Arnau Alcaide
España terminará regulando por la vía del decreto ley el cannabis medicinal incluyendo la dispensación de preparados en farmacias, pero no ninguna vía de autoabastecimiento, como son el autocultivo y las asociaciones cannábicas, actuales mecanismos para obtención del cannabis por pacientes en el país. Tampoco incluirá regulación del uso herbal de CBD como alimento, como ya dispone que se puede hacer la Unión Europea, y optará por seguir dejando que se consuman productos industriales a los que no puede impedir el comercio.
Con votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y PDcat, las abstenciones de ERC y Bildu y el voto en contra de PP y VOX, el informe de la subcomisión del cannabis medicinal fue votado ayer en la Comisión de Sanidad y pasará al gobierno para la aprobación por la vía del decreto, sin someterse al Congreso como debería hacerlo una ley que revirtiera parte de la prohibición sobre la planta. Para la aprobación de una ley orgánica, probablemente el Gobierno no lograría los apoyos necesarios, el 50% de la cámara, con las abstenciones de sus socios de investidura, al entender ERC y Bildu que nace caduca una regulación que no recoja el derecho al autocultivo.
Los pacientes que cultivan verán su seguridad legal mermada con una regulación que no incluya sus formas de autoabastecimiento, han aquejado ya desde asociaciones como Terapéuticas Hierbas Castelló en un comunicado, al entenderse ahora su derecho a la salud garantizado por el Estado, si bien no de la forma que querrían, y por tanto se entenderá menos legítimo el cultivo de la planta que practican. Desde los centros de medicina cannábica sí que se celebra el modesto avance que permitirá la práctica medicinal con mayores garantías y disponibilidad de preparados.
Las enfermedades finalmente incluidas para las que se podrá acceder a cannabis medicinal primero prescrito por el especialista y después ampliado por el médico de cabecera son: “esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)”. Aunque todavía tiene que desarrollarse un texto legal que confirme los términos de la prescripción o de la dispensación en farmacias.
«El informe recoge un conjunto de recomendaciones enmarcadas en cinco apartados: garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados de cannabis para su uso terapéutico; preservar y reforzar el rol crucial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); reforzar el papel de los actores sanitarios clave en el uso terapéutico del cannabis; velar por no emprender acciones que comporten una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto clínico y evaluar periódicamente el uso terapéutico del cannabis y los datos de consumo de la población», podemos leer en el embelesado comunicado del Congreso. De estos cinco apartados, tres de ellos refieren a mecanismos de control nuevos o adicionales o los ya existentes, y solamente dos se orientan a ampliar efectivamente el acceso al cannabis medicinal. Es por esto que con la propia explicación del Congreso ya se puede entender el avance como muy moderado.
Desde que se abriesen los caminos de la regulación del cannabis en el país con la llegada del debate al Congreso hace dos años, la regulación del cannabis medicinal ha tenido el protagonismo en exclusiva en un ejercicio de separación pedido por el PSOE, que no obstante ha obviado que, pese a tener cierta lógica conceptual, en el marco legal este proceso de un año para la formación, discusión y conclusiones de la subcomisión podría haber dado ya una regulación integral del cannabis que eliminase la planta de la lista de sustancias fiscalizadas por el país, incluyese el autoabastecimiento y las asociaciones, y para pacientes incorporase un control de calidad centralizado, respetando su derecho al autoabastecimiento.