Plan Nacional sobre Drogas. «Para mí lo más importante es estar hoy en el parlamento, porque, si no, podemos investigar, podemos publicar, pero no llegamos al legislativo con las conclusiones», arrancaba Manjón.
Habló de fiscalización internacional y fracaso de la prohibición, así como de las dos opciones regulatorias posibles, terapéutica, rápida vía decreto, y recreativa, modificando el código penal. Manjón también destacó que no debería hacer falta una regulación de las asociaciones, sino respetar los derechos al autoconsumo ya desarrollados en España, interpretando la ley hacia su legalidad.
La diputada por «ses Illes» tuvo la palabra a continuación, exponiendo cómo el paso de Manjón por el Plan Nacional de Drogas cambió su mentalidad, que abandonó el prohibicionismo como forma de aproximación pública a las drogas.
La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en la comisión, Marta Rosique, preguntó al gobierno por el cese de la criminalización de personas como Albert Tió y recordó cómo apoyaron la aprobación de la Ley Catalana: «Vemos que este debate no existe en el Congreso y que ni PSOE ni Podemos hablan de cannabis».
Maria Dolores Etxano, por el EAJ-PNV, pidió que se aclarasen las normas que permiten en el País Vasco la fórmula «blanda» de la regulación de las asociaciones, pues las asociaciones cannábicas están reconocidas en su Ley de Adicciones.
El portavoz de Ciudadanos, Tomás Marcos, recalcó su interés en el medicinal, no en el recreativo, mientras que desde la portavoz del PP se cuestionaban los escenarios posibles tras la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU el próximo 2 de diciembre. El de Vox, Juan Luis Steegmann, comparaba legalizar el cannabis con legalizar la violencia.
Daniel Viondi, por los socialistas, siguió insistiendo en defender la salud desde la prohibición, arguyendo que una regulación la pondría en peligro. Destacó nada más empezar su turno de palabra que esperaba solamente tratar el medicinal.
Paradójicamente, en la exposición posterior de una asociación para la asistencia social en adicciones, se presentaba la problemática de cómo muchas mujeres maltratadas y abusadas sexualmente son discriminadas de los servicios sociales por el uso de drogas y enviadas a rehabilitación en lugar de a protección, demostrando todas las dimensiones necesarias de la política de drogas que no solo obvia, sino recrudece la prohibición.