Arnau Alcaide
Ayer jueves por la tarde tuvo lugar la sesión plenaria del Congreso de los Diputados en la que se votaría por primera vez el estudio por los canales de la política estatal de la regulación de la Cannabis para uso medicinal, actualmente disponible solamente por la vía del fármaco de elevado coste y penada y/o sancionada cuando se usa natural. Un castigo a pacientes a la vez que no hay garantías de que toda la producción licenciada por la Agencia del Medicamento se destine al procesamiento farmacéutico en otros países y no a productos naturales. Con esto, el Congreso delegará en un grupo reducido que elaborará un informe a partir de las regulaciones de otros países a ser tenido en cuenta para la futura regulación española.
«Pasamos al último punto del orden del día relativo a la propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo de creación de una subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal. Esta propuesta se somete al pleno sin debate previo. La votación correspondiente a este punto tendrá lugar junto al resto de las votaciones, que se producirá en tres minutos», introducía la Presidenta, Meritxell Batet.
Con 60 votos a favor y 39 en contra, estos últimos pertenecientes a PP y VOX, se votó a favor de crear la subcomisión por la que abogó en su momento el grupo parlamentario EAJ-PNV. Por delante, el desafío para grupos como el Socialista, cuyo portavoz Daniel Viondi ya nos expresaba sus amplias reservas por el cannabis natural o herbal, contrasta con la predisposición de otros grupos a dar varios accesos y seguridad legal a pacientes, como mediante el autocultivo o las asociaciones cannábicas, las vías ya actualmente en uso, sin que eso actúe en perjuicio de la incorporación de nuevos medicamentos, investigación o preparados naturales de calidad farmacológica por su preciso control de las concentraciones, pues pueden disponer de más medios que una asociación con servicio terapéutico.
En este sentido, las portavoces de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Más País abogan claramente por una regulación integral, lo más garantista para el uso natural, y el Partido Nacionalista Vasco no se cierra al debate y aboga por la viabilidad de las asociaciones cannábicas, que de hecho tienen encaje en Ley de Adicciones Vasca. No obstante, avanzar es también reconocer su labor pionera en servicio de cannabis medicinal: donde el Estado no pudo garantizar el derecho a la salud de parte de sus ciudadanos, sino que lo empeoró con la imposición de alternativas más perjudiciales, como revela la actual crisis mundial de los opiáceos, las asociaciones cannábicas dieron el servicio a la vez que se arriesgaban a ser condenadas.
Además, sin regulación integral es más complicado abordar apartados legales de la producción, los delitos y las faltas, lo que de momento, al contrario que pedía el documental «Marihuana, primero las personas», ya está vulnerado, pues los pacientes aquejan el precio y la efectividad de Sativex y Epidiolex, resultándoles poco útiles en la práctica, a la vez que se les deniega la producción de la planta como civiles, mientras hay empresas que se lucran. Por ejemplo, el condenado a 5 años Albert Tió, presidente de la Federación Catalana de Asociaciones Autoreguladas y de su asociación AIRAM, contaba con un certificado de asistencia terapéutica a pacientes por la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis.